JUEVES Ť 14 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Insisten en que los legisladores locales rechacen las reformas en materia indígena

Segundo día de bloqueo al Congreso de Guerrero; la Procuraduría estatal investiga a ocho dirigentes

Ť La respuesta de las autoridades es ''una nueva agresión'', dicen líderes de cuatro etnias

ENRIQUE MENDEZ ENVIADO

chilpancingo, gro., 13 de junio. El Congreso del estado continuó bloqueado hoy por indígenas de cuatro etnias que lo ocupan pacíficamente desde la madrugada de ayer, mientras que a solicitud del oficial mayor de la 56 Legislatura, Luis Camacho Mancilla, la Procuraduría General de Justicia estatal inició una averiguación previa en contra de ocho dirigentes, acción calificada por las organizaciones como ''una respuesta típica de la Inquisición''.

Ante esta ''nueva agresión'', las organizaciones convocaron a otras agrupaciones indígenas del país a que se manifiesten en otros congresos estatales que ''quieren darle la espalda a los pueblos'', y a que ayuden a evitar ''que se consume esta traición''.

Esta noche, la coordinación de las organizaciones que mantienen el plantón acordó que el jueves ofrecerá una conferencia de prensa, no sólo para insistir en los planteamientos centrales que fundamenten la movilización, sino para informar si se mantiene el bloqueo o se retira.

Sin embargo, los diputados del grupo parlamentario del PRI, que por la mañana intentaron un acercamiento que condujera a un acuerdo para la desocupación del edificio, y que solicitaron tiempo para ''ir a consultar'' si era posible un encuentro público, tampoco hoy regresaron.

''Quieren que sigamos en el olvido, como siempre hemos estado''

Y si bien los legisladores priístas han ofrecido una ''política de puertas abiertas'', su reticencia principal a un diálogo abierto se debe a que rechazan como interlocutores a los dirigentes del Frente de Lucha Popular, del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y del Consejo Regional de Autoridades Indígenas, que encabezan la movilización.

''No representan a todos los indígenas'', es el argumento que esgrimen, en referencia a que en Guerrero habitan más de 360 mil personas de cuatro etnias.

A pesar de estos argumentos, ayer se sumaron a esta protesta la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata y el Consejo de Pueblos Mixtecos y Nahuas, así como una representación de Paraje Montero.

Cirino Plácido Valerio, mixteco de San Luis Acatlán y también dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, confirma: ''Ellos dicen que esté la mayoría de las organizaciones. ƑY los que estamos aquí no somos indígenas? Si hacen falta más, los traemos, pero que no pongan pretextos''.

Sin embargo, las organizaciones que mantienen el plantón no son las únicas que están en contra de la reforma. Hoy, por ejemplo, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón expresó su ''más enérgico rechazo'' a los cambios constitucionales en materia indígena aprobados por el Congreso, e hizo un llamado a los diputados locales a no ''volverse cómplices de la ignominia'', rechazando en la 56 Legislatura esa reforma. Además, en una carta a la opinión pública suscrita por la dirigencia del centro regional, se expresa la ''más amplia solidaridad'' de la organización con ''todos los indígenas que se encuentran movilizados luchando contra el dictamen del Senado''.

Y hasta el Consejo Indígena de Guerrero (CIG), de filiación priísta, ha expresado su rechazo a que el Congreso local apruebe las modificaciones a la Constitución en materia de derechos y cultura indígenas. En su reciente congreso, realizado en Tlapa, la mesa uno en su resolutivo dos acordó: ''Pedimos al Congreso del estado de Guerrero que rechace dicho dictamen, en virtud de que fueron excluidos algunos aspectos como el reconocimiento de las comunidades indígenas, al nombrarlas como entidades de interés público, en lugar de haberles dado el reconocimiento como entidades de derecho público; y la remunicipalización''.

En esa mesa, en la que participaron 17 delegados de los municipios de Tlacopa, Tlapa de Comonfort, Acatepec, Xalpatláhuac, Copanatoyac, Alcozauca, Huamuxtitlán y Metlatónoc, se propuso además ''elevar a rango constitucional el respeto a los usos, tradiciones y costumbres de los pueblos; la libre autodeterminación para elegir a sus propias autoridades; el respeto a sus formas de organización, y el derecho de los indígenas para ocupar cargos de elección popular y administrativos''.

