DOMINGO Ť 17 Ť JUNIO Ť 2001

Antonio Gershenson

Avanzar en Pemex

Se anuncia un proyecto de reforma a la Ley Federal de las Empresas Paraestatales, para dar a Pemex autonomía, y también cambios en su régimen fiscal. En términos generales, ambas cuestiones son necesarias y urgentes. Habrá que ver el contenido específico del proyecto, o proyectos, que quedarían, para su redacción y aprobación definitiva, en el ámbito del Congreso de la Unión.

Sin embargo, ya ahora es importante para las fuerzas progresistas definir una posición propia al respecto. Así como sería una falta de independencia estar esperando a que salga la iniciativa para apoyarla, también lo sería estar esperando a que salga para rechazarla en bloque.

Trataremos aquí, en esta perspectiva, de apuntar algunas ideas sobre cómo debería enfocarse la legislación en esta materia. Empezaremos por la cuestión de la autonomía.

Pemex debe pagar, como se ha señalado en muchas ocasiones, un cúmulo tal de impuestos, derechos y otros cargos fiscales, que no ha tenido recursos para invertir en el desarrollo de la industria petrolera desde hace ya varios años. Cuando empezó a haber algo de inversiones importantes, hace aproximadamente seis años, esto se hizo a costa de un endeudamiento cada vez más asfixiante, y no con los recursos propios que, en varios casos, se habían acordado por la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto respectivo.

Pero esto no es todo. El gasto en cada proyecto, en cada momento, debe ser autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a menudo detiene los recursos, no por consideraciones que tengan ninguna relación con la industria petrolera, sino para que le salgan más bonitos sus números de algún indicador macroeconómico.

Cuando hablamos de autonomía de gestión en Pemex, no debemos entender, ni aceptar, que esto signifique eludir la obligación de cumplir con los objetivos y metas establecidos y aprobados por el Congreso, incluyendo los planes y programas. El presupuesto debe incluir proyectos multianuales, y sus resultados deben ser presentados ante el Congreso. La supervisión de éste, apoyada por la Contaduría Mayor de Hacienda, no debe desaparecer.

Sí debemos entender como autonomía de gestión la eliminación de la injerencia de Hacienda en el ejercicio de los recursos de Pemex, el que esta entidad maneje sus recursos sin depender de los plazos anuales y el que el régimen fiscal no le impida invertir con recursos propios lo necesario para satisfacer las necesidades del país y de su desarrollo, en el ámbito petrolero. Una de las diferencias entre una entidad pública con autonomía de gestión y una empresa privada es que la primera, además de buscar eficiencia e incluso antes de llegar a ese nivel, fija sus objetivos en términos de necesidades nacionales. Así Pemex debe garantizar el suministro, a precios accesibles, de los energéticos y materias primas para petroquímica que produce.

En cuanto al régimen fiscal, su cambio es un complemento indispensable para que la autonomía sea real, y para que Pemex cumpla con los objetivos mencionados. Hemos señalado que lo primero que debe suprimirse del régimen vigente es el llamado "aprovechamiento sobre rendimientos excedentes", que se basa en quitarle a Pemex más dinero mientras más sube el precio del petróleo exportado, y en una proporción tal que hay temporadas en las que se le quita a Pemex más de lo que recibe, con lo que se le obliga a un endeudamiento aún mayor. Además, esta supresión no debe afectar los ingresos previstos en la ley respectiva, porque ésta los calcula sobre la base de una especie de precio oficial supuesto, y lo que se debería dejar de pagar es lo que se deriva de precios por encima de este supuesto oficial. En términos generales, debe irse tendiendo a que los impuestos que paga Pemex sean los mismos que una empresa "normal".