VIERNES Ť 15 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Director de una ONG con sede en Ginebra

Tidball-Binz demanda liberar a Gallardo y a los ecologistas Cabrera y Montiel

VICTOR BALLINAS

Mientras no se aclaren los casos de cientos de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales y hechos de tortura, el Estado mexicano ''tiene una deuda pendiente con la comunidad internacional y con su propio pueblo'', sostuvo el director de la oficina para defensores de derechos humanos de la organización Servicio Internacional de Derechos Humanos -con sede en Ginebra-, Morris Tidball-Binz.

Incluso, agregó, ''los compromisos internacionales, acuerdos y anuncios del presidente Vicente Fox en materia de derechos humanos, están en entredicho mientras no sean liberados el general Francisco Gallardo y los presos ecologistas, Rodolfo Cabrera y Teodoro Montiel. Su liberación es hoy, no mañana''.

Tidball-Binz, quien asiste a la Consulta Latinoamericana 2001 de Defensores de Derechos Humanos, resaltó que ''cada hora que pasa y Gallardo, Cabrera y Montiel continúan presos, es la perpetuación gravísima de la injusticia que ofende la dignidad de esas personas, de México y de la comunidad internacional''.

Entiendo, añadió, que hay una discusión sobre la creación de una comisión de la verdad. ''Hay que definir los alcances de esa comisión, pero eso le compete a los mexicanos y, en todo caso, la comunidad internacional va a seguir con mucha atención su desarrollo''.

Empero, advirtió, ''la creación de una comisión de la verdad no puede constituirse en un componente de la impunidad, en el sentido de que analice los casos, los aclare, pero sin justicia. Si eso ocurriera, se perpetuaría la impunidad que pone en grave falta al gobierno mexicano''.

Comisión de la verdad, ''sí, pero con justicia'', subrayó Tidball-Binz. Consideró que esa es una gran deuda que tiene el Estado mexicano con su pueblo y con la comunidad internacional.

El funcionario señaló que es innegable que en México la situación de los derechos humanos ha cambiado. ''Esto es algo que se debe reconocer, lo hemos recogido de ONG, con mujeres, con indígenas. Hay compromisos manifiestos del presidente Fox para incorporar la normatividad internacional en materia de derechos humanos; la política de relaciones exteriores de México lo refleja con el nombramiento de una embajadora especial para los derechos humanos y la democracia, cargo que se confirió a la dirigente de una organización no gubernamental que pugna por el respeto de los derechos humanos: Mariclaire Acosta''.

Incluso, ''para la comunidad internacional, México debe jugar un papel de liderazgo en materia de derechos humanos y en el moderno concierto de las naciones, especialmente en lo que se refiere a la región de América Latina y el Caribe''.

Sin embargo, advirtió Tidball-Binz, ''mientras personas como el general Gallardo y los ecologistas Cabrera y Montiel continúen en prisión, los acuerdos internacionales, anuncios y declaraciones del presidente Fox están en entredicho hasta que sean puestos en libertad, como la han demandado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Amnistía Internacional, organismos que los consideran presos de conciencia''.

Por otra parte, señaló que ''no es obligado crear una comisión de la verdad, lo obligatorio es investigar todas las violaciones de derechos humanos y castigar a los responsables que no han sido sancionados, y para eso se cuenta con las autoridades judiciales, con el sistema de procuración y administración de justicia''.

Explicó: ''El que el sistema de justicia mexicano haya fallado de manera taxativa y aberrante en la resolución de los casos graves (en violaciones a los derechos humanos) es una importante falta de responsabilidad del Estado para con sus habitantes y la comunidad mundial''.

En este país la impunidad es muy alta, sostuvo Tidball-Binz, quien como integrante de Amnistía Internacional fungió diez años como investigador para México. ''Hablar de la impunidad es hacerlo de un tema gravísimo, que afecta el trabajo de los propios defensores de los derechos humanos. Todos los ataques se quedan impunes y ello abre la puerta a que estos casos se puedan repetir'', dijo. Consideró que aunque la tortura todavía ocurre en México, se da ya en menor medida, pero falta sancionar a los torturadores.

Otro caso preocupante en México, concluyó, es la justicia militar, porque ''en materia de la jurisdicción que exigen para sí hay casos que deberían ser juzgados por la justicia civil, como son las violaciones a mujeres indígenas. Dejar eso a los militares es incompatible con un pleno estado de derecho''.