jueves Ť 14 Ť junio Ť 2001
Sami David
Democracia y medios
El acceso a la información pública vuelve a tomar presencia en la agenda política. Y el debate seguramente repercutirá en la sociedad, porque la administración central plantea regularlo como parte estratégica de su operación. Responsabilidad, expresión social y cultura políticas volverán a observarse como segmentos de un mismo entramado. La crítica responsable debe respetarse. La información fundamentada, también.
La libertad de expresión, a la par del derecho a la información, se ha convertido en un valor respetado y asumido en el seno de una sociedad que crece y demanda mayores cauces para su presencia en la tarea pública. La calidad del ejercicio democrático en la conducta diaria se palpa en los medios de información. La expresión abierta de los comunicadores es el pulso que marca en el presente la transformación de la comunidad y su capacidad de conducción al futuro.
Ese derecho, consagrado en nuestra Constitución, habla de un México plural en convivencia, expresa los equilibrios que propicia el compromiso por informar y ser informado, y marca el respeto a las divergencias como cabal ejercicio democrático. Aunque es cierto que un largo periodo de conformidad inhibió las técnicas y tácticas de expresión eminentemente políticas, manteniendo el sistema con un desdibujado estilo de comunicación "social". En la actualidad la nación ha cambiado sustancialmente. La sociedad mexicana es rigurosamente plural y las expectativas, lealtades, aspiraciones y lenguajes se han atomizado. La misma sociedad ha realizado su trabajo politizador. El mexicano de hoy piensa por primera vez en el futuro.
Por ende, una verdadera política de comunicación social que trascienda las conocidas tácticas de prensa --información privilegiada a columnistas políticos, compra de las ocho columnas y la foto retocada-- es el paso indispensable para situar al país en el siglo XXI. La democracia no se asume plenamente sin la libertad de expresión ni la participación de los medios. Empero, si se busca reglamentar el derecho a la información, entraríamos en una espiral de discusión maniquea que repercutiría en el debate de la reforma fiscal integral, por citar un único caso. Porque si bien es cierto que ambas propuestas son de enorme trascendencia para el país, tampoco es válido politizar su entorno.
La promoción de la imagen se ha privilegiado sobre la función social de la comunicación. Ello no significa que ahora exista una nueva relación entre el Estado, la sociedad y los medios. La aparente desmitificación que la figura presidencial asume en el presente, corre el riesgo de que las formas mismas del discurso gubernamental se deterioren y pierdan respetabilidad, congruencia. Ni la impunidad ni la censura, pero tampoco el desbarrancarse de la lengua agregan nada al esquema comunicacional que se desea.
Empero, las expectativas despertadas son valiosas, aunque se debe ir a pausas, de manera gradual. Los medios, y en particular los profesionales de éstos, tienen la necesidad de establecer el secreto profesional de sus fuentes. Y el gobierno de respetarlo. Hay responsabilidad social en ambos, pero tampoco se debe abusar del poder para coaccionar. El interés público no debe contraponerse con las garantías mínimas para los informadores.
La Ley de Acceso a la Información, las políticas de comunicación social del foxismo no significan borrón y cuenta nueva. Incluso el Premio Nacional de Periodismo debe respetarse: grandes profesionales de los medios lo obtuvieron a pulso. La forma, en política, también es fondo. Medios, sociedad y Estado conforman una relación muy vinculada con la expresión democrática. Y eso significa respeto, tolerancia. Ello permitirá instrumentar los mecanismos necesarios para consolidar la república. El aspecto jurídico debe adecuarse a la realidad presente, pero sin ánimo de llevar el agua ideológica a los molinos partidistas. México lo requiere.