LUNES Ť 18 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Corresponde a Economía el apoyo a industriales, dice Mario Garza Benavides
La STPS dejará de asesorar a microempresarios y usará fondos del BID para capacitar a obreros
Ť Llevará sexenios formar mano de obra de alta técnica, señala el subsecretario de Empleo
El presupuesto que por 300 millones de pesos aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Secretaría del Trabajo (STPS), para ejercerlo este año con la mediana, pequeña y microindustrias vía el programa Cimo, no se utilizará más para asesorar a los empresarios, sino para capacitar la mano de obra de esas unidades, anunció el subsecretario de Empleo, Capacitación y Productividad de la STPS, Mario Garza Benavides.
A partir de este sexenio -acotó- será la Secretaría de Economía la que asesore a los empresarios con programas de desarrollo para que, junto con ellos y los gobiernos estatales, se fijen las metas de crecimiento sobre las cuales se impartirá el adiestramiento. "Ahora el gobierno federal sólo guía y dirige, ya no imparte esa capacitación", delinea.
"Labor titánica"
En entrevista con La Jornada, el funcionario destaca que los "relevantes" cambios en las políticas de capacitación laboral incluyen el Programa de Becas para Trabajadores Desempleados (Probecat). Este "ya no se usará como un seguro de desempleo, sino para reconvertir a los trabajadores en el uso de las nuevas técnicas y tecnologías".
Describe el nuevo rumbo: "Se elimina el enfoque asistencial; se incrementa el monto de la beca de uno a dos salarios mínimos, incluyendo el pago de transporte, y el periodo de adiestramiento se amplía hasta un semestre para garantizar la reinserción del trabajador al proceso productivo y la competitividad empresarial".
En Probecat se invertirán mil 300 millones de pesos (financiados también por el BID) este año y, según la dependencia, el promedio de personas que podrán capacitarse estaría entre los 300 y 350 mil.
Pese a lo sobresaliente del monto total (mil 600 mdp) destinado a esos programas, admite que "no hay recursos que alcancen" dado el tamaño de las necesidades en la mediana, pequeña y microempresas, donde se genera más de 70 por ciento de la ocupación en el país y se tiende a invertir poco en capacitación. Si a esto se suma que más de 40 por ciento de la población económicamente activa (PEA) se ubica en la economía informal, y que de ese total 30 por ciento carece de una alta calificación, Garza avizora que "será una labor titánica -que va a llevar, no digo años, sino sexenios- formar mano de obra altamente tecnificada" en el país.
Cambios y metas
Entrevistado en su despacho de Periférico Sur, el ex asesor regiomontano de diversas empresas y entidades públicas reconoce que "quizá" ha causado inquietud el giro impreso a dos de los principales programas de la STPS, que absorben la mayor parte de sus recursos.
El programa Cimo (Calidad Integral y Modernización) surge en 1988; Probecat en 1984, cuando el desempleo, oficialmente, llegó a uno de sus niveles más altos, 8 por ciento. Mientras el segundo apoya a los desempleados, el primero financia programas de capacitación a asalariados en activo, y da asistencia técnica a los industriales.
"El principal cambio, y que ahí, a lo mejor, no hemos sabido comunicar adecuadamente a los empresarios -dice-, es que ahora es más clara la asignación de los recursos, pues va en función del número de empresas y de trabajadores por entidad.
"Además -sigue- ya no será función del gobierno federal, sino de los gobiernos de los estados en coordinación con los industriales, dictar la capacitación; la STPS tampoco dará asesoría a los empresarios, ni diseñará en forma de catálogo los programas de capacitación".
Según Garza, se decidieron los cambios porque la STPS "estaba invadiendo programas propios de la Secretaría de Economía (como el Crece) y que son muy específicos para atender al empresario".
Arguye: "Había una duplicidad de programas y lo que hicimos fue salirnos del programa de asesorías que corresponde a Economía; ahora nosotros canalizamos 30 por ciento de los recursos a los trabajadores. Esto implica trabajar de manera más coordinada con Economía, con los gobiernos de los estados, los empresarios y otras secretarías inmersas en las diversas ramas industriales".
Una de las metas de la actual administración, sostiene, es lograr que "las secretarías (de Estado) sean vistas como elementos de apoyo interdisciplinario para lograr un solo objetivo: el desarrollo de la actividad económica".
De la participación estatal, detalla que "hay entidades, como Nuevo León, que se vinculan mediante institutos y por áreas en la industrias de la transformación; transporte, construcción, comercio, turismo, y otras. Ahí está muy vinculado cada uno de los sectores con el gobierno para definir qué cursos, cuándo y en qué tiempo se darán".
Hasta el momento "han sido exitosos" los cambios. No obstante, subraya, "los recursos son limitados" y, por ello, "estamos invitando a los gobiernos de los estados y a los empresarios para que pongan un peso por cada uno que aporte el gobierno federal". Al día la STPS ya negocia con 20 entidades convenios de esa naturaleza. Justifica la razón de hacerlo: "Si queremos aspirar como país a dejar de ser atractivos por nuestra mano de obra barata, para, en cambio, serlo por nuestra mano de obra calificada, esa es la herramienta".
Vacantes sin cubrir
Garza refiere que de enero a mayo pasado la STPS logró llegar a 6 mil 300 empresas con 25 mil 753 trabajadores. Con el esquema actual pudiera ser menor el número de empresas a las que se beneficie. No obstante, asegura, "tratamos de llevar algo útil, porque la capacitación se hará conforme a las necesidades reales de cada empresa y no con programas de catálogo". Y, precisa, se orientará fundamentalmente a la economía formal.
-ƑQué sucederá con la PEA que se ubica en la economía informal?
-Los informales necesitan estar desempleados (para acceder a la capacitación). No es lo mismo estar desempleado que estar desocupado. La mayoría de los mexicanos nos ocupamos; ya sea que estén en una esquina limpiando vidrios o aventando pelotitas en un crucero.
Para el funcionario, atraer la atención de la población ocupada en la economía informal es "difícil mientras no tenga la capacidad como gobierno de ofrecerle un trabajo que le va a dar igual o mejor remuneración, así como condiciones de seguridad social". Hay que lograr esta empatía: bajar la tasa de desempleo y crear empleos altamente tecnificados. Así, "iremos haciendo un lazo entre actividad informal y formal; no es fácil, no es cosa de un año". Y es justamente parte del problema actual. Ilustra: "Tenemos vacantes que no se han cubierto porque la gente no tiene la calificación adecuada para el puesto que se ofrece".