Por su parte, el diputado priísta Roberto Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, hoy volvió a acercarse a las instalaciones del Congreso. En declaraciones a la prensa, dijo que los diputados se comprometen ''a que las comisiones no emitirán un dictamen sin reunirse con las organizaciones y los pueblos, pero ellos también deben ofrecer condiciones. No importa que nos llevemos 15 días, un mes o varios meses en esta consulta''.

No hay línea para aprobar o rechazar los cambios

Argumentó que los diputados del tricolor no pueden comprometerse con los indígenas a rechazar la reforma, porque no hay línea para votarla en contra, pero tampoco para hacerlo a favor. También rechazó que los diputados aprobarían el dictamen del Congreso de la Unión en la sesión que estaba convocada para el martes. ''Alguien les dijo que les queríamos dar madruguete sin haberlos escuchado, pero no hay interés de no escucharlos''.

Una y otra vez, los voceros de la legislatura aseguran que el tema de la reforma indígena no estaba agendado, pero cuando se les pide la copia del orden del día, dicen que toda la papelería permanece en el recinto.

Por la mañana, en una conferencia de prensa en la que rifó algunos ''regalos'' a reporteros locales con motivo del Día de la Libertad de Expresión, el procurador Rigoberto Pano Arciniega confirmó que se habían iniciado averiguaciones previas en contra de ocho dirigentes de indígenas que ayer tomaron el Congreso, entre ellos Omar Garibay Guerra, dirigente del Frente de Lucha Popular, y el ex diputado federal Marcelino Díaz de Jesús, del Consejo Guerrerense 500 años.

Los delitos por los que se iniciaron las averiguaciones son ''sedición, motín, sabotaje, provocación para cometer un delito y la apología de éste, y lo que resulte''. Aunque las indagatorias se iniciaron por la denuncia de Camacho Mancilla, el procurador dijo: ''Hay delitos que se persiguen de oficio. En esta situación, las investigaciones se iniciaron porque son delitos que se persiguen de oficio''.

Sobre la petición de las organizaciones que tomaron el Congreso de que también se retiren las órdenes de aprehensión giradas en contra de 18 de sus compañeros, Pano Arciniega afirmó que la obligación del Ministerio Público es integrar las averiguaciones previas, investigar y "terminar en su relación (sic) lógica, que es la consignación''.

El Ministerio Público, agregó, es una institución de buena fe, y su responsabilidad es encontrar elementos que justifiquen una detención o una liberación, pero nada más. ''La ley no se negocia'', sostuvo el funcionario.

Cirino Plácido Valerio recibió con sorpresa la noticia de que la Procuraduría los investiga. ''Bueno, pues a seguir adelante y haciendo más grande esto'', comentó.

Poco después, al término de la lectura del segundo comunicado de la movilización, Plácido Valerio insistió: ''No hemos bloqueado la carretera, sino venimos a dialogar con los 46 diputados, pero ellos además de negarnos un futuro ahora nos agreden. Mientras ofrecen diálogo nos inician una averiguación. ƑQué clase de diálogo es ese, el de su fuero?''

Nos juzgan como si fueran la Santa Inquisición

Marcelino Díaz de Jesús, quien fue diputado federal en la 57 Legislatura del Congreso de la Unión, reiteró que la toma del Congreso es pacífica. ''No hemos roto un cristal ni nada que merezca que vayamos a la cárcel. Y luego tantos delitos, esto es la Santa Inquisición. Todo lo que se les ocurrió lo echaron ahí. La sedición, el motín y la rebelión están en una controversia constitucional, ya que en el país hace mucho que no se aplican'', declaró.

Mario Campos Hernández, indígena de la comunidad El Rincón, municipio de Malinaltepec, afirmó que la investigación judicial constituye ''una agresión jurídica de los que tienen la ley, injusta porque se quieren aprovechar de la humildad y la sencillez de la gente''.

Finalmente, en el comunicado, las organizaciones indígenas advirtieron que se mantendrán ''alertas y vigilantes ante un posible albazo legislativo que atente contra los intereses legítimos de nuestros pueblos'', y que no renunciarán a su demanda de ser reconocidos como sujetos de derecho público.