VIERNES Ť 15 Ť JUNIO Ť 2001

Ť En reglamentos que datan de los años 30, aún se habla de la Secretaría de Guerra

Vega García ordena revisar la legislación militar

Ť Las reformas, señalaron fuentes de la Sedena, buscan flexibilizar la labor de los soldados

JESUS ARANDA

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, dio el primer paso para restructurar los cimientos del Ejército, al ordenar la revisión de toda la legislación y reglamentos militares, la mayoría de los cuales datan de los años 30.

Para tal efecto, Vega García ordenó a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) que intensifique el análisis de la legislación castrense vigente para cambiar o modificar los preceptos legales que ya quedaron rebasados y que es necesario adecuar.

Esta disposición de cambio se le dio a conover incluso al relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados, Dato' Param Cumaraswamy, en el encuentro que sostuvo en mayo pasado con el procurador militar, general Jaime Antonio López Portillo, quien en la reunión señaló: "el instituto armado no es enemigo de los cambios; por el contrario, busca su constante evolución cuando es necesario, ya que el fin último es que las fuerzas armadas respondan a las necesidades del país, y en consecuencia, si existe necesidad de introducir cambios a la legislación, seguramente se harán".

Una vez concluida la elaboración de nuevas leyes o las modificaciones a que haya lugar, la procuraduría castrense enviará a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República su propuesta de reforma legal para que se le dé "la última pulida" y se envíe como iniciativa de ley al Congreso de la Unión.

Fuentes del Ejército confirmaron lo anterior y agregaron que la directriz del general Vega García ha sido clara en cuanto a su compromiso de cambio y modernización de las fuerzas armadas del país, sobre todo en las nuevas condiciones en las que el Ejército participa en apoyo a la seguridad pública y en contra del narcotráfico, por lo que hay más contacto con la población civil.

"El general Vega es un general joven que sabe que están dadas las condiciones para llevar a cabo una modificación sustancial a la legislación militar, en bien de la institución y del país en general", dijo un alto oficial consultado al respecto.

Incluso, señalaron los informantes, la procuraduría militar ya le entregó al alto mando su proyecto de reformas a la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), que busca mejorar las condiciones de vida de los militares pensionados, así como la calidad de los servicios médicos que reciben los soldados.

Entre las leyes que se plantea reformar destacan el Código de Justicia Militar -que data de 1934-, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, la Ley de Disciplina y la Ley de Ascensos y Recompensas. Cabe señalar que en la inmensa mayoría de las leyes y reglamentos militares se hace alusión todavía a la Secretaría de Guerra y Marina, y no a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se explicó que las reformas en cuestión buscan flexibilizar la labor de los soldados, pero sin llegar a un relajamiento de la disciplina.

Castigos severos

Por ejemplo, comentaron, la legislación actual castiga con mucha severidad faltas administrativas en que incurren los soldados, al grado de que hay veces que las tipifica como delitos. Esto implica procesos legales que bien pudieran resolverse en instancias intermedias sin necesidad de un juicio normal.

Otro ejemplo, dijeron los informantes: la ausencia en el trabajo sin causa justificada es sancionada como un delito -el de deserción- y se castiga muy severamente, cuando en tiempos de paz no sería necesaria una penalización tan drástica; también la legislación establece que un soldado no debe alejarse más de 20 kilómetros de la plaza a la que está adscrito, sin justificación, lo cual es obsoleto en las actuales circunstancias y con los medios de comunicación que existen.

Más que buscar fórmulas mágicas, se explicó, se tomará en cuenta la experiencia que hay en el ámbito de la justicia militar y del alto mando para reformar aquellos preceptos que sean obsoletos.

"Todo se va a revisar en materia de legislación castrense", dijeron los informantes.

La figura de la coadyuvancia

Como parte de la nueva política establecida por Vega García destaca la figura de la coadyuvancia, la cual está contemplada en el artículo 20 constitucional, pero que en administraciones anteriores no se aplicaba en el ámbito castrense.

Según fuentes consultadas, esta figura legal se aplicará sobre todo en denuncias hechas por civiles en contra de militares, a fin de que éstos aporten las pruebas que consideren necesarias para castigar a los presuntos responsables.

Además, la procuraduría militar ha ido más allá de lo que establece la ley, al permitirle acceso a representantes de organizaciones no gubernamentales a expedientes en proceso, e incluso a los interrogatorios de soldados acusados de algún delito.

Esto, se dijo, fue llevado a cabo en el proceso por la presunta violación de tres mujeres tzeltales en Chiapas. Está pendiente además que los familiares del teniente Orlando Muñoz, desaparecido hace más de seis años, también utilicen la coadyuvancia para refutar la posición oficial que afirma que se trató de una "deserción" y no de una "desaparición forzada", como asegura su familia.

La Defensa Nacional, informaron fuentes castrenses, como parte integrante del Poder Ejecutivo federal, y a fin de dar respuesta a los requerimientos de las organizaciones sociales, "se encuentra dispuesta a transparentar la actividad ministerial para demostrar el profesionalismo en la procuración de la justicia".

Y aunque el fuero de guerra es "un fuero de excepción", indicaron, en caso de existir anomalías por parte de aquellos militares cuya función es la procuración de justicia, se encuentran sujetos a las disposiciones jurisdiccionales, tanto militares como civiles.

Por lo que, aseguraron, en caso de existir pruebas que no hayan sido ofrecidas oportunamente al Ministerio Público y se estimen como relevantes para los asuntos en particular tratados, "se invita a entregarlas al MP, para que en ejercicio de sus facultades legales proceda al análisis de éstas y les otorgue el valor que les corresponda en la indagatoria".

La procuraduría militar, agregaron, está abierta a investigar todas las denuncias que se presenten en contra de soldados, para lo cual abre la posibilidad de la coadyuvancia a familiares y víctimas -y en casos determinados a ONG interesadas-, así como el acceso al expediente de la causa, ello con el fin de evitar actos de impunidad en el instituto armado.