Eugenio Bermejillo. La aprobación por los congresos estatales de la reformas constitucionales en materia indígena está resultando un proceso mucho más accidentado que el federal. En el Congreso de la Unión el madruguete resultó y el brazo roto del historiador Felipe Echenique, desalojado violentamente del recinto parlamentario, fue borrado por una campaña que caracterizó este proceso como ejemplar. El propio presidente Fox felicitó al Senado por lograr unanimidad para derrotar la iniciativa que él había propuesto.

Muy diferente ha sido el proceso en los estados: marchas, bloqueos de los recintos legislativos, participación informada en los escasos foros de consulta que propiciaron los legisladores locales y una amplia gama de documentos con las que las comunidades y organizaciones indígenas explicitan su rechazo a lo que califican de traición por parte de la clase política.

El proceso se inició con un retraso de más de diez días en el traslado de los paquetes con la minutas del Congreso de la Unión a los estados. Esto permitió empatar el "tiempo de las comunidades" con la agenda legislativa. Sólo el caso de Veracruz puede calificarse como madruguete. Apenas algunas organizaciones del centro del estado pudieron presentarse en la sesión en la que sorpresivamente se aprobó el dictamen.

Sin embargo, han sido muchos los casos en los que se frenó la prisa legislativa. Por ejemplo San Luis Potosí, donde una toma relámpago del congreso sirvió para dar a conocer la denuncia de la Escuela de Capacitación Cívica Salvador Nava: la convocatoria para sesión extraordinaria en la que se aprobaría el dictamen violaba las normas del parlamento potosino. En este estado la moneda todavía está en el aire, pero se logró realizar foros abiertos en algunas de las regiones indígenas.

En el foro que se realizó en la Huasteca potosina, participaron las organizaciones que han colaborado con el zapatismo civil, como el fzln, el Frente Ciudadano Doctor Salvador Nava y los cafetaleros de Xilitla, pero también lo hicieron otras organizaciones, calificadas de "pronasoleras": el Parlamento Indio, Estatal, Campesino y Popular, en boca de Domingo Rodríguez, enumeró las carencias de la reforma, entre ellas, el que "no reconoce el territorio... lo que significa que jamás podremos ejercer nuestra autonomía, porque no contamos con un espacio físico territorial para hacerlo".

Del Consejo de Lucha y Gestoría Permanente de San Luis Potosí, alguien que se presentó simplemente como Alejandra, se dirigió así a los diputados: "Ustedes los que durante muchos años han hecho como que escuchan nuestra voz pero jamás nos entienden, los que se deben a nuestro pueblo, trataron de aprobar una ley sin siquiera aparentar escucharnos, pero aquí estamos intentando dialogar. Espero que nos entiendan" Y concluyó: "No aprueben ese dictamen que no nos sirve, que no nos llena, que nos ofende".

Este fue un foro abierto, con más de 600 participantes. Sin embargo, se han desarrollado otras consultas mucho más limitadas. Por ejemplo, los legisladores de Michoacán únicamente escucharon en privado a los indígenas con cargo en sus municipios. La consulta de Durango fue apenas una pantalla.

En Guerrero, donde la mayoría priísta se negó explícitamente a realizar una consulta, la sede parlamentaria fue tomada por indígenas de todas la regiones del estado. Tres días se mantuvo la toma del congreso y en varias ocasiones se estuvo en límite de la represión y la acción penal en contra de sus dirigentes. Finalmente, con el compromiso que se consultará a los pueblos guerrerense y se desistirá de la acción penal, abandonaron el recinto.

Una de las organizaciones participantes en la toma fue el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que acababa de realizar un taller sobre la inminente reforma. En las conclusiones señalan: "La historia de las reformas legislativas tiene una marca infame que da mayores privilegios al que más tiene y se ensaña con los desposeídos. En nuestro estado nunca se ha tomado en cuenta a los pueblos indígenas para que den su palabra. En el congreso local, a pesar de la pluralidad política, no existe una visión del Estado pluricultural, ni mucho menos una representatividad real de los cuatro pueblos indígenas".

También en Guerrero participó un amplio espectro político para alcanzar el no. En Tlapa se realizó una reunión a la que asistieron unas 2 mil personas del Consejo Indígena Mexicano, de clara filiación priísta. Participaron 17 delegados de los municipios de Tlacoapa, Tlapa, Acatepec, Xalpatlahuac, Copanatoyac, Alcozauca, Huamuxtitlán y Metlatónoc, todos de La Montaña, que pidieron rechazar la iniciativa.

Frente a la disciplina partidaria de los diputados locales, resalta la coincidencia, en lo básico, de organizaciones indígenas de todo el espectro partidista. Un amplio abanico que no incluye al Partido de Acción Nacional, simplemente porque no tiene presencia en la mayoría de los municipios indígenas.

