DOMINGO Ť 17 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Falta un proyecto dirigido a los pueblos originarios: campesinos de Milpa Alta

Reclaman comuneros derechos sobre recursos naturales

ELIA BALTAZAR

Para los comuneros de Milpa Alta poco han significado las políticas del Gobierno del Distrito Federal dirigidas hacia las zonas rurales y de conservación ecológica. "No hay proyecto ni visión claros por parte de las autoridades, dirigidos a los pueblos originarios asentados históricamente en estas áreas, y a quienes corresponde el derecho sobre los recursos. Y aunque ha habido intenciones de mejorar las condiciones, no han tomado en cuenta la voz de las comunidades ni propiciado su participación", dicen.

Son Francisco Pastrana y Ramiro Taboada, de la representación general de Bienes Comunales de Milpa Alta y Pueblos Anexos, quienes advierten que los programas de apoyo y créditos que ha puesto en marcha el GDF no son más que paliativos a corto plazo, dirigidos a combatir la marginación, pero carecen de una meta a largo plazo y no involucran a la colectividad. "Y en tanto no se consolide la organización interna, no habrá rumbo para planes de largo alcance", afirman.

Por eso exigen que los recursos públicos destinados, por ejemplo, a los créditos rurales se canalicen adecuadamente a partir de lo que la comunidad quiere. Y en estos momentos lo que exige, entre otras cosas, es la suspensión del cobro de agua, en tanto se resuelve de manera definitiva el procedimiento de titulación y confirmación de sus bienes comunales, para que se aplique el artículo 11 del decreto del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, publicado el primero de agosto de 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que a la letra dice:

"Con el fin de fomentar el desarrollo cultural y sustentable de la zona rural y favorecer la gestión ambiental de los proyectos sociales alternativos se deben diseñar y aplicar los instrumentos económicos, fiscales, financieros, de mercado y técnicos para retribuir a los pueblos, ejidos y comunidades del suelo de conservación por los bienes y servicios que sus terrenos ofrecen a la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México". Y no son de poca importancia, si se toma en cuenta que 59 por ciento de las áreas de conservación ecológica en la capital son comunales y
ejidales.

Tan sólo en Milpa Alta, explican, hay más de 6 mil hectáreas de tierras cultivadas permanentemente --más aquellas que se suman para la temporada de lluvia--, y más de 15 mil hectáreas de pastizales y bosque. "La existencia de áreas agrícolas y forestales permite la recarga de los mantos acuíferos y la limpieza del aire, entre otros servicios ambientales que son proporcionados a la ciudad de México, y que hasta la fecha nadie nos retribuye".

Por eso han exigido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la "inmediata suspensión del cobro por derechos de agua en toda la delegación Milpa Alta, y la formación de una comisión revisora en la que participen los representantes de nuestros pueblos y las instancias competentes de los gobiernos local y federal, a fin de realizar los estudios y tomar las decisiones pertinentes para regular la explotación indiscriminada de nuestros mantos freáticos".

Esta comisión, explican, deberá establecer los mecanismos que hagan posible el pago "a nuestros pueblos de los volúmenes de agua que se destinan al consumo de los habitantes de la ciudad y, por supuesto, el pago que en concepto de indemnización se nos debe dar por los daños causados o que se pudieran causar a nuestros recursos naturales por la sobreexplotación de las aguas existentes en nuestros territorios".

En la lucha por el agua están involucrados no sólo los representantes comunales y ejidales, sino también los comités vecinales y coordinadores de enlace territorial, que ya enviaron sus peticiones al jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador. Pero a la fecha, dicen, no ha habido respuesta.

Pero frente a esta ausencia de una política rural y ecológica, dicen, se ha propiciado la organización autónoma de las comunidades, fortalecidas sobre todo a partir de la visita de la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y decididas a defender la normatividad federal por la cual se rigen las propiedades comunales. "Porque la Constitución, la Ley Federal de la Reforma Agraria y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocen el derecho de los originarios de los pueblos para la utilización y aprovechamiento exclusivo de sus recursos naturales, entre ellos el agua", explican.