Ť Piden analistas reformas a la educación superior

De $100 mil millones, déficit en universidades por jubilaciones

Ť El gasto federal para esas instituciones, estancado desde los 90; las perspectivas para este año, aún peores, señalan

JOSE GALAN

De 1991 a 1999, el gasto federal en educación superior respecto al PIB permaneció igual. Sólo en 2000 creció 10 por ciento, y las perspectivas para este año son todavía peores, aunque las instituciones educativas requieren más y mejor financiamiento para hacer frente a sus compromisos, incluyendo el aspecto laboral, coincidieron académicos e investigadores participantes en el foro Políticas públicas para la educación superior, organizado por la Universidad Iberoamericana.

Allí, el rector de la Ibero, Enrique González Torres, insistió en que la reforma a la educación superior del país debe promover la orientación de las carreras hacia las demandas sociales, no sólo a los requerimientos de los sectores económicamente fuertes, y solicitó una revisión de la calidad de las instituciones privadas de enseñanza superior.

Para el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Doger, las universidades tienen un déficit -reconocido incluso por la SEP- de cerca de 100 mil millones de pesos por concepto de jubilaciones, lo que complicará el panorama financiero y académico de las instituciones públicas de educación superior para los próximos años.

Luego de repasar la ruta histórica de la inversión federal en las universidades en los últimos 10 años, Doger Guerrero sostuvo que la situación financiera de las instituciones públicas es "preocupante", ya que en este año se les destinaron sólo 18 mil millones de pesos -mil 800 millones de dólares-, y explicó que hasta ahora, de cada 100 pesos, las escuelas públicas dedican 90 sólo a salarios, mientras que el resto de sus actividades sustantivas se debe mantener con los 10 pesos restantes.

"En pesos constantes se mantuvo el gasto en educación superior respecto al PIB. En 1991 fue de 0.46 por ciento, y en 1999 de 0.48. El año en que quizá creció más fue en 1996, cuando subió a 0.66 por ciento, pero en promedio se mantuvo", dijo. "Fue en 2000 cuando el gasto sólo subió 10 por ciento, para fijarse en un promedio de 0.50 por ciento. En 1995 fue de 18.3 por ciento para la educación superior, pero en 1999 disminuyó a 15 por ciento".

Eduardo Cetina, director general de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, reconoció que las instituciones públicas requieren "varias decenas de miles de millones de pesos para atender el problema de los jubilados. "Existe plena conciencia de que se debe atacar el problema, pero no se requiere de inyectar mayores recursos, sino de encontrar soluciones imaginativas, como restructurar las relaciones laborales entre autoridades universitarias y académicos".

Para el funcionario federal, la presencia de Reyes Tamez Guerra, ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y de Julio Rubio, ex secretario general ejecutivo de la ANUIES y ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la SEP "garantiza la continuidad", pero reconoció que la enseñanza superior pública "no está suficientemente integrada. Además, hay deficiencias en la planeación, y la calidad todavía es insuficiente. Por ello, la política central de la SEP es incrementar la calidad".

Para Enrique González Torres, a pesar del incremento en la matrícula universitaria, que pasó de 632 mil alumnos en 1980 a un millón 73 mil en 1999, lo que representa un crecimiento de casi 50 por ciento, la posibilidad de acceder a la educación superior y de permanecer en ella se distribuyeron desigualmente entre los diversos sectores sociales y las diferentes regiones del país.

Cuarenta y cinco por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años que viven en zonas urbanas y pertenecen a familias de ingresos altos están matriculados en ese nivel educativo. En cambio, sólo 8 por ciento de los jóvenes de esas edades, pertenecientes al sector rural y de familias de ingresos bajos están en la universidad. Por otra parte, 11 por ciento de los jóvenes urbanos de esas edades con ingresos familiares de nivel medio tienen acceso a la universidad, y sólo 3 por ciento de esa misma edad que viven en zonas rurales y cuyas familias obtienen ingresos del mismo nivel están matriculados.