MARTES Ť 19 Ť JUNIO Ť 2001
Ť El presidente George Bush y la Corte Suprema de Justicia negaron las peticiones
Rechazan solicitud de clemencia de Raúl Garza, reo de origen mexicano; hoy será ejecutado en Indiana
Ť Fue extraditado de México en 1992; el gobierno de Vicente Fox no se pronunció sobre el caso
AGENCIAS
El narcotraficante mexicano-estadunidense, Juan Raúl Garza, será ejecutado este martes a las 7:00 horas, tiempo de Indiana, al serle rechazada la solicitud de clemencia presentada al presidente George W. Bush y dos apelaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
El narcotraficante, quien confesó haber dado muerte a una persona y ordenado la ejecución de otras dos en 1990 y 1991, será ejecutado en la prisión de Terre Haute, en el estado de Indiana, precisamente donde la semana pasada también se aplicó la pena capital al terrorista Timothy McVeigh, culpable de hacer explotar un edificio federal en Oklahoma.
Garza será el segundo reo federal, después de McVeigh, muerto la semana pasada, que será ejecutado en menos de ocho días en la prisión de Terre Haute desde 1963.
Ayer se agotaron los recursos de Juan Raúl Garza luego de que el presidente George Bush negó clemencia y de que la Corte Suprema de Justicia también rechazara dos apelaciones. Ni el presidente estadunidense, un ferviente defensor de la pena de muerte que habilitó 152 ejecuciones como gobernador de Texas, ni la corte hicieron comentarios sobre el rechazo de las solicitudes.
México no se pronunció sobre el caso, a pesar de que el pasado fin de semana consiguió una prórroga de 30 días en la ejecución del mexicano Gerardo Valdéz, preso en el estado de Oklahoma. El gobernador de ese estado, Frank Keating, resolvió el aplazamiento a petición del presidente Vicente Fox, quien pidió que se conmutara la pena capital por una de cadena perpetua sin derecho a libertad bajo palabra. Valdez debía morir mediante una inyección letal hoy por haber asesinado en 1989 a Juan Barrón.
Menor cobertura
Aunque con un menor despliegue publicitario, comparado con el que se le dio a su antecesor McVeigh, Juan Raúl Garza recibirá hoy una inyección letal en la prisión de Terre Haute.
La ejecución no despertó el mismo frenesí de camarógrafos y resporteros que convirtieron la muerte del terrorista McVeigh en un espectáculo. Ninguna de las grandes cadenas de televisión ha enviado reporteros o camargógrafos a la prisión de Indiana.
Lo que despertó la ejecución del presunto narcotraficante de 44 años fue la polémica en torno de la legitimidad de la pena de muerte y sus implicaciones raciales.
Los opositores de la pena capital se apoyan en un informe del Departamento de Justicia divulgado el año pasado, según el cual -entre 1995 y 2000- 80 por ciento de los casos en los que los fiscales pidieron la pena de muerte fue contra acusados que pertenecían a minorías.
Actualmente 17 de los 19 condenados a muerte que esperan la ejecución en Terre Haute son negros.
Juan Raúl Garza fue extraditado a Estados Unidos en 1992, año en que un jurado de la ciudad de Brownsville, Texas, lo halló culpable de ordenar los homicidios de dos narcotraficantes y asesinar a un tercero. En 1993 fue sentenciado a la pena de muerte.
La ejecución fue programada para agosto de 2000. Sin embargo, el entonces presidente Bill Clinton aplazó la fecha hasta el mes de diciembre de ese año y la volvió a postergar hasta este 19 de junio, para permitir que garza pidiera clemencia.
La abogada defensora de Juan Raúl Garza Garza, Audrey Anderson, señaló en una carta enviada el domingo al presidente George Bush que "Estados Unidos se arriesga a perder su calidad de miembro igualitario ante la OEA y su imagen como líder en (la defensa de) los derechos humanos si rechaza sus obligaciones de atender al cumplimiento de las leyes internacionales y no cumple los tratados que firma".
La ejecución acarrearía consecuencias negativas, particularmente en lo concerniente a las relaciones entre México y Estados Unidos, argumentó Anderson, ya que cuando las autoridades estadunidenses solicitaron la deportación de Garza desde México, en noviembre de 1992, no notificaron a sus similares mexicanas que el acusado enfrentaría la pena de muerte.
Ese argumento fue utilizado en el primer recurso jurídico presentado ante el máximo tribunal del país, mientras que en el segundo se argumentó que la ejecución es violatoria de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) que Estados Unidos ratificó.