JUEVES Ť 14 Ť JUNIO Ť 2001
MEXICO S.A.
Carlos Fernández-Vega
EL EXPEDIENTE FOBAPROA ha permanecido oculto por casi seis años y a lo largo del periodo se han conocido, no por concesión gubernamental, capítulos aislados de su contenido. Sólo hasta ahora, tras una serie de negociaciones entre las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, parece tomar forma la posibilidad de que los oscuros y vergonzantes secretos del rescate bancario salgan a la luz pública.
LOS ENCARGADOS de pagar la enorme y creciente factura del salvamento bancario -aquellos que habitan esta noble nación-, podrían conocer, en breve, el nombre y apellido de quienes gentilmente les endosaron la cuenta de gastos (100 mil millones de dólares) resultante del faraónico festín al que no tuvieron la cortesía de invitarlos. Saldrían a relucir los personajes (públicos y privados) que han sacado provecho del interminable flujo de recursos públicos destinados a fines privados.
CON EL EXPEDIENTE abierto y la información ordenada, se podría deslindar la responsabilidad política, moral y legal que tuvieron en este operativo algunos banqueros y empresarios, y personajes como Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz Martínez, José Angel Gurría, Martín Werner, Eduardo Fernández y Javier Arrigunaga, por citar sólo algunos de los directamente involucrados en la toma de decisiones en el caso Fobaproa.
TODO ELLO, si los integrantes de la actual legislatura, la 58, de la Cámara de Diputados deciden, finalmente, dar el paso hacia delante y abrir, de par en par, el hasta ahora celosamente resguardado expediente Fobaproa. Conocer a los responsables de los ilícitos cometidos en nombre del rescate bancario, y actuar en consecuencia, es un derecho moral y legal de los mexicanos, que les ha sido regateado -como tantas otras cosas- por más de un lustro.
ESO SERIA POSIBLE, si las fracciones parlamentarias en San Lázaro llevan a la práctica lo que sus coordinadores han manifestado por estos días: estar dispuestos a publicar la relación de aquellos que de manera ilegal obtuvieron beneficios privados del barril sin fondo llamado Fobaproa, "abrir" el disco compacto elaborado en 1999 por el consultor canadiense Michael Mackey, auditar de nueva cuenta el rescate bancario y formalizar, la próxima semana, un acuerdo político que fije el procedimiento para abrir los archivos correspondientes.
DE ACUERDO CON el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón, los legisladores blanquiazules "no obstaculizaremos ni tendremos ningún inconveniente de que se conozcan públicamente (los archivos) para que las autoridades y el público en general puedan informarse de ello".
EN EL MISMO sentido, Beatriz Paredes, líder de los diputados tricolores, sostuvo que "la sociedad mexicana merece tener información suficiente" sobre el Fobaproa, posición que intentaría reivindicar (si eso es posible) a su partido, toda vez que en la legislatura anterior votó favorablemente, como lo ordenó el presidente de la República, para que el monto del rescate bancario engrosara el saldo de la deuda pública.
MARTI BATRES, cabeza del grupo parlamentario perredista, presentó una propuesta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que se discuta -la próxima semana- la apertura y divulgación integral de la auditoría al Fobaproa que realizó Michael Mackey en 1999, al tiempo que se manifestó a favor de crear un nuevo comité legislativo que investigue el rescate bancario. "Me parece -dijo- que no hay motivo para que esto se posponga".
EN EL SEXENIO anterior, la Presidencia de la República y asociados -Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Asociación de Banqueros de México-, apoyados por sus diputados, utilizaron como pretexto el contenido de la ley que ampara el "secreto bancario" para evitar, exitosamente, que se abriera el expediente Fobaproa y se documentaran los ilícitos en él registrados. Sin embargo, resulta descabellado seguir utilizando el "secreto bancario" como escudo para mantener ocultas las irregularidades del rescate, toda vez que en él se utilizaron recursos públicos sin autorización del Congreso, los platos rotos del banquete terminaron engrosando el de por sí abultado saldo de la deuda pública y se afectó directamente el futuro y los intereses de los mexicanos. De hecho, a estas alturas, lo único privado en torno al rescate bancario es la lista de beneficiarios y los montos por ellos obtenidos.
EN EL PASADO inmediato, México padeció a tres gobiernos obstinados en decir una cosa y practicar otra. En ese sentido, la "transparencia en el manejo de los recursos del Estado" y la "disciplina en el gasto y las finanzas públicas" como conducta y meta en la administración pública, fueron simples piezas de la retórica oficial, toda vez que los tres tristes gobiernos utilizaron abundantes recursos públicos de manera discrecional y arbitraria, tal como sucedió en el "saneamiento" bancario.
UN EJERCICIO DE memoria para sustentar lo anterior: en enero de 1995, tres semanas después del estallido formal de la crisis, hundido el país en un devastador terremoto financiero, el Banco de México aplicó "un esquema de apoyo transitorio" a la banca privada, para "garantizar sanos niveles de capitalización", emitiendo para tal fin obligaciones subordinadas por aproximadamente 50 millones de dólares. Un mes después, Miguel Mancera Aguayo, entonces director general del banco central, aseguraba que "ningún banco irá a la quiebra", debido a que el Fobaproa les había canalizado mil 800 millones de dólares para que amortizaran los efectos del desplome; en octubre ese monto creció a 3 mil 500 millones y en noviembre a 5 mil 500 millones. En diciembre, el nivel alcanzó los 6 mil 500 millones de dólares.
PARA 1998, dicho saldo se había multiplicado casi por 10 y ascendía a 62 mil millones de dólares; al 31 de diciembre de 2000, último día del siglo XX, alcanzaba los 90 mil millones de dólares, sin considerar el pago de intereses que el gobierno federal cubrió a los banqueros privados. Al estallar la crisis económico-financiera de 1995 se afirmó que el apoyo a la banca era "transitorio", aunque para el año 2000 los pasivos del Fobaproa-IPAB se acercaban a 20 por ciento del producto interno bruto. Y como van las cosas, todavía falta un cuarto de siglo para limpiar la casa.
Las rebanadas del pastel:
TIENE RAZON EL presidente Fox: la población desamparada no pide subsidios ni políticas paternalistas o populistas. Demanda, eso sí, "respaldo a su capacidad emprendedora, a su propio proceso para superar la pobreza y hacerlo con dignidad" (así habla). Y con ese decoro los beneficiarios del programa changarrero -presentado en sociedad el pasado martes-, tendrán que hacer frente a réditos superiores a los del agio bancario, aunque menores a los del agio independiente. De acuerdo con los números oficiales, las tasas de interés que pagarán los "favorecidos" por el émulo de Solidaridad y/o el Bienestar para la Familia, fluctuarán entre 18 y 84 por ciento anual, es decir, de 2.8 a 13 veces más que el crecimiento inflacionario estimado -por el propio gobierno- para 2001... Nadie sabe por qué, pero Pedro Aspe no asistió a la ceremonia... Mensaje del secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, a los estudiosos de la pobreza y la marginación en el país (ya te quemaron Boltvinik): "la población de escasos recursos ahorra y ahorra mucho más en proporción que el resto de la población... primer mito destruido, la gente de escasos recursos sí ahorra".
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