LUNES Ť 18 Ť JUNIO Ť 2001
Ť La deforestación, "riesgo de seguridad nacional", señala plan estratégico
Buscan frenar tala de 678 hectáreas de bosques
ANGELICA ENCISO L. CORRESPONSAL
El Plan Estratégico Forestal (PEF) que impulsa el gobierno federal para los próximos 20 años se propone acabar con la deforestación de 678 mil hectáreas de bosques cada año a través de eliminar "incentivos perversos" que cambian el uso de suelo, evitar la parcelación de terrenos, frenar el dispendio de recursos de programas sociales que no han dado resultados y reubicar a los habitantes a zonas aptas para cultivos.
Los recursos forestales que llegan a los 56.8 millones de hectáreas reciben una "gran presión" de parte de sus habitantes, la mayor parte en extrema pobreza que residen en las áreas remotas y comunidades indígenas, donde la rentabilidad de la agricultura es limitada.
En esas áreas "se llevan a cabo todavía actividades como la tumba, roza y quema que aceleran la degradación de los suelos; hay insuficiente definición de los derechos de propiedad; hay tránsito y tráfico de estupefacientes en las zonas rurales marginadas aprovechándose de la miseria y la falta de alternativas de los habitantes, además de la inaccesibilidad física de las zonas".
Esto refleja que México utiliza sus recursos forestales de manera no sustentable, "la deforestación y el aprovechamiento maderable legal e ilegal sobrepasan el incremento natural. Esto representa un riesgo de seguridad nacional". Por ello también se plantea de manera importante el impulso de las plantaciones comerciales con incentivos fiscales.
El PEF lo empezó a trabajar la consultora Indufor, a petición de la pasada administración de la Semarnap. Presenta un diagnóstico de la situación forestal del país, cuya superficie arbolada es 56.8 millones de hectáreas, de las cuales 21.6 millones (38 por ciento) tiene potencial para la explotación comercial pero sólo se usan 7 millones de hectáreas bajo manejo autorizado.
La pérdida anual de bosques es de 32 millones de metros cúbicos. Entre 1980 y 2000 el promedio de pérdida de vegetación fue de 678 mil hectáreas. La mayor parte de la deforestación es a causa de la conversión de tierras de uso forestal a usos productivos, agrícolas o ganadería. Los incendios causan apenas 1 por ciento y las plagas y enfermedades casi 0.5 por ciento.
Los principales estados forestales -Chihuahua, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Guerrero, Jalisco, Campeche, Chiapas y Michoacán- han perdido en los últimos años importantes áreas arboladas. En ellos, 80 por ciento de la superficie está en manos de 8 mil núcleos comunales, por lo que representa un reto tanto la conservación de los ejidos como los recursos forestales, agrega el documento.
El PEF considera entre sus estrategias el ajuste a políticas y programas gubernamentales para eliminar los incentivos perversos que promuevan la deforestación y degradación que han llevado a cambiar el uso de suelo; evitar la formación de minifundios, porque hacen difícil el manejo de la tierra, además de crear alternativas económicas para los ejidos que incluyen la producción sustentable; el establecimiento de plantaciones comerciales, y la restauración y conservación de suelos.
Señala que se tendrá que hacer una certificación forestal voluntaria para promover prácticas sostenibles y los productos que hayan cumplido con este requisito tendrán un sello verde. Establece el mejoramiento de la calidad de planeación y de los sistemas de manejo. Dice que los dos programas actuales -Prodefor y Prodeplan- son insuficientes, y cuestiona que las leyes Forestal, Agraria y General del Equilibrio Ecológico, tengan una sobrerregulación en cuanto a la manifestación de impacto ambiental para el establecimiento de plantaciones forestales.
El documento destaca el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, las cuales sólo cubren 34 mil hectáreas, a pesar de que la superficie potencial es de 8.1 millones de hectáreas. Esto debido a la sobrerregulación ambiental y otras limitaciones.
"Se justifica el establecimiento de plantaciones por la generación de empleo, la recuperación de áreas forestales y el beneficio social", indica el texto. La estrategia para su establecimiento, dice, debe considerar incentivos fiscales, ya que en una primera fase el riesgo es alto para el inversionista, por el desconocimiento del mercado; facilitar el acceso a la tierra; modificar el marco legal para dar seguridad a largo plazo, y adoptar una política para su desarrollo.