El cabildeo en Aguascalientes contó con una alianza social sellada por la diversidad: desde luchadores contra el sida, hasta comunidades eclesiales de base, desde ecologistas, hasta maestros. Nucleados en torno a La Catrina Zapatista esta alianza logró ser escuchada en el pleno legislativo.

No obstante que les advirtieron que serían desalojados, 200 representantes de 14 grupos indígenas de Puebla entraron al Congreso y gritaron "traidores, racistas y vendepatrias" a priístas y panistas. El cabildeo y manifestación fue posible, en parte, gracias al trabajo de una red multiregional que se ha integrado sobre la base de su diversidad: centros de derechos humanos, organizaciones indígenas, campesinas, de migrantes, mujeres y artesanos, comunidades de labor pastoral que abarca las regiones Mixteca, Sierras Norte y Negra y Valle de Tehuacán.

La Organización Independiente Totonaca (oit), una de las organizaciones participantes en la manifestación dentro del recinto parlamentario, envió una carta a cada uno de los diputados en la que pide el no a la reforma. "No queremos ser sujetos de las bondades de los funcionarios y presidentes municipales, gobernadores y presidentes de la república, para tener más progresas, procampos, créditos a la palabra, empleo temporal, dotación de fertilizantes y pesticidas. Porque cada vez que inician campañas y tienen necesidad de nuestro voto recurren a nuestra miseria. Nos cultivan como pueblos de limosneros".

El caso de Chiapas es particular. Así lo destacó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Las Casas: "Más que cuantitativa la importancia de la decisión del Congreso de Chiapas es cualitativa. Serían más respetables los diputados y senadores si asumieran plenamente la responsabilidad de su acción en lugar de tratar de justificarla con argumentos como 'más vale algo que nada'. Ahora los legisladores de Chiapas tienen la oportunidad de mostrar que están más cerca de la realidad del conflicto y de las demandas indígenas y no sólo en términos geográficos. Quizá ellos puedan apreciar más que sus colegas de otras latitudes la importancia que tienen los Acuerdos de San Andrés para alcanzar la paz y decidan, más que aferrarse a su independencia ante el Ejecutivo o a compromisos partidistas, asumir la solidaridad con un acuerdo de Estado, cuyo fin es la paz y la reconciliación".

Unos 2 mil indígenas chiapanecos manifestaron ante el congreso estatal su desacuerdo con la reforma. Lorenzo Jiménez, representante de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (coao), sostuvo un encuentro con legisladores de todas las fracciones parlamentarias: "Que no les importe (a los diputados) las determinaciones de las otras legislaturas del país. Chiapas simboliza la lucha zapatista y de aprobar la ley indígena, se generaría un clima contrario a la tranquilidad y certidumbre para el desarrollo del estado".

La Sociedad Civil Las Abejas argumentó la necesidad del pleno reconocimiento de la autonomía y los territorios indígenas: "Sabemos que nuestro estado de Chiapas hay muchas riquezas y tememos que nos sean arrebatadas a los pueblos indígenas. Estas políticas nos excluyen y nos quieren ver como máquinas de trabajo. No queremos que con este proyecto se beneficie sólo a los grandes capitales y nos marginen más".

Trece organizaciones no gubernamentales de Chiapas, en calidad de testigos del desarrollo de las pláticas de paz, declararon: "Los históricos Acuerdos de San Andrés, no son revisables ni están sujetos a enmiendas. Los Congresistas de la Unión malinterpretaron las reglas de procedimiento pactadas allí. A los legisladores les tocaba dar una forma legislativa correcta a los Acuerdos de San Andrés, pero no era de su competencia modificarlos".

¿En qué contexto se da este debate? "Hay 14 regiones indígenas que constituyen auténticos focos rojos en todo el país por problemas agrarios, los cuales pueden provocar estallidos sociales muy violentos, por el significado que tiene para ellos la tierra y por la alta marginación en la que se encuentran". Este es el diagnóstico que dio a conocer el Instituto Nacional Indigenista, (Guadalupe Espinoza, subdirectora de Asuntos Agrarios del ini) A pesar de la situación social, la paz en las regiones indias ha sido un elemento despreciado por la alianza pri-pan, principal responsable en la aceptación de la reforma.

Tampoco fue pacífica la sesión en que se aprobó la reforma en Querétaro. Los ñahñúes presentes les gritaron "traidores" a los priístas que cambiaron su voto y determinaron la aprobación. Organizaciones como la Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas (umic), participaron en un Congreso Ciudadano realizado a las puertas de congreso. La umic sostuvo entrevistas con varios diputados, incluyendo la representante del pvem, que parecía que sería clave para inclinar el empate de la sesión anterior hacia el no. Pero pesaron más las gestiones del gobernador, conocido por sus declaraciones antizapatistas, que "convenció" a dos priístas de votar a favor.

