LUNES Ť 18 Ť JUNIO Ť 2001
Ť La operatividad responde a intereses más partidistas que políticos o parlamentarios
La 57 Legislatura heredó a la actual un caos administrativo en la Cámara
Ť Prevaleció un mayoriteo opositor con tintes de venganza contra el PRI: Castro López
CIRO PEREZ SILVA
Fue tal el deseo de la primera legislatura de mayoría opositora por terminar con 70 años de hegemonía priísta en la Cámara, que un año después esas modificaciones han terminado por ''ahogar'' a todos los diputados, enfrentándolos diariamente a una burocracia que no sólo rebasa las facultades políticas y administrativas de los legisladores, sino que llega a cobrar un salario dos o tres veces más alto que el de éstos.
''Pero ahora el resultado es que la operatividad de la Cámara responde a intereses más partidistas que políticos. Los nombramientos de funcionarios responden a criterios partidistas y campea un interés más ligado a partidos que a intereses parlamentarios'', sostiene el presidente del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, el priísta Florentino Castro López.
De esta forma, agrega, al iniciar la 58 Legislatura los diputados encontraron que en la Cámara se siguió una estrategia para hacer una administración muy fuerte, incluso en cuanto a decisiones parlamentarias.
En ese momento, dice Castro López, prevaleció ''un mayoriteo que no dejaba de tener tintes de venganza'', concepto que comparten diputados de todos los partidos.
Necesario, revisar toda la normatividad
Coinciden además en que debe revisarse toda la normatividad acordada por la 57 Legislatura, que encabezaron por el PRI, Arturo Núñez; por el PAN, Carlos Medina Plascencia, y por el PRD, Porfirio Muñoz Ledo, ya que fue cuestionada desde el inicio por quienes los relevaron en el cargo.
''Hay la sensación de que una legislatura que se estaba yendo aprobó una normatividad que deberían aplicar diputados que nada tuvieron que ver con su diseño. Nos parece que los cambios se aprobaron un poco al final, de manera apresurada, y que la 58 Legislatura recibe un nuevo documento rector sin conocer la filosofía de lo que habían propuesto los entonces diputados y senadores'', indica Florentino Castro.
Recuerda que, antes de la 57 Legislatura, había en la Cámara de Diputados una administración que respondía fundamentalmente a necesidades de carácter político-parlamentario de un organismo que se llamaba la Gran Comisión, en un Congreso en el que la influencia de un partido político, el PRI, era definitiva.
Este órgano, dice, podía operar muy fácilmente la Cámara con una administración que buscaba los equilibrios al interior, resolviendo los problemas que enfrentaban los distintos grupos parlamentarios.
Cuando la composición de la cámara cambia y desaparece la Gran Comisión, se ensayan mecanismos para su administración, como la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) y otros órganos, a través de los cuales se intentó mantener el control administrativo, más con un interés político que parlamentario.
Pero no todo debe revisarse, reconoce el priísta. Durante la pasada legislatura se creó una columna vertebral a través de la Junta de Coordinación, la Conferencia de Coordinadores y presidente de la Mesa Directiva, el Centro de Estudios Financieros, de Estudios Parlamentarios y de Opinión Pública, que se mantienen como instancias con criterios parlamentarios y no partidistas.
''Debemos buscar que el papel que juegue la administración sea eficaz, pero que esté sujeta a las decisiones parlamentarias, que sea una administración altamente eficaz y eficiente, pero bajo la coordinación de las instancias parlamentarias, no de los partidos, ni sujeta a negociaciones partidistas. Debemos procurar que la administración reaccione a las demandas de los diputados y no responda a las presiones de los partidos. Requerimos darle más facultades a los órganos legislativos y a sus diputados, para tener partidos más acotados en el Congreso'', explicó Castro López.
Comentó que para iniciar el proceso de ajuste, la Junta de Coordinación Política, en la que confluyen todos los coordinadores parlamentarios, ordenó una auditoría al desempeño, no financiera, que precise dirección por dirección su trabajo, el número de personas que tiene asignadas, su normatividad, salarios, programas y metas, que son elementos desconocidos para los diputados.
''Es preciso contar con una organización parlamentaria fuerte, hacer un esfuerzo serio por fortalecer organismos parlamentarios y que éstos actúen de manera institucional, para tener al mismo tiempo partidos políticos acotados en la vida parlamentaria'', advirtió el priísta.
En el mismo sentido, el vicepresidente de la Mesa Directiva, el perredista Erick Villanueva Mukul, consideró que no solamente se requiere reformar la parte administrativa de la Cámara, sino cambiar también la parte operativa.
Se les pasó la mano...
''La revisión del estatuto de gobierno, ley orgánica y reglamento, debe llegar a encontrar un justo medio, ya que a la pasada legislatura se le pasó la mano al querer pasar de un régimen donde la Gran Comisión manejaba todo, a otra en la que la administración o la burocracia ejercen ese papel, aun por encima de los diputados'', afirmó el perredista.
Comentó que en la nueva ley, el secretario general tiene tantas atribuciones que a menudo los órganos de gobierno de la cámara no tienen siquiera posibilidad de exigirle determinadas cosas. ''No hay duda de que se debe contar con un profesional que maneje la administración, pero estos órganos no pueden tener tal autonomía, ni podemos permitir que la parte operativa esté por encima de los órganos políticos'', enfatizó.
Propuso revisar el estatuto de gobierno y la ley orgánica, para regresarle atribuciones a los diputados, a efecto de garantizar un mejor funcionamiento ''para terminar con el caos'', ya que en términos de control ''pasamos de un extremo a otro''.
Villanueva Mukul dijo, sin embargo, que la reforma que hizo la legislatura pasada ''tiene cosas muy buenas'', como el hecho de pretender la profesionalización del aparato burocrático, la creación de centros especializados de apoyo para los legisladores. ''No sería justo criticarlo todo'', concluyó.