El operativo de rescate de bancos privados que emprendió el gobierno pasado y cuya fiscalización impidieron, en su momento, los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, no puede permanecer más en la sombra ni en la impunidad. 

Ni siquiera el "lavado legislativo" realizado por esos dos partidos para tapar el escándalo ha podido despejar las sólidas y fundadas sospechas en el sentido de que buena parte de los 650 mil millones de pesos que ha de costarle al país el salvamento de los bancos fue cartera vencida que el Estado, por medio del Fobaproa, no debió haber asumido, ni siquiera bajo los lineamientos ideados por los regímenes de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo para complacer a los capitales financieros y especuladores, y privatizar recursos públicos de manera masiva.

El empeño de seguir escamoteando la información correspondiente a la sociedad se ha vuelto insostenible, además, ante la evidencia del excelente negocio que ha resultado el rescate bancario para los principales accionistas de Banamex, quienes, tras haber adquirido esa institución a precio de remate --en tiempos de Salinas-- y de haber obtenido ayudas gubernamentales multimillonarias --en el sexenio de Zedillo--, ahora se aprestan a venderla, con una ganancia exorbitante, a Citigroup, un conglomerado financiero extranjero que, para colmo, es señalado como una enorme lavandería internacional de dineros mal habidos: entre muchos otros, los de Raúl (o Carlos) Salinas y los de Carlos Saúl Menem.

En circunstancias en las que los legisladores priístas ya no están sujetos a la sumisión de la Presidencia, y cuando los del PAN empiezan a cobrar conciencia, desde su cercanía con el poder, del enorme boquete en las finanzas públicas que contribuyeron a legalizar y a encubrir, y que ahora se traduce en una severa atadura presupuestal para el gobierno de Vicente Fox, ambas bancadas parecen haber terminado por aceptar que se escudriñe en las cuentas del Fobaproa y se abra la información que el auditor canadiense Michael Mackey entregó a la legislatura anterior y en la que, se supone, podría hallarse datos de desvíos y de operaciones ilegales, irregulares o, cuando menos, indebidas.

La perspectiva de ese esclarecimiento resulta obligada por varias razones: en primer término, para recuperar fondos públicos que actualmente se encuentran en manos privadas; asimismo, para sancionar posibles conductas ilegales por parte de funcionarios o ex funcionarios del Fobaproa-IPAB y de banqueros o ex banqueros.

Finalmente, en los casos en los que no haya margen para recursos legales, al menos para exhibir ante la sociedad a quienes lucraron con la crisis económica del sexenio pasado y con el sufrimiento de millones de mexicanos. 

Si se logran tales objetivos, se reducirá la posibilidad de que el país vuelva a ser víctima, en el futuro, de un desfalco semejante.