MARTES Ť 19 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Encabezan clausura
Debe desaparecer el IPAB: diputados
Alrededor de 50 personas encabezadas por tres diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) clausuraron de manera simbólica las instalaciones del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y protestaron por la venta del grupo Banacci a Citigroup.
Miroslava García y Alfredo Hernández, ambos diputados federales, así como la legisladora local Dione Anguiano, llegaron al edificio del IPAB ubicado en Versalles número 19, colonia Juárez, y exigieron la desaparición de ese organismo.
Luego de clausurar simbólicamente el inmueble, los legisladores entregaron un documento al titular de comunicación social del instituto, Roberto Barrera, para que lo entregara al secretario ejecutivo del IPAB, Julio César Chávez, a quien los inconformes denominaban director.
En el documento, los diputados perredistas manifiestan que después de la crisis bancaria de 1995 el gobierno, a través del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), intercambió a los bancos su cartera vencida por pagarés sin aprobación de la Cámara de Diputados.
Dichos pagarés, dicen, se vencían a los diez años, tiempo en el cual no se podían vender ni intercambiar. "También se les garantizó que generarían intereses capitalizables cada tres meses, es decir, que se les pagarían intereses sobre intereses."
Los legisladores refirieron que el Fobaproa adquirió 550 mil créditos, pero sólo 605 concentraron cerca de la mitad, esto es, 33 mil millones de dólares, razón por la cual estiman que las operaciones que amparó el fondo contenían enormes irregularidades.
Los pagarés del Fobaproa, añaden, fueron emitidos de manera indebida y sin fundamento legal, porque el entonces presidente Ernesto Zedillo violó el artículo 73 fracción VIII de la Constitución Mexicana, al emitir pagarés por encima de los límites autorizados para el endeudamiento público.
Por lo tanto, exigieron que se abran nuevamente las auditorías al Fobaproa y se informe cuándo concluyen los programas de saneamiento financiero y los programas de apoyo.
Asimismo, que se devuelvan las transacciones reportables a los bancos y se finquen responsabilidades a los funcionarios públicos involucrados en este "enorme fraude" que ha generado considerables costos a la nación.