DOMINGO Ť 17 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Disminuyó 6.8 por ciento de enero a abril: Hacienda

Continúa la caída del gasto público en infraestructura

Ť Urge eficiencia en la administración de recursos: empresarios

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

En la misma línea trazada por sus antecesores, el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada dispuso en los primeros cuatro meses del año una reducción significativa en el gasto público destinado a financiar proyectos de inversión en infraestructura, al tiempo que elevó el monto de recursos para atender el gasto relacionado con sueldos, salarios, equipo y oficinas y para atender el costo del servicio de la deuda.

Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que entre enero y abril de este año el renglón de gasto en capital -que comprende inversión en infraestructura e inversión financiera- recibió recursos por 35 mil 391.9 millones de pesos, cantidad que representó una disminución en términos reales, es decir, descontado el efecto de la inflación, de 6.8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo.

En contraste, el gasto corriente -que incluye los recursos para sueldos, salarios, equipo y mobiliario y oficinas- consumió en el primer cuatrimestre de este año 223 mil 24 millones de pesos, una suma que significó un incremento de 5.2 por ciento, también en términos reales, respecto del mismo lapso de 2000, según la información de Hacienda.

Mientras el gasto en inversión registra una contracción, el costo del servicio de la deuda pública continuó en aumento.

Como parte del costo financiero del gobierno, el gasto destinado a cubrir intereses, comisiones y gastos derivados del endeudamiento público alcanzó en el primer cuatrimestre de este año 54 mil 670.9 millones de pesos, un incremento de 10.8 por ciento en términos reales en comparación con el mismo periodo de 2000. Esta cantidad fue 54.4 por ciento superior al monto de recursos destinados a gasto en capital en el mismo periodo.

La menor inversión del gobierno federal en infraestructura constituye un punto en que el sector privado mexicano y organismos internacionales han comenzado a llamar la atención.

El viernes pasado, durante una reunión privada del comité directivo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Javier Prieto se refirió a deficiencias en la gestión gubernamental del gasto que retrasan la asignación de obras y contratos al sector privado.

Aunque el gobierno ya no ejerce el papel de principal impulsor de la economía, el gasto que realiza es importante en términos de los contratos que el sector privado estima realizar cada año.

Javier Prieto insistió en esa reunión en la necesidad de una mayor eficiencia en la administración del gasto público pues, dijo, en los primeros meses de este año se observa un retraso en la asignación de gasto con respecto del mismo periodo de 2000, como reflejan los informes oficiales de Hacienda. También consideró necesario que exista mayor celeridad en el gobierno federal para liberar los recursos de los contratos para obras y abastecimiento del sector público.

En términos más generales, el Banco Mundial también se ocupó del asunto en un amplio informe divulgado el 22 de mayo pasado, titulado México: una agenda integral de desarrollo para la nueva era.

El organismo multilateral sostuvo en ese documento que la deficiente infraestructura del país es uno de los principales factores que dificultan el incremento en la competitividad del país.

"Terminar con la brecha de infraestructura cada vez mayor del país requerirá importantes inversiones, estimadas en forma preliminar en 20 mil millones de dólares al año durante la próxima década", apuntó el Banco Mundial.

Esta cantidad de gasto, aseguró, está "mucho más allá" de la capacidad financiera del sector público, indicó.

El Banco Mundial planteó que para llevar la infraestructura de México a un nivel adecuado se requiere un sistema financiero nacional sólido, para proveer los recursos de inversión a este rubro, pero también "un cambio importante en el sistema de propiedad y de regulación en los sectores relacionados con la infraestructura".

Señaló: "durante las últimas dos décadas, el país acertadamente intentó remplazar la inversión pública en infraestructura por la privada. Esto se ajustó bien a las necesidades fiscales de austeridad del momento, en especial a partir de los años 90".

Sin embargo, la respuesta del sector privado "no se materializó" en la medida de lo esperado y, así, México comenzó a acelerar la tasa de depreciación de su capital nacional, dado que la inversión pública total descendió de más de 10 por ciento del PIB a principios de los años 80, a cerca de 2 por ciento en la actualidad.