viernes Ť 15 Ť junio Ť 2001

Alejandro Zapata

Rumbo al acuerdo social

Hace algunos años comenzó el agotamiento del sistema político mexicano, dando pauta al inicio de un proceso de transición. La disyuntiva presentada era romper con una hegemonía entre el PRI y el gobierno, terminar con un partido de Estado y abrir los cauces para una pluralidad democrática. Ahora podemos afirmar que esa parte fue superada el pasado 2 de julio. Las reglas impuestas durante muchas décadas son ahora registros históricos. Sin embargo, con lo anterior no podemos afirmar la terminación de la etapa transicional, sino su fase de consolidación.

Regularmente, se señala que las transiciones tienen por objetivo un cambio en el sistema político, y en el caso mexicano se da en lo relativo a las reglas no escritas, es decir, para este efecto no existió necesidad de reforma alguna. Por otra parte, tampoco se trata solamente de cuestiones de carácter electoral; estamos conscientes de que es uno de los temas a tratar ineludiblemente, pues en los últimos años el sistema de partidos políticos se ha visto fortalecido y aún quedan pendientes temas por abordar.

Se destaca la relación Estado-sociedad, el reconocimiento de la pluralidad. Pero también lo concerniente a rencores, recelos y resentimientos sociales, derivados de múltiples excesos en el ejercicio de la autoridad. Sale a relucir la especulación de buscar en el pasado culpables o bien olvidar esos episodios para evitar conflictos. Por un lado, se pagaría una deuda social; por otro se podría dar estabilidad a la transición. Difícilmente se podría establecer un criterio general en este apartado, de tal manera que no es conveniente operar por rencores ni tampoco prohijar la impunidad. Ambas posturas son destructivas y precisamente debemos encontrar la unidad en lo esencial.

En la realidad mexicana observamos una composición sin mayorías absolutas en el Congreso de la Unión, un Poder Judicial cada vez más autónomo y un Ejecutivo Federal con amplia legitimidad.

En consecuencia, podemos afirmar que en buena medida se han alcanzado los objetivos principales de la transición. Sin embargo, aún no acaba de construirse el piso para consolidarla y avanzar en las profundas reformas que requiere el Estado.

Nos encontramos inmersos en un impasse en tanto se encuentren los momentos propicios para delinear acuerdos marco que permitan establecer una relación de las fuerzas políticas y sociales.

Esta parte se ha demorado por las indefiniciones de dos de las tres principales fuerzas políticas (PRI y PRD), que no han terminado sus transformaciones y ajustes a las nuevas circunstancias.

El PRI inició una etapa de reacomodos y evidentes desplazamientos con escenarios electorales poco alentadores. Si bien hizo un ejercicio poco común para la elección de su secretario general, ha dejado de lado el punto de la identidad ideológica y su propuesta.

El de la Revolución Democrática tiene luchas intestinas cruentas por el poder interno. En su pasado congreso en la ciudad de Zacatecas se evidenciaron dos posturas: la de los duros, aquellos opositores sistemáticos, y los moderados, que impulsan puentes, debate y acuerdos de gobernabilidad. En relación a su posición ideológica, el PRD cuenta con serios problemas, pues surgió de una coyuntura que aglutinó varias corrientes de pensamiento de izquierda con priístas resentidos y, por lo tanto, sus límites son posturas de convergencia para evitar mayores confrontaciones de las que ya tiene.

Asimismo, no pueden dejarse de lado, en tanto que PRI y PRD terminan de solucionar sus conflictos internos, la existencia e inquietudes de la sociedad mexicana, que exige y reclama certidumbre, gobernabilidad, desarrollo, participación y corresponsabilidad.

Lo anterior implica que en el terreno de los hechos la ciudadanía vaya caminando más rápido que los partidos políticos, y bajo esa dinámica no solamente se vean rebasados sino adicionalmente resulten hasta un obstáculo en el desarrollo del país.

Por lo tanto, los tiempos y los momentos actuales deben ir acompañados por acciones y respuestas oportunas. Es fundamental el establecimiento de un piso que, bajo esquemas de convivencia democrática, permita un diseño de políticas públicas encaminado al mejoramiento de la sociedad y de la vida pública del país.

El Ejecutivo federal vuelve a poner sobre la mesa, a través del Plan Nacional de Desarrollo, elementos base para un acuerdo social y político, fundamentado en un esquema cuya directriz se ubica en el desarrollo humano, en la democracia participativa, en la transparencia, en la honestidad, en la economía con responsabilidad social y en un país de leyes. Estos principios rectores provienen de valores universales, y seguramente podrán existir diferencias para el debate en lo concerniente a las estrategias a seguir, no así en su fondo.

Uno de los puntos torales debe ser el análisis de las experiencias pasadas, en las que hubo concentración de poder, enorme corrupción y gran inseguridad, rodeado de impunidad, incertidumbre y extravío de valores. A ese punto ya no se debe regresar, y todos estamos conscientes de ello; por otro lado, se tiene que fijar un rumbo precisamente combatiendo esas debilidades y vigorizando las instituciones.

El acuerdo social al que debemos llegar tendrá que basarse en el diálogo, el entendimiento común y el respeto a lo pactado. Sólo de esta manera dejaremos atrás las debilidades institucionales que nos heredaron siete décadas de un partido en el poder.