Ť Los 5 funcionarios involucrados señalan que él tenía en su poder el expediente

Destituido, el titular del MP donde robaron pruebas del caso Carrola

Ť Acompañada por cámaras de Tv Azteca, se presentó a declarar la oficial que estaba prófuga

ANGEL BOLAÑOS Y RAUL LLANOS

Con la presentación de la agente del Ministerio Público, Rosa María Díaz, ya acudieron a declarar los cinco implicados en el robo de pruebas del caso Carrola. Pero aún no aparecen las balas, casquillos y esquirlas sustraídos el pasado jueves

Ayer incluso quedaron en libertad bajo las reservas de ley los cuatro oficiales secretarios que la tarde del jueves se entregaron y que comparecieron en la agencia 50 hasta la madrugada.

Todos, según trascendió, señalaron en sus declaraciones al responsable de la agencia 30, Alberto Cosío Coronado, como el último en haber tenido en su poder el expediente y las pruebas del homicidio de los hermanos Carrola, por lo que de inmediato este funcionario fue removido de su cargo y sujeto a investigación.

La última en aparecer fue la MP Rosa María Díaz, quien se presentó ayer, amparo en mano, a declarar voluntariamente ante la Procuraduría de Justicia del DF. No llegó sola, pues iba acompañada de personal de Televisión Azteca, "porque tenía miedo", según declaró ante las cámaras de esa televisora. De acuerdo con lo que se conoció de sus testimonios, coincidió con los otros cuatro presuntos responsables en señalar a Cosío Coronado. Ella, por su parte, y luego de siete horas de declaración ante las autoridades, se dijo inocente.

También rindió declaración en la agencia 50, Alberto Cosío, quien negó las acusaciones y aseguró que sólo accedía al expediente a través del sistema de cómputo. Acusó a "sus detractores" de haberse puesto de acuerdo para calumniarlo y reveló que días antes había levantado un acta administrativa en contra de Díaz Beltrán, por retrasos relacionados precisamente con la integración del expediente sobre el homicidio de los hermanos Jesús Ignacio, Marco Antonio y Miguel Angel Carrola Gutiérrez.

Al funcionario se le notificó su remoción inmediata, "por instrucciones del subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Alvaro Arceo Corcuera" -quedó en su lugar Francisco Arcos-, y acudió también voluntariamente a rendir su declaración, luego que se había encerrado en su oficina durante más de cuatro horas.

Encerrado en su oficina

De hecho, el fiscal desconcentrado en Miguel Hidalgo, Genaro Vázquez Rodríguez, no se había percatado de que Cosío Coronado se encontraba encerrado en su oficina, adonde se presentó normalmente a trabajar desde las 9 de la mañana.

Fue hasta que se asomó y accedió a hacer declaraciones a la prensa cuando el fiscal, desde su oficina, en el extremo opuesto, lo vio y se acercó a él para notificarle la orden de presentación en su contra, donde se le cita por "actos constitutivos de delito en el ejercicio indebido del servicio público y lo que resulte".

"¡La orden es inconducente! -replicó Cosío-. Para ello debí primero haber sido citado a declarar y no he recibido ningún citatorio. Si yo no acudo se debe girar orden de presentación, que es una medida de apremio. Es inconducente, nunca me he negado a declarar".

Cosío exigió que los policías judiciales, unos 12, con armas, quienes desde temprano hacían guardia dentro y fuera del inmueble que alberga a la fiscalía y a las agencias 30 y 11 del MP, no lo detuvieran, pues se presentaría de manera voluntaria a declarar, una vez que llegara su abogado. Pidió además que fuera sellada su oficina, pues se iba a ausentar y había dentro documentos importantes.

Cosío indicó que llegó a la agencia 30 como encargado, el 2 de mayo pasado, y antes había estado en la agencia 9 bis, de Miguel Hidalgo, por lo que no conoce a Díaz Beltrán, quien trabaja en la PGJDF desde 1992, ni a los oficiales secretarios José Luis Islas y Salvador Aguirre, quienes ingresaron también ese año, mientras Rodrigo Olivar en 1979, y Carlos Herrera en 1988.

También fue removido el titular de la agencia 11 investigadora, Ricardo Ramírez Herrera, quien inició la averiguación previa del triple homicidio, el 29 de mayo, y contra quien se giró orden de presentación. En su lugar se nombró a Juan García Romero. Al cierre de la edición, el ex fiscal en Miguel Hidalgo Alberto Valle Gay, quien renunció al cargo después de que La Jornada dio a conocer el robo de las pruebas balísticas, no se había presentado a declarar, aun cuando estaba citado para que se presentara ayer.

Por su parte, el procurador Bernardo Bátiz dijo que siguen sin aparecer las pruebas que sustrajeron los presuntos implicados, por lo que se seguirá investigando a fondo para dar con su paradero, pues su falta dificulta los estudios periciales. Expresó que hay la posibilidad de que los implicados en el caso puedan fugarse de nueva cuenta al quedar libres, por lo que se establecerá vigilancia especial sobre ellos.

"De siempre", penetración del hampa: Canales

El director de la Policía Judicial del Distrito Federal (PJDF), Damián Canales, reconoció que la penetración del crimen organizado en las instituciones de procuración de justicia "siempre ha sucedido".

Al referirse al caso de los hermanos Carrola, informó que existe mayor atención a las actuaciones del director ejecutivo de administración y finanzas, así como del coordinador de la Policía Judicial capitalina, Jesús Leyva Aguilar y Treglio Cadena, ya que ambos ingresaron a la PJDF el mismo día en que llegó a esa dependencia Jesús Carrola, quien fuera asesinado recientemente con dos de sus hermanos.

El funcionario capitalino señaló que en esa dependencia, como en todas las de su tipo, "existen empleados desleales", por lo que se "está combatiendo este tipo de irregularidades poniendo en conocimiento al Ministerio Público".

Sin embargo, no pudo precisar la cifra de cuántos agentes han sido dados de baja en lo que va de la presente administración, aunque aseguró que cuando se detecta alguna conducta ilícita se da vista al Ministerio Público y también al Consejo de Honor y Justicia de la corporación, quien determina si corresponde una suspensión o la destitución, según sea el caso.

En referencia a si Jesús Carrola poseía influencia, aun después de su renuncia, dijo que sí, que a su llegada a la jefatura de la policía judicial "efectivamente había unas personas que se quedaron y que ingresaron desde el 5 de diciembre de 1997, por lo que yo he estado muy pendiente de su actuar".

Sin embargo, Canales dijo que "no por el hecho de haber entrado en esa fecha podría implicárseles en alguna relación delictiva con esos señores".

Sostuvo que esta vigilancia laboral no es "desconfianza, porque si ese fuera el caso ya habría tomado las medidas pertinentes".

Al cuestionársele al funcionario sobre quiénes son esos elementos, dijo: "estamos hablando del licenciado Jesús Leyva Aguilar y del comandante Treglio Cadena; uno de ellos es director ejecutivo de administración de la Policía Judicial del Distrito Federal y el otro es el coordinador de la PJ en abatimiento de rezagos". GUSTAVO CASTILLO GARCIA