DOMINGO Ť 17 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Sede sindical tomada y opositores que exigen independencia, las causas
Se agrava la crisis en el gremio azucarero
Ť Si se concede la autonomía se levantará el ámpula de la libertad en los ingenios: experto
FABIOLA MARTINEZ
La crisis en el gremio azucarero se agudiza tras la ocupación de la sede sindical por un grupo opositor y ante las gestiones de los trabajadores del ingenio San Cristóbal -el más grande del país- para obtener su independencia de la organización que desde 1995 liderea el diputado federal priísta Enrique Ramos Rodríguez.
El próximo miércoles, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) resolverá en torno a la solicitud de los azucareros de San Cristóbal para obtener su registro, lo cual marcaría su desprendimiento del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, uno de los bastiones de la CTM.
"El subsecretario del Trabajo, Fernando Franco, se comprometió a entregar el resolutivo de la autoridad laboral el miércoles; si el fallo es a favor de los trabajadores se levantará el ámpula de la autonomía y libertad sindical en la mayoría de los ingenios del país", señaló Alonso Carrillo, asesor jurídico de los trabajadores de San Cristóbal y El Potrero.
Sin embargo, en días pasados Ramos Rodríguez entregó a la dirección general de Registro de Asociaciones de la STPS una acta de asamblea -presuntamente espuria- en la que se destituye como líder seccional a Clemente Pacheco Mora, cabeza del grupo que reclama su independencia. Con base en ese y otros documentos la autoridad deberá fundamentar su dictamen en apego a la Ley Federal del Trabajo y los principios de libertad de asociación.
Compromisos incumplidos
El conflicto intergremial en los 58 ingenios afiliados a la CTM tiene su origen en un presunto fraude de 500 millones de pesos en los fideicomisos para el pago de 11 mil jubilados, y faltantes en 10 fondos sindicales más, incluidos los de vivienda y promoción de actividades deportivas.
Desde el año pasado, Ramos Rodríguez argumenta que la falta de pago para la mayoría de los jubilados obedece a compromisos incumplidos del orden de los 116 millones de pesos por parte de los dueños de los ingenios, situación que incluso fue causal de huelga en noviembre de 2000.
Los empresarios han señalado, vía la cámara nacional respectiva, que el adeudo era mínimo (cerca de 8 millones de pesos), por lo que reclaman a la dirigencia sindical transparencia en la administración de los recursos otorgados para este fin.
En el 53 consejo nacional ordinario del sindicato azucarero, celebrado en las instalaciones de la CTM el 15 de febrero pasado, Ramos Rodríguez reconoció que existía falta de recursos para el pago de jubilados y, además, fraudes en centros deportivos y proliferación de secciones opositoras "encabezadas por traidores".
Los traidores a quienes se refería el líder (Guadalupe Cruz, del ingenio San Cristóbal; Raúl Rodríguez, del Casano, Morelos, y Andrés Salinas, de Tuxtepec, Oaxaca, aun integrantes del comité ejecutivo nacional del sindicato azucarero) protestaban afuera de la CTM para exigir una auditoría a la gestión de Ramos, así como una investigación derivada de una denuncia penal interpuesta en contra de éste.
Cuatro meses después, acompañados de unos 300 azucareros, los miembros del autodenominado Movimiento Chema Mart
ínez tomaron por tres días las instalaciones del sindicato, ubicado en Dante 20, colonia Anzures, y bajo la promesa de Rodríguez Alcaine de ordenar la auditoría reclamada se retiraron este viernes a sus lugares de origen, de manera momentánea y condicionada al cumplimiento de sus peticiones.
En tanto, el 27 de abril pasado, los trabajadores del ingenio San Cristóbal presentaron formalmente su solicitud para obtener su registro como sindicato de empresa en la Impulsora de la Cuenta del Papaloapan, SA de CV, propiedad de Enrique Molina Sobrino, alentados por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de sus compañeros del ingenio El Potrero, de Molina, que reclamaban desde 1997 su independencia y la reinstalación de 31 despedidos por esta causa.
Ante ello, Ramos Rodríguez entregó a la autoridad y a la empresa un oficio en el que le informaban que Clemente Pacheco Mora, aún dirigente de esta sección local en el ingenio San Cristóbal, era sustituido por Mario Hernández Reyes.
Ramos aseveró ante la autoridad laboral que la decisión fue tomada por mil 800 de los 2 mil 700 socios de la sección 31, aunque en realidad la membresía es de mil 711 trabajadores. La empresa (Consorcio Azucarero Escorpión, propietaria de ocho ingenios en el país) aceptó la versión del sindicato nacional e informó a los disidentes que debían abandonar su cargo y regresar a su adscripción laboral, según consta en una carta fechada el 8 de junio y firmada por el gerente general de la Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, Patricio Malpica.
Sin embargo, asegura Pacheco Mora, esa asamblea no existió porque actualmente está finalizando la zafra 2000-2001 y era imposible celebrar una asamblea de mil 800 personas sin parar labores en el ingenio.
"Ramos tampoco presentó firmas de los supuestos asistentes a la asamblea, por lo que advertimos al director general del Registro de Asociaciones, Eduardo Cardoso, que, en caso de otorgar la toma de nota -reconocimiento oficial- a Hernández Reyes, interpondremos demanda penal contra la secretaría.
"La prueba de que la autoridad ha apoyado abiertamente a líderes corporativos es que a ellos les pueden entregar una toma de nota en 10 días, mientras que a un movimiento independiente le tardan este trámite más de un año o se lo niegan, por lo que es necesario recurrir al amparo", agregó el abogado Carrillo.