Ramón Vera Herrera. En su reciente visita a México, el relator de la Organización de Naciones Unidas, Dato Param Curamaswany, se encontró con un caso que parece extraído de un libro de historia. Jornaleros agrícolas nahuas y ñañhúes de la Huasteca le presentaron un escrito que resumía las condiciones laborales a las que los tenían sometidos el dueño y los mayordomos del rancho Los Compadres en el municipio de Jiménez, Chihuahua. En el documento, que obra en poder de Ojarasca, los trabajadores declaraban: "En nuestro país nosotros los indígenas somos víctimas de la esclavitud. Cada año decenas de miles de nuestros hermanos trabajamos en los campos agrícolas de la zona del Pacífico, en condiciones infrahumanas de sobre explotación, aunado a un trato despótico y humillante". Después se reseñan las condiciones a las que hacían referencia: 60 días de trabajo ininterrumpido sin días de descanso, pago hasta el fin del contrato, la condición de cumplir la cuota del patrón so pena de reducir el jornal a la mitad, domingos de trabajo obligatorio sin pago alguno, dos horas extras diarias obligatorias a 10 pesos cada una, compromiso por deuda obligatoria contraída en la tienda de raya del rancho, ninguna atención médica ni afiliación a instituciones de salud, descuento del jornal por enfermedad, cobro de los servicios médicos, alimentación de sopa y tortillas exclusivamente, dormitorios de 1.20 métros cuadrados para seis personas y la prohibición de salir de las instalaciones, además del trato despótico y humillante.

El revuelo causado por la denuncia de estas violaciones a los derechos humanos, comenzó a principios de mayo pasado, cuando Francisco López Morales --un trabajador nahua originario de Tamazunchale, San Luis Potosí-- logró escapar del rancho Los Compadres, y denunció ante las autoridades el trato infrahumano al que eran sometidos él y otros 350 peones por los capataces y los dueños.

En su declaración, Francisco López cuenta que a principios de abril escuchó por la radio que en Jiménez solicitaban gente para trabajar en el campo, recibiendo 60 pesos diarios más transporte, comida y albergue. Se contactó entonces con los contratistas que se hallaban en la Huasteca reclutando trabajadores y llegó a Chihuahua al rancho, donde se le asignó al transplante de cebolla. Pero se encontró con que los alojaban en cubículos minúsculos y que recibía como alimento sopa aguada y un kilo de tortillas diarias. Además su sueldo era cobrable sólo hasta terminar su contrato mientras se les fiaba en la tienda de raya del rancho en cuestión.

Comprendió también que los capataces, encabezados por Luis García, los amenazaban con reducirle el sueldo a 30 pesos diarios si no completaba ocho surcos mínimos. "Si alguien externo iba a preguntarnos sobre si estaba buena la comida, teníamos que decir que sí, y si eran buenos los mayordomos dijéramos que sí, porque las autoridades se iban y nosotros nos quedábamos y ya luego él vería qué se hacía con quienes dijeran lo contrario". Según su relato muchos de los enganchados no hablaban castellano y terminaban aceptando las condiciones por no meterse en problemas. Él decidió escapar. El contratista lo halló en el monte e intentó subirlo a fuerza a su camioneta, pero Francisco se opuso. Entonces lo dejó ahí en medio del monte con la amenaza de que cuando llegara a la galera le arreglarían cuentas. "Me dio miedo", declara, "y pedí ayuda en Jiménez (El Diario, Chihuahua, 11 de mayo).

Por un azar afortunado Francisco López topó en Jiménez con integrantes de una organización civil independiente que de inmediato se dispusieron a ayudarlo a él y a sus compañeros. Se trasladaron al rancho Los Compadres y se entrevistaron con algunos de los jornaleros, entre los que "se detectaron algunos menores de edad".

