sabado Ť 16 Ť junio Ť 2001
Jaime Martínez Veloz
Los días de la ruptura
El gobierno de Vicente Fox no oculta ya sus intenciones y se prepara para llevarnos a una grave confrontación nacional. Estaremos por ver el resultado de una reforma constitucional que tiene su semilla en la reforma del artículo 27, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Fox y su equipo son sinceros: "no sólo no pensamos que está mal la reforma indígena, sino impulsaremos una iniciativa de ley reglamentaria" que permita a las autoridades ingresar al territorio en conflicto para "llevar beneficios a las comunidades" (coordinador presidencial para la Alianza Ciudadana, Rodolfo Elizondo, 5 de junio).
El funcionario foxista confirma lo que ya había declarado el comisionado para la paz, Luis H. Alvarez: el gobierno prepara leyes reglamentarias de la ley aprobada (17 mayo). Unos días antes, el obispo Samuel Ruiz, quien a veces parece olvidarse que su voz es desde el principio un argumento de la rebelión indígena, declara: el sistema tiene en mente el exterminio de las etnias (9 de mayo).
La maquinaria que se ha echado a andar no augura nada bueno. La transición mexicana parece no solamente detenerse, sino manifestar su fragilidad como proceso de logros colectivos y nacionales. Para el Presidente de la República Chiapas es tema terminado, pues el pasado 20 de mayo dijo: la ley aprobada los dignifica (a los grupos étnicos).
El que el EZLN y el CNI no hayan aceptado la ley, es asunto -dijo Elizondo- que el Ejecutivo no puede resolver.
La ley indígena es crucial para el presente y el futuro de México. Por lo pronto divide a los mexicanos, pues aunque se logre la aprobación de los 16 congresos locales que requiere la iniciativa para aprobarse está dibujado un mapa que manifiesta una oposición al modelo neoliberal, que por lo pronto -como lo reveló un sacerdote jesuita con 37 años de trabajo en la selva (Mardonio Morales. 28 de mayo)- con la ley aprobada se canceló la única vía que se había encontrado para poner freno al despojo y la destrucción de selva Lacandona.
Es una presión intolerable a la que se está sometiendo a los pueblos indígenas y a la sociedad civil que se ha puesto de su lado, como lo demostró la Marcha de la Dignidad de marzo.
El gobierno y su hegemonía parlamentaria hablan de paz cuando el CNI vuelve a hablar de guerra. La suspensión del diálogo es un silencio habitado por la guerra. Canacintra anuncia la posible retracción de las inversiones en Chiapas (2 de mayo). El gobernador Salazar Mendiguchía señala el alejamiento de la paz (5 de mayo). El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) llama a los pueblos y organizaciones indígenas a preparar declaratorias de municipios autónomos por la vía del hecho (7 de mayo). Carlos Montemayor declara que con su actitud, los legisladores le dan razón de ser política e históricamente a la lucha armada. Analistas consideran en 100 los grupos clandestinos en el país.
Para Fox la ecuación es sencilla desde el 28 de abril, que se aprueba la ley indígena. Concluye el conflicto armado, declara.
Un escenario complejo, inesperado por lo que de negación a la esperanza tiene. El PRD se fractura éticamente. Un error táctico, reconoce el PRD, respecto al voto de sus senadores a favor de la ley. ƑSerá? ƑCómo está permeada de racismo y autoritarismo la elite de la izquierda del país? Sodi de la Tijera no oculta su conciencia, señala: prácticamente no existen los pueblos indios y son pocos los que mantienen su organización (10 de mayo). Es como si diera el banderazo de salida a la jauría de gerentes y virtuosos de la construcción de índices para el registro, el diagnóstico y la ejecución de planes y programas que beneficiarán a la población... increíble palabra que denuncia el desmantelamiento del Estado que penosamente se construyó en orientación al beneficio social. Ese es el cambio, lo mismo, pero sin nada.
Jesús Ortega y Martí Batres, coordinadores parlamentarios del PRD en las cámaras respectivas, senadores y diputados, ilustran dos caras de un PRD naufragante en la presentación de valores alternativos a lo más de lo mismo, pero sin nada.
El discurso de Batres salva por su apasionamiento y honestidad; sin embargo, el 16 de mayo, cuando presenta nuevamente en el pleno de la cámara la ley Cocopa, parece un acto de gran soledad. Ya se disparó un proceso que es previsible entierre a la Cocopa, comisión imposibilitada para establecer un nuevo puente con el EZLN, que ha sido orillado a una actitud que no podemos aún vislumbrar.
La espina dorsal de los indígenas, decenas de organizaciones como COAO, CNMI, CIPO, CON, APICA, APIMO, de etnias de diversas regiones del país, dejan constancia de su rechazo a la ley. El gobernador de Oaxaca, José Murat, denuncia que se trata de una ley clasista y racista.
Los resultados de los Foros de Consulta Ciudadana de los Pueblos Indios de México (21 de mayo), organizados por el INI, refrendan lo que se ha visto en todos los foros y consultas realizados: no más trato a los indígenas como ciudadanos de segunda.
E inicia el conteo: Aprobación: Veracruz (24 de mayo), Aguascalientes, Puebla y Colima (30 de mayo). Y en contra, el Congreso de Querétaro (22 de mayo), Oaxaca y Zacatecas (5 de junio)...
En fin, una crónica que puede ser leída de atrás para adelante, como la de una catástrofe anunciada. Ť