VIERNES Ť 15 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Jenaro Villamil

Narcopoder, la otra transición

La historia reciente del narcopoder en México inicia el 30 de mayo de 1984, cuando el columnista Manuel Buendía fue asesinado a mansalva en la capital de la República. El crimen contra Buendía comenzó a dar luz sobre una hipótesis que se confirmaría cinco años después, con la detención de Miguel Angel Félix Gallardo: el crecimiento de los cárteles se produjo como resultado del alto grado de penetración del negocio de la droga en las estructuras policiacas -algo que había empezado a documentar el propio Buendía en relación con José Antonio Zorrilla Pérez.

Al mismo tiempo, el combate al narcotráfico se convirtió, desde el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985, en una poderosa arma de presión geopolítica de Estados Unidos. La Operación Leyenda constituyó el arranque formal de la injerencia estadunidense que continúa hasta hoy, cuando la política de extradición de Washington ha presionado a las autoridades mexicanas para dar los recientes golpes contra las cabezas de los cárteles.

El problema fundamental sigue latente: desde 1994, el Observatorio Geopolítico de las Drogas estableció en su informe anual que existía el riesgo de que el Estado mexicano transitara de su condición de "gobierno sensible" al poder del narcotráfico a un "Estado bajo influencia" del narcopoder. El tercer estadio sería una especie de "Narco-estado", clasificación utilizada por el propio organismo para países como Colombia, desgarrados internamente por la miopía de Washington en el combate a los cárteles.

A siete años de distancia, y tras una serie de "golpes espectaculares" y de expedientes abiertos -los asesinatos de Buendía, Enrique Camarena, de la defensora de derechos humanos de Sinaloa, Norma Corona, del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y de los crímenes políticos ocurridos al final del sexenio salinista, etcétera-, el panorama mexicano demuestra que las variables que explican el narcopoder y su crecimiento continúan y plantean un permanente desafío para la propia transición:

a) La cultura política que permite la impunidad y la corrupción.- En cada periodo de golpes y reacomodos en la estructura del narcotráfico en México, se demuestra que el alto grado de penetración y colusión de los capos con los cuerpos policiacos, judiciales y militares es algo que trasciende a la anécdota o al dato personal. Es un proceso estructural. Es un fenómeno que se agudiza en la medida que existe una crisis de mando y continuidad en estos organismos. Es ya una cultura en la medida que existen usos y costumbres que permiten a los mandos altos y medios jugar el doble papel de perseguidores e implicados.

b) Una estructura política debilitada con la caída del régimen priísta y la persistencia de cacicazgos regionales.- En la medida que existe una lógica de poder autoritario, existe mayor facilidad para "penetrar" el alto mando político o regional. El autoritarismo de baja y alta escala ha operado como el mejor agente permeabilizador del narcotráfico. La historia de Ramón Alcides Magaña y sus vínculos con Mario Villanueva confirman este fenómeno, que se reproduce y se repite en todo el país. De hecho, prácticamente todos los cárteles han orbitado en torno a un cacique fundador que, en su doble carácter de jefe económico y jefe político de la droga, centraliza las decisiones, realiza alianzas con capos similares e incluso llega a sustituir al propio poder civil en la toma de decisiones de sus zonas de control o establece "pactos" de mutuo beneficio.

La ausencia de una auténtica transición democrática y las consecuencias del desmembramiento de la estructura priísta facilitan la reproducción de modelos de narcopoder regionales con un alto grado de sofisticación tecnológica y una gran capacidad para adaptarse a las condiciones de la "alternancia".

c) Una mayor vulnerabilidad económica y diplomática de México frente a las presiones de Estados Unidos.- La llamada "guerra al narcotráfico" en México coincide con el periodo de crisis del modelo económico de Estado benefactor y la implantación del modelo de privatización, de libre comercio y, por consiguiente, de mayor vulnerabilidad diplomática y económica frente a Estados Unidos. El caso colombiano demuestra que, en la medida que un Estado nacional se vuelve más vulnerable frente a las presiones de Washington para combatir unilateralmente al narcopoder, se generan resistencias nacionales, se incrementa la corrupción en las estructuras policiacas, se crean resistencias en los altos mandos militares y se producen vendettas y crímenes que alientan el caldo de cultivo del narcopoder: la inestabilidad política y la debilidad frente al exterior.

Desde la época de Carlos Salinas de Gortari se demostró en México que los "golpes espectaculares" contra grandes o medianos capos de la droga era una política errática si no se acompañaba de una estrategia diplomática y económica distintas, para frenar la vulnerabilidad frente a las presiones de Estados Unidos. También demostró que el narcopoder, lejos de aminorar, simplemente se reinventaba, escalaba a más altos niveles de decisión política y lograba capitalizar las propias rutas que el libre comercio le abría para el jugoso negocio que representa el alto nivel de consumo estadunidense.