En Oaxaca --estado mayoritariamente indígena, donde una larga lucha ha colocado a las comunidades indígenas como una fuerza política determinante--, el gobernador y el congreso se inclinaron clara y tempranamente por el rechazo. Parece que los políticos locales han aprendido que reconocer derechos indígenas es la manera de llevar la fiesta en paz.

El rechazo convocó una alianza amplia en el Estado de México. Por el no se manifestaron en el foro convocado por el congreso las organizaciones que participaron en el trecho mexiquense de la Caravana por la Dignidad y otras más ligadas a los organismos indígenas estatales. Declaraciones como la del diputado presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Valentín González, indican la posibilidad de que se rechace la reforma. Este legislador aseguró que existe consenso entre 60 de los 75 diputados para rechazar las reformas, debido a que tiene "graves lagunas".

El caso mexiquense no es el único en el que la alianza de pueblos rebasa el ámbito legislativo, pero sirve de ejemplo. El problema de uso del agua, nacida en propiedades comunales y apropiada por las ciudades, le dio un carácter más terrenal a la lucha por los derechos. La comunidad de San Pedro Atlapulco, integrante de la Alianza de Pueblos Indígenas, Ejidos y Comunidades del Anáhuac, formuló una declaración de autonomía territorial para el manejo de sus recursos naturales y desvió el curso del agua que se entregaba, sin retribución alguna, al municipio industrial de Lerma.

Esta acción convocó la solidaridad de la vieja lucha de las comunidades del occidente mexiquense. Tanto la de la Alianza de Pueblos Indígenas Mazahua-Otomí, como de las comunidades de la cuenca del Temascaltepec, que enfrentan el peligro de ver desertificadas su tierras por la ampliación del Plan Cutzamala, que incrementará sustancialmente la cantidad de agua que exporta la zona de Valle de Bravo a la ciudad de México.

En la declaración que los indios mexiquenses presentaron al congreso local destaca el punto dedicado a los recursos naturales: "La ley indígena que hoy pretenden imponer no reconoce el derecho constitucional al acceso colectivo al uso y disfrute de los recursos naturales, por el contrario, restringe en forma regresiva este derecho exclusivo que tenemos y lo convierte en simple derecho de preferencia".

El 5 de junio se dieron cita indígenas de puntos tan distantes como la Sierra de Manantlán y la Huichola para realizar un acto frente al Congreso de Jalisco. Al enterarse de que en el interior se realizaba un remedo de consulta, los indios decidieron trasladar su acto al recinto parlamentario. Sentados en las curules realizaron una votación. No es necesario decir qué opción ganó por unanimidad.

"Las comunidades indígenas manifestaron que los diputados no representan a sus partidos sino a la sociedad que los eligió y que deben de votar en consecuencia con la demanda de la sociedad y los pueblos indígenas, que si no votan en el sentido de rechazar la propuesta los pueblos indígenas han decido según el método de usos y costumbres no votar por los partidos que la aprueben." Así dice el boletín de prensa que distribuyeron las comunidades nahuas de Morelos, al informar sobre los resultados de la reunión que tuvieron con diputados de todas las fracciones parlamentarias. A pesar de que el pri se manifestó desde el inicio por el rechazo a la reforma, el pan mantiene la capacidad de bloquear el rechazo.

Para los pueblos de Chihuahua la discusión sobre la ratificación estatal de la ley indígena ha dado paso a un hecho inédito: por primera vez en su historia moderna 67 gobernadores de la Sierra Tarahumara realizan una reunión en donde efectivamente están representados sus pueblos. Lacónicos como son, enviaron al congreso local una carta de escasos dos párrafos. En el segundo afirman: "Como pueblos indígenas rarámuri, rarómari y ódame pedimos que nos den un espacio para dar nuestra palabra, nuestro pensamiento, y que seamos escuchados como el derecho que nos da la ley estatal, en donde estén presentes organizaciones civiles que apoyan nuestra causa y los medios de comunicación, porque no se puede decidir estas leyes si los pueblos no están de acuerdo, nosotros de por sí hemos vivido desde siempre sin respeto de nuestro derechos y cultura indígena".

Este es un apretado y forzosamente incompleto resumen del cabildeo y presión que los indios ejercieron ante los congresos estatales. El marcador, al cierre de esta edición, es de diez a tres a favor de una ley que los indios han calificado reiteradamente como una burla. ¿Cómo evaluarlo? Habría que preguntarse si antes de esta lucha existían como arena política los congresos locales. Este espacio había permanecido ajeno a la participación de la sociedad civil. De pasada, sin que ese sea el objetivo, la movilización indígena de estos meses frente a los legislativos estatales ha promovido, de manera sincronizada en toda la República, una vida civil y democrática que éstos no habían experimentado. Sin querer, otra vez, los indios empujan una reforma del Estado basado en la democracia social.