VIERNES Ť 15 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Sólo así se podrá desterrar la impunidad, advierte la relatora de Naciones Unidas

Pide Hina Jilani a los gobiernos voluntad para castigar violaciones a los derechos humanos

Ť La representante de Kofi Annan llama a tomar las medidas que desalienten esa práctica

VICTOR BALLINAS

La impunidad sólo se podrá desterrar con la voluntad y decisión de los gobiernos, para que los responsables de violaciones a los derechos humanos sean castigados y llevados ante la justicia, aseveró ayer la relatora de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, Hina Jilani.

El primer paso que se tiene que dar por parte del gobierno para acabar con la impunidad ''es la admisión política de que ha habido violación a derechos humanos, y señalar de manera directa a los responsables'', apuntó la también representante personal del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.

Además, abundó, el gobierno no sólo debe quedarse en la identificación del violador de derechos humanos, sino identificar los sistemas estructurales que han dado lugar a que ocurran esas violaciones, y se tiene que clarificar en acciones nada ambiguas que ''las violaciones a los derechos no son aceptables, y tomarse medidas que desalienten esa práctica''.

Entrevistada durante un receso de la Consulta Latinoamericana 2001 de Defensores de Derechos Humanos, la relatora destacó que la militarización ha sido un tema de gran preocupación en estos trabajos, y también lo es de la ONU. ''Nos preocupa la militarización no sólo en esta región, sino en varias partes del mundo, porque lo que hemos visto es que ese fenómeno tiene relación directa con un empeoramiento de la situación de violaciones a derechos humanos''.

Jilani manifestó que es necesario -''no sólo lo digo yo, sino lo han compartido otros relatores y expertos de la ONU''- que se trabaje en reformas a los sistemas jurídicos y de procuración y administración de justicia en los países, primero, para establecer su independencia, y generar entre los jueces la importancia que su papel juega en la protección de los derechos humanos, y hacerles comprender que sólo van a ser vistos como independientes por la sociedad en la medida en que protejan a la gente de las violaciones a sus derechos''.

En tanto, los representantes de los 17 países que asisten a la consulta acordaron fortalecer el papel de la relatora y al mismo tiempo elaborar un plan común de acciones que permitan la defensa de los derechos humanos ante amenazas, asesinatos, robos y allanamientos. Se discutió, entre los temas comunes, la impunidad, la necesidad de crear comisiones de la verdad, la preocupación que tienen las ONG de que se les vincule en la defensa de delincuentes, la militarización, la libertad de expresión y el acceso a los medios de comunicación.

Sobre la situación de los derechos humanos en México, los participantes en las mesas de trabajo expusieron que ''lamentablemente no podemos criticar porque México ha sido refugio para muchos latinoamericanos, pero reconocemos que ha habido casos de violaciones graves, como las desapariciones forzadas.

Hubo coincidencias -de acuerdo con el resumen que se leyó- en que los tres principales movimientos en América Latina son movimientos a favor de los derechos humanos, en defensa de la mujer y por los indígenas. Se tocó el caso de Ecuador, del que se puso como ejemplo la participación creciente de Estados Unidos en el entrenamiento militar, lo que ha contribuido a agravar la situación de los derechos humanos en ese país.

Ante ello, se comentó la conveniencia de analizar la presencia del ejército y la policía en América Latina, así como el avance de la militarización en la zona, que ha crecido con el apoyo de Estados Unidos.

Finalmente, se acordó que las ONG ''demanden a sus gobiernos cumplan con sus cuotas a la ONU para que haya recursos y los relatores puedan hacer su trabajo''. Incluso, se propuso la creación de un fondo privado para contribuir a los gastos de la relatora en sus viajes.