Ť Hina Jilani, relatora de la ONU, en la reunión de dirigentes de ONG de la región

Los gobiernos de América Latina deben reconocer el derecho de los indígenas a explotar sus recursos

Ť "Es importante que se consulte a la población afectada al aplicar los modelos de desarrollo adoptados por los Estados", señala Ť Difícil, la situación de promotores sociales en el área

VICTOR BALLINAS

Los gobiernos de América Latina deben reconocer en los movimientos indígenas su lucha por la dignidad, aseveró ayer la relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Defensores de los Derechos Humanos, Hina Jilani. Agregó que "la marginación de esas comunidades es la limitación y la negación más grave al derecho a la participación y a su cultura". Y afirmó que "su derecho a la explotación de sus recursos debe ser reconocido".

En conferencia de prensa, la representante personal del secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo que debía reconocer que entre las diferentes cuestiones que le competen a los defensores de los derechos humanos, "sobresale que los derechos económicos y sociales están en riesgo, especialmente en esta región".

Por ello, abundó, la promoción de estos derechos es de la mayor preocupación de los dirigentes de organizaciones no gubernamentales. En ese contexto, dijo, "es importante que los modelo de desarrollo adoptados por los Estados se implementen no sólo con la consulta a las ONG sino también a la población que será afectada por esas políticas económicas".

La relatora expuso que en la región, los defensores de los derechos humanos -dirigentes de ONG- trabajan en un contexto muy difícil. En seguida detalló las violaciones a las que son sometidos los mencionados activistas sociales: "Son tan amplias y variadas, que comienzan con la muerte, el hostigamientos de todo tipo, intimidación, asesinato, arresto, persecución, desaparición, detenciones arbitrarias, campañas de difamación por parte del gobierno, y por gente que no es del Estado".

"Estas violaciones son suficientemente graves para que todas las partes interesadas en la defensa de los derechos humanos hagan algo al respecto", señaló.

Han empeorado las condiciones

A su vez, en la Declaración Final de la Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos 2001, Morris Tidball-Binz subrayó que durante los trabajos de la sesión se constató que la seguridad de los defensores y los riesgos asumidos en sus funciones han empeorado en países como Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Guatemala -en que la gravedad es alarmante-; Honduras, Costa Rica, Argentina y Colombia, en donde en estos tres días se incrementó el número de defensores de derechos humanos asesinados, al pasar de 46 al inicio de la semana, a un total de 52 -en tres días se sumaron seis muertos a la lista-.

Añade la declaración de los promotores sociales: "Constatamos con grave preocupación que en buena parte de la región existe una marcada tendencia a la militarización como respuesta a las situaciones de crisis social y política. En particular, nos preocupa el impacto regional de la agudización del conflicto armado colombiano, en el marco de la implementación del Plan Colombia, promovido por el gobierno de dicho país y aprobado por el Congreso de Estados Unidos, que es acompañado por situaciones de desplazamiento masivo y refugio de las poblaciones, y por un gravísimo deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos".

Además, subrayan ?en la declaración final?, "notamos en una buena parte de la región un debilitamiento del estado de derecho, dando lugar a niveles crecientes y alarmantes de corrupción, erosión de las instituciones y prácticas criminales, incluyendo ataques contra defensores".

En materia de administración de justicia en la región prevalece "una absoluta y grave impunidad para las violaciones de los derechos humanos, y se ha incrementado la utilización, por parte de los Estados, de las instituciones responsables de procuración y administración e impartición de justicia para coartar la labor de los defensores, incluyendo el espionaje electrónico e intervenciones telefónicas por un lado, y la apertura de causas penales contra activistas, por otro".

Plan de acción común

Los dirigentes de ONG de 18 países de América Latina y el Caribe, que del 13 al 15 de este mes se reunieron en el Distrito Federal para discutir, analizar y elaborar un plan de acción que garantice el cumplimiento de los derechos humanos para los defensores, resaltaron que "en esta consulta (latinoamericana), constatamos con gravísima preocupación la realidad de las palabras del secretario general de la ONU ?cuando señaló que los defensores suelen ser las primeras víctimas de las violaciones perpetradas por funcionarios públicos o entidades privadas?, en el continente americano, donde la seguridad de los defensores y su labor continúa enfrentando gravísimos riesgos, que se han incrementado dramáticamente en varios países".

En el plan de acción que acordaron las ONG participantes en la consulta se señala que "ante la gravedad de la situación por la que atraviesan los defensores de derechos humanos en la región, urgimos a la representante especial del secretario general sobre la cuestión de los defensores, Hina Jilani, a "institucionalizar periódicamente un proceso de consultas con la sociedad civil organizada en la región; garantizar la continuidad de la cooperación y la coordinación de labores con el movimiento de derechos humanos; fortalecer el mecanismo de acciones urgentes y comunicaciones de modo de brindar protección efectiva; realizar un informe especial sobre el impacto de la impunidad y otro sobre la coartación de la libertad de asociación en el trabajo de los defensores".

Entre las acciones que los gobiernos de la región deben realizar ante el rezago en materia de protección a los derechos de los defensores, se señala el reconocer la legitimidad y el valor de su trabajo; aplicar efectivamente la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos; apoyar el mandato y cooperar diligentemente con la representante especial sobre defensores.

ONU y ONG, preocupados por la creciente militarización

Hina Jilani subrayó que en la ONU y en las ONG de América Latina, una constante preocupación es la creciente militarización, no sólo de esta área geográfica, sino de otras partes del mundo.

Esta situación, coincidieron en conferencias por separado, tanto Jilani como los dirigentes de las ONG latinoamericanas, "representa riesgos muy serios para los defensores".

Estos subrayaron que "la militarización es impulsada por gobiernos latinoamericanos y apoyada por Estados Unidos con el argumento de la doctrina de la seguridad nacional. Esta situación que se registra en varios países de la región no le es ajena a México, donde incluso, como en otros países, el blanco son los defensores de los derechos humanos".

Jilani puntualizó que "ninguna cuestión de seguridad nacional puede socavar los derechos humanos", por lo que instó a las ONG a fomentar el crecimiento de las redes de protección de los derechos humanos y a mantenerse en contacto e informados de la situación.

Carlos Rodríguez Mejía, de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que en su país están muy preocupados por la militarización, porque esto va a hacer que se incrementen las violaciones a los derechos humanos. "Se retoma la idea de la doctrina de seguridad nacional, e incluso se instaura una ley, que la ponen por encima del poder civil. Esta situación lleva a un debilitamiento del estado de derecho, pues la democracia se fortalece cuando hay independencia del sistema de justicia".