JUEVES Ť 14 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Son amenazados, vigilados y enfrentan campañas gubernamentales de desprestigio

En peligro constante, defensores de derechos humanos de Latinoamérica y el Caribe

Ť Representantes de 17 países expusieron sus denuncias ante la relatora de la ONU, Hina Jilani

VICTOR BALLINAS

Los defensores de derechos humanos de América Latina y el Caribe, representantes de 17 países que asisten en México a la Consulta 2001, que se inició ayer y concluye este viernes, expusieron ante la relatora de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, Hina Jilani, que la constante que impide la realización de su trabajo es la impunidad, pues desde sus gobiernos se les persigue, amenaza, se les intervienen sus teléfonos, se allanan sus oficinas o casas e incluso se cometen violaciones sexuales y asesinatos contra ellos.

''Las denuncias que presentamos ante las autoridades correspondientes son vistas con indiferencia y se protege a los violadores de derechos humanos, además de que desde los gobiernos se emprenden campañas de desprestigio en nuestra contra, bajo el argumento de que defendemos a la guerrilla o a los delincuentes'', coincidieron los representantes de ONG durante la Consulta 2001.

En México son frecuentes los actos de hostigamiento, amenaza de muerte, robo, intervenciones telefónicas, allanamientos, violaciones sexuales e incluso atentados de muerte contra defensores de los derechos humanos y organismos civiles. Estos hechos han sido constantes en los últimos seis años y su característica común es que ''nunca son investigados. Ante las denuncias, sólo hemos encontrado la impunidad'', expusieron los representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura y el Centro Fray Pedro Lorenzo de la Nada.

Ambiente hostil

Además, agregaron, la desinformación por parte del gobierno a las ONG y las acusaciones o señalamientos públicos sin fundamento, crean un ambiente hostil y riesgoso para los defensores de los derechos humanos. Y es particularmente preocupante la situación de los defensores comunitarios, pues éstos son más vulnerables debido a los contextos locales en los que se desenvuelven.

Por Colombia, el informe estuvo a cargo de los integrantes de Casa de la Mujer, Cooperación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, quienes resaltaron ante representantes de organismos no gubernamentales de 17 países de América Latina y el Caribe, que su labor se desarrolla en medio de un clima de acusaciones públicas reiteradas por parte de ciertos funcionarios civiles, altos oficiales de las fuerzas de seguridad, ex generales del ejército y columnistas de prensa, quienes afirman que los defensores son ''parte de la estrategia de los grupos guerrilleros''.

Más que restricciones legales o normativas al libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, las acusaciones han colocado a los defensores y líderes sociales en una situación de grave peligro, siendo con frecuencia objeto de amenazas, hostigamiento, atentados y detenciones arbitrarias causadas por grupos paramilitares o agentes del Estado.

El año pasado en Colombia fueron asesinados 132 dirigentes y activistas sindicales; en los primeros cinco meses de este año han perdido la vida otros 40. Además, ''la incursión de grupos paramilitares en las universidades públicas ha generado en los últimos años una ola de ejecuciones extrajudiciales de profesores, estudiantes y trabajadores, sin que las autoridades locales o nacionales hayan actuado''.

Por Cuba, el informe lo presentó el disidente Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. En el documento señala que en la isla la situación de los derechos humanos se caracteriza por marcados contrastes. Los derechos sociales y culturales siguen siendo razonablemente positivos a pesar de ciertos retrocesos en la última década. En cuanto a derechos civiles, políticos y económicos, la realidad ''es bien distinta, pues se transgreden todos de manera sistemática e institucionalizada; ni más ni menos que lo ocurrido en países de Europa central antes del derribo del muro de Berlín''.

Los defensores de derechos humanos en Cuba ''somos no personas. A pesar de que existe una ley de asociaciones, la cual hemos tratado de utilizar en el pasado, el gobierno impide de manera ilegal y arbitraria que las ONG independientes tengan reconocimiento jurídico y la correspondiente inscripción en el registro de asociaciones'', señaló.

Trabajo semiclandestino

Sánchez dijo que se trabaja de manera semiclandestina, pues no pueden tener oficinas y ''durante décadas nuestros teléfonos han estado intervenidos; los defensores de derechos humanos son detenidos con mucha frecuencia, hay 250 prisioneros por motivos político-sociales, aunque esta cifra, indicó, es menor que hace cinco años''.

El caso de Guatemala estuvo a cargo de la Fundación Rigoberta Menchú Tum. El informe presentado detalla que los defensores de los derechos humanos son sujetos a una política de persecución por parte del gobierno y reciben amenazas que se han incrementado; las primeras que las han resentido son las organizaciones que llevan juicios contra militares y civiles involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en esa nación.

Indiferencia ante sus quejas

Miguel Rogel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, expuso el caso de su país: existen hostigamiento, amenazas, allanamientos y espionaje telefónico. A pesar de que la Comisión de la Verdad de esa nación recomendó que se otorgue personalidad jurídica a esos organismos, el Ministerio del Interior no ha querido proporcionarla argumentado que ya existe la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay también persecución al trabajo de los defensores por parte del gobierno y las denuncias que se han presentado sólo reciben la indiferencia.

Alejandro Silva expuso la situación prevaleciente en Perú. Integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo que ''se mantienen restricciones al trabajo de los defensores. El Estado no ha mostrado voluntad en la aplicación de la Declaración de los Derechos Humanos y tampoco ha acatado las recomendaciones de organismos supranacionales''.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz presentó el panorama de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Alfredo Ruiz dijo que aunque no hay una política gubernamental de persecución, encarcelamiento o represión, sí han ocurrido amenazas y hostigamientos esporádicos por parte de elementos de los cuerpos de seguridad.

También se presentó el caso de Bolivia, donde se resaltó que las amenazas son el método utilizado para silenciar a los activistas de las ONG; en Honduras, los defensores han sido sometidos a juicio; por lo que hace a Brasil son impedidos de hacer su trabajo y se encuentran en peligro, pues los gobernantes los acusan de ser defensores de bandidos.

Durante la sesión de trabajo se abordaron además los casos de Costa Rica, Argentina y Paraguay.