La aprobación de las reformas a la Constitución en materia indígena por el Congreso de la Unión, representó un duro golpe a las expectativas de la sociedad. Comprobó que al interior de las instituciones del Estado no ha habido una transformación profunda de sus estructuras. La dinámica de los congresos locales que han iniciado la discusión de estas reformas confirma esta tendencia.

Hasta el 8 de junio, la reforma a la ley en materia indígena habia sido aprobada por 9 congresos locales de los estados de Quintana Roo, Puebla, Colima, Campeche, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Veracruz y Querétaro, y rechazada por los congresos de Oaxaca y Zacatecas. Las fracciones priístas en los congresos locales han emitido su voto en sentidos muy distintos. El voto priísta estuvo dividido en los congresos de Aguascalientes al votar 2 a favor y 7 en contra, en Guanajuato con 7 votos a favor y 2 en contra, en Querétaro con 2 a favor y 6 en contra, Veracruz con 26 a favor y 1 en contra, y en Zacatecas se registraron 3 abstenciones. En cambio, en los congresos de Campeche, Colima, Quintana Roo y Puebla todos los priístas votaron a favor de las reformas, mientras que en Oaxaca todos votaron en contra.
 

La razón de estas conductas es difícil de precisar. La historia política del tricolor no se ha caracterizado por obedecer, sino por manipular el mandato popular. Sin embargo, la falta de un líder y la ausencia de una férrea dirección como antaño, permiten un margen mayor de movilidad en la esfera local. Los intereses regionales son un factor de peso al interior de las corrientes políticas, cuya influencia puede pesar más que cualquier otro elemento, sin necesariamente estar articulados por el interés federal. En este caso correspondería preguntarnos: qué es lo que defienden los diputados en sus estados.

Las fracciones panistas han votado de manera unánime en los congresos de Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y Zacatecas, mientras que sólo en Aguascalientes dos panistas se abstuvieron de emitir su voto, y ninguno ha votado en contra. Los panistas en los congresos locales se posicionan en el mismo sentido en que lo hicieron en el Congreso de la Unión, y como lo había "indicado" la dirigencia del partido. Al parecer, el partido tiene una línea bien definida y una dirección sólida, que comparte el proyecto de nación que lleva a cabo el presidente Vicente Fox; o por lo menos la claridad de forjar una carrera política exitosa.

La tendencia de los congresos que han aprobado la minuta de reformas hasta ahora, nos refleja que la alianza PRI-PAN fue el elemento que hizo posible dicha aprobación mientras que las fracciones del PRD, PT y PVEM han votado en contra de la misma --a pesar del voto emitido por el prd en el Senado de la República--, pero por ser partidos minoritarios no alcanzaron a influir en el resultado en los 9 congresos locales que las han aprobado. En Zacatecas, fue esta alianza la que hizo posible el rechazo. Los diputados perredistas en Hidalgo han afirmado que aprobarán la minuta por considerarla "un avance" en el reconocimiento de los derechos indígenas, siendo éste el mismo argumento que presentó Jesús Ortega en la Cámara de Senadores.

El proceso en los congresos locales se ha caracterizado por no contar con la totalidad de los legisladores durante las sesiones legislativas. En algunos casos se han registrado abstenciones, particularmente de panistas y priístas, quienes quizás no quieran asumir las consecuencias de emitir un voto en sentido contrario a la dirigencia del partido o a la fracción parlamentaria, bajo el riesgo de ser considerados disidentes. Estas ausencias no fueron tan evidentes puesto que de ellos no dependía cambiar la correlación de fuerzas, salvo en el caso de Querétaro: cuando en la primera y segunda vuelta de la votación resultó un empate de 12 votos a favor y 12 en contra, estaba ausente la diputada del PVEM siendo que días antes había informado que su voto sería de rechazo.

Los ciudadanos no fueron los únicos en utilizar el cabildeo, también lo hicieron legisladores federales, gobernadores, empresarios y las cúpulas partidarias. La dirigencia Nacional del pri "instruyó" a legisladores federales a dialogar con legisladores locales para convencerlos de aprobar la minuta de reformas. De esta forma, Salvador Rocha Díaz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión visitó a diputados guanajuatenses. En Guanajuato, los panistas convencieron a los priístas de aprobar su reforma, cuando éstos habían asegurado que votarían en contra.

El gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, pidió al congreso local aprobar la minuta, y posteriormente se contactó con los diputados priístas para convencerlos de ello y "enmendaran su error". El líder de la fracción parlamentaria del pri en el mismo estado advirtió que aquellos diputados de su fracción que modificaran el sentido del voto tendrían que atenerse a las consecuencias, pues hasta podrían ser expulsados del partido. Sin embargo, dos diputados cambiaron su voto, a pesar de que en los foros con organizaciones civiles habían comprometido su voto de rechazo. 

A pesar de que las organizaciones civiles, en diferentes estados, solicitaron ser informadas sobre la fecha de discusión en pleno del dictamen para estar presentes, los diputados no les informaron en la mayoría de los casos, y algunos que así lo hicieron, no dieron la fecha correcta, o fue modificada de "último momento", lo que dejó sin posibilidad de participar a los ciudadanos.

El trabajo legislativo incurrió en una falta de respeto a su labor y a la investidura de su cargo, al emitir un voto sin haber dado lectura a la minuta de reformas y al ser aprobada prácticamente sin discusión. Esto ocurrió en la Cámara de Senadores y se repitió en los congresos locales de Veracruz y Colima. En Aguascalientes, gracias a la intervención de las organizaciones no gubernamentales, se logró posponer la discusión una semana más a fin de contar con mayores elementos de análisis.

Es importante resaltar la participación de organizaciones civiles y ciudadanos, particularmente indígenas, para impulsar el rechazo a la minuta de reformas no sólo entre los ciudadanos, sino lo más importante, dentro de los congresos locales, sentando así precedente de este ejercicio democrático, donde el derecho de petición y el de rendición de cuentas empiezan a cobrar importancia. El resultado de este esfuerzo organizativo y propositivo no se vio reflejado en el voto de los legisladores federales y estatales. Sin embargo, la experiencia que se obtuvo es un insumo muy importante para futuras discusiones.

Ahora los legisladores tienen la oportunidad de aprender de la ciudadanía lo que en la práctica representa el verdadero ejercicio democrático, teniendo la seguridad de que su trabajo es vigilado. Pero la pregunta aún pendiente es ¿hasta cuándo los señores legisladores caerán en la cuenta de que la sociedad se ha transformado, y asumirán sus responsabilidades? El ejercicio legislativo evidenció la sujeción a prácticas --que por efectos mediáticos del México "democrático" se consideraban superadas--, que obedecen a la línea partidista, al voto en bloque, a la negociación entre camarillas, la dependencia de intereses económicos. El mandato popular sigue siendo un elemento sin peso al momento de discutir y emitir un voto. Sin embargo, más allá de estos intereses inmediatos, de fondo está la cuestión del proyecto de nación deseado, diseñado fuera de nuestra nación y avalado por el partido que hoy gobierna. El reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sugeridos por la Cocopa, representa un riesgo para los planes de desarrollo nacionales y, de la misma manera, para los intereses específicos de organismos financieros internacionales (BM, FMI) y de grandes empresas nacionales y extranjeras.