VIERNES Ť 15 Ť JUNIO Ť 2001
Nora Patricia Jara
Embate de la derecha contra Rosario Robles
La ex jefa de Gobierno de la ciudad de México, Rosario Robles Berlanga, apareció hace unos días ante los medios de comunicación aludiendo argumentos de género, con el fin de responder a una campaña partidaria con rostro blanquiazul para desprestigiar al primer gobierno democrático de esta capital.
En su defensa, la ex funcionaria argumentó haber gobernado con honradez y dignidad, justificó su derecho de consumidor de contratar una empresa de medios, no para vender un producto sino para difundir la imagen de un proyecto político que era asediado por sus detractores. Además señaló que optó por retribuir el talento que en este caso resultó positivo para la imagen de su gobierno, y en forma específica destacó el ejercicio de su administración, mismo que gobernó "sin concesiones los derechos de las mujeres".
Las palabras de Rosario Robles a algunos les sonaron poco originales y otros afirman que el hecho de que sea mujer no tiene nada que ver con el escándalo que protagoniza. Si bien los jóvenes asambleístas de Acción Nacional niegan, al igual que su dirigencia en esta capital, que los ataques en su contra y las demandas penales respondan a venganzas políticas, a la misoginia o la misandria; es cierto también que sus reproches van más allá de la actuación administrativa de la perredista. No es casual que Rosario Robles ponga en la mesa de su defensa la condición de mujer, ya que en su gestión en el gobierno capitalino se aprobaron diversas medidas que pugnan por favorecer la calidad de vida de las mujeres; entre ellas se encuentra la llamada ley Robles.
En esa reforma aprobada por la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa del DF se despenaliza el aborto por malformaciones congénitas, riesgos en la salud de la madre o el aborto incompleto; además de autorizar al Ministerio Público a ordenar la realización de un aborto y a los médicos del sector salud a practicarlo. Dicha ley se interpretó en su momento como una respuesta oportuna a los intentos de sectores de la ultraderecha por penalizar y castigar a las mujeres que se someten a un aborto, aun cuando el producto sea de una violación; ahí están las avanzadas panistas en los congresos estatales de Guanajuato y Nuevo León. Para muchas mujeres los ataques contra Rosario van más allá de los alcances jurídicos y morales que sostienen partidos como Acción Nacional y el Verde Ecologista; representan la ocasión para declarar inconstitucionales las reformas realizadas a su favor en la ciudad de México.
En los esfuerzos por desacreditar el liderazgo de la militante perredista, los panistas encuentran hasta hoy sólo argumentos moralinos y no encaran las críticas y el descontento de sus votantes por llevar a la representación popular a diputados locales como Francisco Solís, conocido por sus incursiones en los principales antros y table dance de esta capital y que al grito de "štubo, tubo!", se convence noche a noche de rescatar la vida nocturna, siempre y cuando la francachela la paguen los impuestos de los ciudadanos.
Y qué decir del flamante delegado en Miguel Hidalgo, el de nombre impronunciable, que recibió un millón de pesos de un "supuesto donante" que había pagado esa cantidad para abrir el antro de su propiedad; en este caso el dinero fue a parar a una buena causa en la demarcación, pero la opaca el oscuro origen de los recursos.
Es una lástima que la tarea de transparentar los gastos de la administración pública en la ciudad de México esté sujeta a intereses político-partidistas y a señalamientos de doble moral. Estamos de acuerdo en que una de las prerrogativas de la democracia es el derecho de los ciudadanos a saber en qué, cuándo y dónde se gastan los dineros del erario público, en los gobiernos perredistas o panistas. Para eso son las auditorías que regularmente se aplican en la administración pública, a las cuales tienen acceso las fracciones parlamentarias de la ALDF a través de la evaluación que realiza la Contraloría General del Distrito Federal, a cargo de Bertha Luján, y que todavía no termina la revisión de la Cuenta Pública de la gestión Robles.
A la luz de manipulaciones e interpretaciones falaces de quienes tienen acceso a esta información, debiera, antes que a sus intereses, servir para el análisis de los legisladores y no como entramado para el escarnio y los linchamientos prematuros que se usan para distraer a la opinión pública de los verdaderos retos que hay que atender en la gran urbe.
De aquí la urgente necesidad de reducir los tiempos de revisión de la famosa Cuenta Pública, que recién ha servido más como un ajuste de cuentas que como un proceso fiscalizador del gasto al servicio ciudadano.