DOMINGO Ť 17 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Dio la orden para favorecer a un interno, dicen
Acusan custodios al director de la penitenciaría de sembrar cocaína
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
La droga encontrada en una tienda de materiales de la penitenciaría de Santa Martha Acatitla, que suscitó un connato de enfrentamiento entre custodios e internos el 25 de mayo pasado, fue "sembrada", aseguraron custodios del centro de reclusión, con el fin de cancelar la concesión del negocio a un interno y cederla a otro, "protegido" por el director, Rigoberto Herrera Lozano.
El funcionario, explicaron, solicitó al jefe de seguridad y vigilancia, Adán Galindo Méndez, que se encargara del "asunto", y éste a su vez comisionó a los jefes de apoyo, Armando Carmona Rivera y Enrique López Hernández, para que hicieran el trabajo.
Las piedras de cocaína colocadas dentro del taller las consiguieron con El Chocorrol, Adán Fonseca --preso por robo y lesiones contra el ex diputado priísta Rafael Luviano--, y quien controla parte de la venta de droga en la penitenciaría.
"Las piedras las envolvieron en el papel celofán de una cajetilla de cigarros y a la hora del esculque, en un operativo donde iba a la cabeza el comandante Enrique, el encargado del rondín las sembró en una bolsa de jabón que estaba arriba de una mesa".
La posesión de la droga se adjudicó no al interno que tiene la concesión, Marco Antonio Barrera Rivas, sino a uno de los trabajadores, Modesto Mendoza, hecho que se consignó al Ministerio Público Federal, en tanto que se aplicó a ambos un castigó de 15 días en conductas especiales, esto es, "segregados" en una zona de seguridad.
El operativo se realizó el 23 del mayo y se ordenó el desalojo del taller, para lo que fijaron un plazo de 24 horas. Al viernes siguiente, cuando los custodios pretendían desalojar el local, los seis trabajadores se opusieron y a ellos se sumaron otros internos hasta casi sumar cien presos los que enfrentaron a los custodios, quienes se limitaron a cerrar el lugar soldando la puerta.
El retiro de la concesión es ilegal, aseguró en su momento Barrera Rivas, quien incluso obtuvo la suspensión provisional de un juez federal contra la decisión de las autoridades de la penitenciaría, pues esta medida debió someterse a decisión del Consejo Técnico Interdisciplinario, que fue la instancia que decidió aceptar que se hiciera cargo del negocio una vez que el interno que lo poseía salió libre.
Se otorgó la concesión del negocio a otro interno
De igual manera, sin que dicho órgano multidisciplinario lo haya determinado, la dirección otorgó la concesión del negocio al interno José Francisco Gómez, que aseguraron los custodios entrevistados, es "protegido" por el director.
Una empresa privada de servicios telefónicos estaba por negociar con Barrera Rivas la elaboración de 2 mil 400 maquetas de juegos recreativos en su taller, que serían donados a diferentes reclusorios y centros penitenciarios.
Dicho proyecto se encontraba detenido pues la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Distrito Federal no tenía manera de deducir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la donación de la compañía, por lo que se pretendía que las maquetas se hicieran llegar a los reclusorios a través de la delegaciones políticas.