martes Ť 19 Ť junio Ť 2001
Luis Hernández Navarro
Transgresiones
En las páginas de Hola, la revista del corazón de la elite ibérica, se ensalzan las cualidades morales y democráticas del presidente Fox, mientras que en Proceso, el semanario más influyente en la vida política nacional, se abordan sus historias sentimentales.
Numerosos funcionarios públicos han hecho de sus puestos en el nuevo gobierno púlpitos desde donde dictan homilías en lugar de discursos, en tanto los jerarcas religiosos se comportan como políticos profesionales que, en vez de sermones, dan línea política.
En las puertas de San Lázaro, varios legisladores convocaron a asistir a misa para conmemorar a Santo Tomás Moro, como si un asunto de incumbencia personal, tal cual es la naturaleza de las convicciones religiosas, perteneciera al ámbito del interés general.
El jefe del Ejecutivo hace de sus giras al extranjero una gran venta de garaje de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y se presenta no como un hombre de Estado, sino como un empresario que está al frente de un gobierno de negocios. El mundo del trabajo y la justicia social prácticamente desaparecieron del discurso de la nueva administración sustituido por la utopía de reminiscencias sinarquistas de un país de propietarios.
La situación es novedosa. A diferencia de la prensa anglosajona, los medios de comunicación en México no han hecho de la vida privada de los políticos un hecho noticioso. La población se entera de las andanzas amorosas de la clase política a través de chismes, no de noticias. Bodas, nacimientos, divorcios o romances de los funcionarios públicos se han manejado con cautela; usualmente ni siquiera llegan a las páginas de sociales de diarios de circulación nacional.
De la misma manera, salvo excepciones notables, las creencias y prácticas religiosas de los políticos han sido un asunto privado. La necesidad de mantener un Estado laico y la separación entre Iglesia católica y Estado han dominado las tendencias que buscan desecularizar la política.
Pero con el nuevo gobierno las cosas han cambiado. Es la hora de las transgresiones, del asalto de lo público por los intereses privados. Sobre el deseo y la voluntad de cambio democrático expresado el 2 de julio se ha montado el programa del mundo empresarial. Sin mediaciones, el capital se encuentra a cargo del timón de mando del Estado mexicano, y desde allí postula al mercado como escuela de virtud y a los empresarios como los nuevos pedagogos, motores y guías del desarrollo nacional.
Los hombres de empresa son, según el ideario filosófico y moral del gobierno foxista, no sólo creadores de riqueza y empleo, sino la garantía para crear una nueva arquitectura social más "ordenada", mientras la misión de los nuevos gobernantes es ser lo mismo líderes espirituales y religiosos que funcionarios públicos y gente de negocios.
La revolución conservadora de Vicente Fox está en marcha. Los embates contra lo público y lo secular no son una casualidad ni un accidente, sino parte sustancial de su proyecto. El verdadero rostro de la nueva administración, ya sin los cosméticos y los disfraces de la campaña electoral, comienza a presentarse en sociedad. Pero el gobierno no es una empresa y la administración pública no es la gestión privada. El gobierno debe atender la utilidad común, a la colectividad social en su conjunto. Los empresarios, en cambio, cuidan, por principio de cuentas, sus propios intereses, los de su negocio. Las lógicas de lo privado y lo público son distintas. Lo privado, priva, excluye; lo público considera el interés general. Lo público no puede gestionarse con la lógica de lo privado; no es un cliente al que hay que venderle un bien o servicio. Poner al frente de lo público los intereses privados es desnaturalizar su función.
Es por ello que hacer del Presidente de la República un vendedor trasnacional o un mero promotor de negocios desvirtúa y empobrece el cargo y abre la puerta a un claro conflicto de intereses.
De la misma manera, un funcionario público no es un líder espiritual o religioso, por más que requiera de cualidades morales para desempeñar su función. Su fe es parte de su vida privada, no de su responsabilidad pública. Hacer de ella parte de su actividad política ofende a los ciudadanos y rompe las normas del Estado laico.
La transgresión de lo público por parte de los intereses privados ha polarizado a la sociedad. Quienes defienden la secularización de la vida política nacional, rechazan la privatización de las empresas estatales de energía y se oponen al desmantelamiento de lo público, han reaccionado con firmeza y energía. Son un sector numeroso e influyente que no está dispuesto a ceder. La jerarquía de la Iglesia católica lo ha podido comprobar en los últimos meses.
Mal haría el nuevo gobierno en confundir la naturaleza de su mandato. El 2 de julio el país votó para sacar al PRI del gobierno y por democratizar al país, no para tener un gobierno confesional de hombres de empresa a la caza de negocios a costa de los intereses nacionales.