JUEVES Ť 14 Ť JUNIO Ť 2001
CIUDAD PERDIDA
Miguel Angel Velázquez
Ť Hasta ahora, nada hay contra Robles
Ť Los casos de malversación, sancionados
La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibió ya el informe de auditorías correspondientes a 1999, año en el que, hasta septiembre, gobernó en la capital el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, correspondió a Rosario Robles estar al frente de la administración del Distrito Federal sólo los tres últimos meses de aquel año.
Y sí, en efecto, como se dijo en aquella reunión tan criticada entre la ex jefa de Gobierno y los miembros de la Contaduría, se pretende usar el documento para fomentar el escándalo y para hacer más fangoso aún el camino que aclare el destino de los dineros invertidos por el gobierno y la honestidad en su manejo.
En el informe queda sustentado, porque así se dice, que "no se encuentran confirmadas las irregularidades contendidas en los resultados"; es decir, las observaciones hechas no son, cuando menos hasta hora, actos fuera de la normatividad que enmarca la administración pública de la ciudad de México.
Las observaciones hechas suponen, y nada más, la posibilidad de que los recursos se hubieran ejercido fuera del marco normativo, pero no hablan de algún tipo de delito en el que pudiera haber incurrido el jefe de Gobierno.
En la búsqueda de la venganza política, se pretenden argumentos de culpabilidad antes de tener el juicio de quienes tienen que dictar sentencias, pero es necesario recordar que la ley tiene sus tiempos, sus formas, y son quienes están capacitados para hacerlo, quienes pueden emitir juicios.
Desde luego, no debe echarse a un lado la otra posibilidad, esa donde pudiera encontrarse en las observaciones hechas por la Contaduría Mayor de Hacienda a algún funcionario que indebidamente, desde una posición de poder, hubiera hecho mal uso de sus facultades y hubiera mal administrado los recursos a su cargo.
Si así fuera, los culpables tienen que dar la cara. Un ejemplo claro del asunto puede personificarse en Carlos Albert, quien debido precisamente al ejercicio indebido de sus funciones ya ha sido inhabilitado para ejercer cualquier función pública durante los próximos 10 años.
Allí, en ese caso, nadie, ni PRD ni gobierno, salieron a defender la actuación del ex funcionario encargado del fomento y las actividades deportivas en el DF. Las cosas pasaron como debían pasar y se le sancionó conforme a lo establecido en las leyes, y lo mismo podría ocurrir con otros personajes de la vida política citadina.
En el caso de la Secretaría de Salud, donde existen varias observaciones, se dice que Gustavo Baz, el hijo de aquel priísta que gobernara el estado de México en parte del gobierno de José López Portillo, tiene algunas cuentas pendientes, difíciles de explicar. Un ejemplo serían algunas obras en hospitales que nunca se realizaron; es un caso parecido al del propio Albert.
Nadie podrá defender a quien resulte responsable de malversar los dineros públicos, pero en el mismo sentido, nadie podría juzgar, por simple venganza, a quienes considera sus o su enemigo, para eso está la ley, aunque hubiera quien no la entienda.
Las tareas de un gobernante, en este caso el jefe de Gobierno, no podrían centrarse en la fiscalización de cada uno de los pasos dados por los funcionarios en quienes deposita su confianza.
Para eso, entre otras cosas, se tiene a la Asamblea Legislativa, que en su momento aprueba o no los gastos de todo tipo del gobierno, y allí como en otros muchos casos, también debería existir una amplia explicación del porqué se aprueba el cómo, el cuándo y el dónde deben ejercerse los recursos.
De cualquier forma se ha tratado de hacer creer que en 1999 también estaba como jefa de Gobierno Rosario Robles, y se han hecho creer muchas más cosas que no atentan contra la honestidad de Cárdenas ni de Robles, pero eso sí, causan el escándalo necesario para confundir la verdad con la venganza.
Así sea.
Hace un par de días en este espacio nos referimos a la ley en contra de las desapariciones forzadas y tratamos de explicar cómo el Distrito Federal fue el primero en legislar al respecto.
Lo que entonces no se explicó fue la actuación de un personaje que impulsó la aprobación de esta ley en la capital de la República. Me refiero al actual diputado Martí Batres, quien se empleó a fondo para evitar que el olvido fuera otro oprobio sobre nuestra historia.
El reconocimiento de la labor del diputado señala algo de trascendencia: cuando el trabajo es bien intencionado y pretende el bien para las mayorías, no importa incluso que sea de la Corriente de Izquierda Democrática (CID). Así sea.