jueves Ť 14 Ť junio Ť 2001

Octavio Rodríguez Araujo

Caso Paulina, hechos y dudas /I

Con base en mi propia reconstrucción del caso a partir de la prensa, el 2 de septiembre de 1985, en Salina Cruz, Oaxaca, nació Paulina Ramírez Jacinto. En agosto de 1998 su familia se trasladó a Mexicali, Baja California. El 31 de julio de 1999, aproximadamente a las 3:30 de la mañana, como se supo públicamente después, fue violada. Poco tiempo después (se mencionaron dos horas) acudió al Ministerio Público de Mexicali a denunciar los hechos. Ahí se le practicaron análisis clínicos y en el certificado 5614 de la Procuraduría General de Justicia del estado se estableció que fue "desflorada recientemente" y que había huellas de violencia. Se sugirió que se hicieran pruebas de embarazo, ya que 13 días antes había tenido su última menstruación. El 14 de marzo de 2000 nació su hijo por cesárea, es decir, 228 días después de que fue violada (un embarazo normal es de 270 días). El niño fue bautizado con el nombre de Isaac de Jesús. Su madrina de bautizo en la religión católica fue Silvia Rezéndiz, del grupo feminista local Alaíde Foppa. Este grupo y GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) asumieron posteriormente la difusión y las protestas de los hechos en torno a la víctima. Su abogada ha sido Socorro Maya Quevedo.

Antes del 6 de abril de 2000 ninguno de los diarios que consulté: La Jornada, Reforma, El Universal y La Crónica (de Mexicali, Baja California) habían mencionado el asunto. El 6 de abril de 2000, es decir, 23 días después de que Paulina tuvo a su hijo, apareció la primera nota: fue de Angeles Cruz, de La Jornada, y hacía referencia a un grupo de intelectuales que con toda razón protestaron, porque ni las autoridades gubernamentales ni las del Hospital General de Mexicali (ni los médicos de éste) permitieron que la menor pudiera abortar, pese a la autorización legal explícita del Ministerio Público del 3 de septiembre de 1999. Vale decir que la licenciada Norma Alicia Velázquez Carmona, entonces agente del Ministerio Público, debió informar a la menor y a su madre que el aborto podría realizarse en cualquier otra institución de salud, pero no lo hizo sabiendo que en el Hospital General, donde sería internada Paulina, se negarían a inhibir el embarazo.

Antes de la denuncia-protesta de los intelectuales, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDH) había emitido (3 de marzo de 2000) una recomendación al gobernador Alejandro González Alcocer sobre el caso de Paulina. Como la recomendación no fue aceptada por el gobernador, la PDH envió un oficio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 27 de marzo del mismo año. Cuatro días después esta comisión inició el expediente 2000/83/1/l, con motivo del escrito de impugnación presentado por las quejosas Rebeca Maltos y Silvia Rezéndiz en contra del gobernador de Baja California. Isabel Vericat (asesora jurídica de GIRE, coordinadora de la agrupación Epikeia, Justicia con Equidad, que forma parte del equipo que defiende a Paulina) es la representante de la menor ante la CNDH.

La CNDH comprobó que se habían violado los derechos humanos de Paulina, "consistentes en la afectación de su voluntad para desistirse de su intención de inhibir el embarazo que presentaba como resultado de una violación, con base en presiones, interferencias, manipulación e, incluso, advertencias del supuesto riesgo en su integridad física, elementos todos ellos que impidieron que la agraviada decidiera de manera libre, autónoma y consciente, y que como consecuencia viciaron la expresión de su voluntad cuando determinó que no insistiría en la práctica de dicha inhibición", como textualmente se dice en la recomendación 18/2000.

El punto en disputa fue que teniendo Paulina derecho legal a abortar, se le impidió, en realidad porque tanto ella como su madre fueron convencidas ("afectación de su voluntad") de que no inhibiera el embarazo. Es por esta razón que el 17 de abril de 2000, el editorial de La Jornada señaló: "Paulina, así, ha sido violada dos veces, ambas intolerables y oprobiosas. Una, por el agresor sexual y otra por quienes, estando obligados a defender sus derechos y a hacer cumplir las normas legales, recurrieron a medios moral y jurídicamente reprobables para truncar las determinaciones libres y conscientes de la menor y de su familia." (Las cursivas son mías.) Lo mismo dijo Socorro Díaz, directora del ISSSTE, el 13 de abril. Tenían razón. Hasta aquí el desarrollo del proceso estuvo bien llevado por la representación de Paulina.

El presunto violador se llama Julio César Cedeño Alvarez. Fue identificado por la víctima por su olor y por un tatuaje, ya que según los testimonios tenía tapada la cara. La Crónica (4/5/01) señala que "también, en la confrontación de fotografías, la menor señaló a Cedeño Álvarez como el presunto violador". Este está preso sólo por declaraciones de Paulina y de su hermana Janet, quien fue amarrada y puesta boca abajo por el agresor (Elena Poniatowska, La Jornada, 13/04/2000). No se presentaron otras pruebas. El agresor, presuntamente, tiene antecedentes de drogas y agresiones y, según nota de El Universal (18/3/01), enfrenta otras dos acusaciones por el mismo delito, documentadas en la Procuraduría bajacaliforniana. No hay datos de edad, complexión o cosa semejante, tampoco se dice si prendió la luz a esa hora de la madrugada ni otros detalles de las circunstancias como gritos y lastimaduras por los amarres en los brazos de Janet. Por cierto, el presunto violador ahora detenido no fue localizado por la policía sino por los hermanos de Paulina (El Universal, 18/3/01), presuntamente antes del 19 de agosto de 1999, ya que la averiguación previa 249/99/10D por el delito de violación en contra de Julio César Cedeño Alvarez fue consignada en la fecha señalada al juzgado segundo de primera instancia penal en Mexicali, Baja California (véase "Recomendación 18/2000 de la CNDH).

Se deduce, asimismo, que el presunto violador es pobre, pues tiene defensor de oficio adscrito al Juzgado Primero de lo Penal, el abogado Juan José Vargas Reyes. Por cierto, ningún diario de los consultados ha entrevistado, a la fecha, al presunto violador; y a su defensor sólo La Crónica de Mexicali.