Ť Hasta 95% de ingresos estatales son de participaciones federales, advierten en BCS
Fin a centralismo tributario, pide la Anago
Ť López Obrador se suma a la propuesta de Miguel Alemán de gravar ganancias bursátiles y capital especulativo Ť El mandatario de Zacatecas, por la creación de sólo cinco impuestos
ROSA ELVIRA VARGAS Y PEDRO JUAREZ M. ENVIADA Y CORRESPONSAL
Cabo San Lucas, BCS, 15 de junio. Más allá del rechazo a la eliminación de la tasa cero de IVA en medicinas, alimentos y colegiaturas, los gobernadores que elaboran una propuesta fiscal alternativa a la del gobierno de Vicente Fox han decidido lanzarse en pos de un nuevo federalismo fiscal que les conceda mayores potestades tributarias. La evidencia de que en algunas entidades hasta 95 por ciento de sus ingresos provienen de las participaciones federales, esto es, de decisiones centralistas, podría ser la clave para unificar a los ejecutivos estatales de todo signo partidista.
En la segunda reunión promovida por la Asociación Nacional de Gobernadores (Anago), la conclusión fue que el tiempo apremia, y ante la posibilidad de que el gobierno federal busque impulsar en agosto la aprobación de su propuesta hacendaria, los gobernadores, sobre todo de PRD y PRI, insistieron en la necesidad de diseñar una propuesta común alternativa a la cual no descartan se sume el PAN.
De hecho, plantean que la reunión nacional de gobernadores sea, a más tardar, en 15 días.
Blanquiazules ausentes
Hoy, sin embargo, no se presentó al encuentro ningún gobernador panista, y ni el propio Fernando Canales Clariond, de Nuevo León -quien en la reunión de Tlaxcala de principios de mayo acudió personalmente para presentar su propuesta y era de los más presurosos por convencer a sus homólogos-, envió al menos un representante. De los gobiernos blanquiazules, sólo Guanajuato mandó al titular de Finanzas.
Estuvieron, sí, el jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya; de Zacatecas, Ricardo Monreal, y el anfitrión Leonel Cota Montaño, así como el coordinador de los senadores perredistas, Jesús Ortega. Del PRI llegó Armando López Nogales, de Sonora, y Veracruz trajo la propuesta del gobernador Miguel Alemán que, paradójicamente, por venir de un político empresario, ha sido la más audaz del tricolor.
La iniciativa veracruzana y la zacatecana plantean la necesidad de eliminar las ''centralistas prohibiciones'' para que los estados adquieran responsabilidades fiscales.
En términos más llanos, Cota Montaño dijo que la iniciativa hacendaria de Fox es ''profundamente centralista'' y se mantiene en la misma línea del pasado de no conceder espacios a los gobiernos locales. ''Hasta hoy, dijo, no veo la menor voluntad federal para caminar en una propuesta de reforma profunda que pueda marcar las diferencias con el pasado''.
Porque el problema de Baja California Sur no se constriñe al terreno de lo tributario. El gobernador se refirió al ''centralismo regulatorio'', que lo mismo opera en la reforma agraria, el agua, el medio ambiente, los recursos naturales y la pesca, donde ''la administración y el uso de esos recursos, al estar condicionados por la normatividad y el burocratismo del centro, retrasan significativamente desarrollos que son posibles y necesarios en las regiones del país''.
Zacatecas ilustró también el fenómeno. Hoy, 96 por ciento de la tributación nacional se concentra en el gobierno central y deja a las administraciones locales sólo 4 por ciento de ella.
En la iniciativa de Veracruz se propone reformar los artículos 73 y 116 constitucionales para que sea facultad de los estados gravar el aprovechamiento, la producción, la explotación, la extracción y el suministro de la venta que se realice en los territorios de petróleo e hidrocarburos, gasolina, minería y energía eléctrica, así como la producción y venta de gasolinas y bebidas alcohólicas. Además, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el gravamen al consumo.
Por su parte, Zacatecas plantea resumir el sistema impositivo fiscal en sólo cinco fuentes, donde quedarían para competencia federal los impuestos a la renta, el comercio exterior y la producción de bienes y servicios; a los estados el impuesto al consumo y, concurrente con los municipios, los gravámenes a la propiedad.
López Obrador se sumó a la iniciativa de Veracruz de gravar las ganancias del capital, porque no es posible, como lo contempla la iniciativa del gobierno federal, ''básicamente cobrar impuestos a los pobres y a las clases medias, y exentar a los que tienen más ingresos en el país. Esto no se puede permitir''. Indicó entonces que también vio ''con buenos ojos'' la propuesta del empresario Carlos Slim de subir la tasa en artículos de lujo y no hacerlo en alimentos y medicinas.
Añadió que no se puede hablar de una reforma fiscal si no se da una revisión del mecanismo de cobro de impuestos, aquella debe ser progresiva que beneficie a los gobiernos locales para que estén en condiciones de enfrentar crisis económicas como las que hoy vive la hacienda federal con una caída en la recaudación.
El crecimiento económico que se ha alcanzado hasta ahora, apuntó el mandatario capitalino, es muy inferior al del año pasado (contra lo que se ofreció en la campaña de Vicente Fox) y se han perdido 400 mil puestos de trabajo. Si esta situación continúa no se va a poder cumplir con la meta que se planteó la Federación de un millón de empleos al año sino que se perderán muchos que ya se tenían.
''Por eso se requiere más libertad para que los estados puedan tener recursos y reactivar su economía y mitigar los efectos'' de las caídas recurrentes en las finanzas públicas, apuntó.
En la perspectiva de Cota Montaño el centralismo es causa de gran parte de los males que vive la entidad. ''Desde hace tiempo venimos padeciendo las consecuencias de esa concepción centralista. En nombre de la nación se nos impone una serie de decisiones sobre nuestros recursos naturales, sobre la zona marítimo terrestre, el mar continental y nuestro territorio insular y las islas del Golfo de California''.
Por esa vía, denunció, se suprimió el proyecto de la salinera de Guerrero Negro, se inhibe la actividad productiva de 40 por ciento del territorio del estado, declarado como zona protegida; se pretende cancelar el proyecto del delfinario en La Paz, y se prohíbe todo desarrollo turístico en las islas del Golfo. Al mismo tiempo y de manera inexplicable se autorizan permisos para la captura de cientos de miles de peces de ornato de los arrecifes de zonas protegidas.
Fue en suma, la reunión de hoy, un lamento contra las políticas centralistas. Las que operan y las que tratan de imponerse.