Pese a que los trabajadores ratificaron todo lo descrito por el peón evadido, el contratista Luis García negó todas las acusaciones y opuso resistencia a que la prensa pudiera corroborar las acusaciones señalando que todo lo informado era "una verdadera mentira; el hecho de que les paguemos hasta que concluyan las labores en el rancho se debe a que no queremos que se gasten su dinero en embriagarse" (El Diario, 12 de mayo).

Ante esta situación, varias organizaciones tomaron cartas en el asunto e instalaron un plantón carretero para alertar a la población chihuahuense sobre la situación de estos trabajadores. Todos juntos fueron hasta el rancho Los Compadres y hablaron con los jornaleros. Varios trabajadores de inmedato decidieron abandonar el sitio y sólo regresaron a las galeras a recoger sus pertenencias. El contratista y sus asistentes intentaron detenerlos pero fue inútil.

Miembros de las organizaciones sociales les ayudararon a interponer una demanda colectiva y una comisión de los jornaleros se dirigió a la capital del estado a presentar la queja.

El día 15 de mayo, y ante la dilación de las autoridades, miembros del FZLN y otras organizaciones sociales tomaron la caseta de peaje Jiménez-Camargo como medida de presión para que el gobernador Patricio Martínez los escuchara y les ayudara a resolver de manera favorable sus demandas. A partir de las cuatro de la tarde, unas 78 personas, la mayoría nahuas y ñahñúes de las Huastecas potosina, hidalguense y veracruzana, se posesionaron de la caseta por espacio de 5 horas sin permitir que se cobrara el peaje a los vehículos. En la cooperación voluntaria que solicitaron a los conductores recabaron unos 6 500 pesos que sirvieron para que los recién evadidos comieran y realizaran sus gestiones.

"Hasta la caseta bloqueada arribaron la titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Parral, Avril Letizia Carmona; el subprocurador de Justicia de la Zona Sur, Julio César Portillo; el jefe de Averiguaciones Previas en Jiménez, Fernando Ruvalcaba, así como elementos de la Policía Federal Preventiva, quienes de inmediato iniciaron el diálogo con los manifestantes, invitándolos a desalojar el área" (El Diario, 16 de mayo). Después de una hora de negociación, los manifestantes aceptaron levantar el cierre de la caseta siempre y cuando le dieran respuesta satisfactoria a la demanda de sesenta días de paga y el precio del transporte a sus lugares de origen.

Juan Manuel Armendáriz, dueño del rancho Los Compadres, aseguró que todo lo afirmado por sus trabajadores era falso y que no deseaba violentar sus derechos. Pese a sus declaraciones, los síndicos del Ayuntamiento de Jiménez acordaron con el presidente municipal la creación de una comisión para investigar las denuncias de irregularidades en el citado rancho. Los jornaleros evadidos fueron trasladados a unas bodegas del ejido Héroes de la Revolución donde fueron atendidos de enfermedades infecciosas y gastrointestinales.

La denuncia interpuesta por los ochenta jornaleros se resume en cuatro puntos: violación total del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, privación ilegal de la libertad, explotación de menores y condiciones deplorables de salud alimentación y alojamiento.

Junto con las organizaciones sociales que los auxiliaron, los jornaleros decidieron instalar un plantón en las oficinas de la Dirección del Trabajo y Previsión Social del estado y exigieron el pago global de 150 mil pesos más el transporte a sus lugares de origen. De igual manera, los ex empleados del rancho Los Compadres se manifestaron el 21 de mayo en la sesión del Congreso del estado para pedir la intervención del poder legislativo.
 

Después de intensas negociaciones, en las que la parte patronal pretendía pagarles sólo la mitad de lo exigido, el 23 de mayo se llegó a un acuerdo por el cual Juan Manuel Armendáriz se comprometió a pagar 100 mil pesos más el transporte de regreso a sus comunidades, en lo que se considera un triunfo de la movilización de las organizaciones sociales chihuahuenses y de los propios jornaleros. Además quedó abierta la investigación sobre las condiciones laborales que privan en la región de Jiménez.