JUEVES Ť 14 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Tarea del Estado, garantizar la libre asociación: Creel

Promoverán Gobernación, INI y CNDH la tolerancia religiosa

ALONSO URRUTIA

Al encabezar la firma del convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Indigenista (INI) para promover la tolerancia religiosa, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, subrayó que es responsabilidad del Estado garantizar la libre asociación con fines religiosos y la coexistencia armónica de las iglesias, pero advirtió que "estos derechos deben ejercerse con responsabilidad social y sujetarse a las modalidades y limitaciones que el interés y el orden público reclaman".

Ante decenas de representantes de diversas asociaciones religiosas, entre quienes estaba el secretario general del Episcopado Mexicano, Abelardo Alvarado, Creel reconoció que aún existen conflictos derivados de diferencias religiosas cuyo desenlace llega a atentar contra los derechos humanos. Destacó que para alcanzar una sociedad incluyente y democrática "es indispensable un Estado laico" que tenga la fuerza jurídica y ética para tutelar la libertad de culto.

Poco antes, Creel escuchó los reclamos del presidente de la Convención Nacional Bautista, Carlos Amaro, quien dijo que muchas iglesias evangélicas "continuamos sufriendo en carne propia la agresividad en alto grado de comunidades supuestamente religiosas que, en algunos casos, respaldadas por autoridades municipales, han expulsado de sus viviendas a congregaciones enteras por no colaborar con fiestas y tradiciones eminentemente sincretistas".

La firma del convenio para promover la tolerancia religiosa involucrará a la CNDH, el INI y a la Secretaría de Gobernación. Su objetivo, dijo Creel, es superar resistencias ancestrales que todavía se advierten en algunas comunidades del país en donde prevalece la intolerancia.

De acuerdo con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Javier Moctezuma Barragán, este año se han presentado 13 denuncias sobre casos de intolerancia religiosa, ocho de los cuales se han dado en Chiapas, aunque el más sonado es el de Ixmiquilpan, Hidalgo, pues involucra a autoridades municipales.

Alvarado Alcántara retomó el caso Ixmiquilpan. Dijo que éste, como otros casos denunciados en Chiapas o en Oaxaca, se ha traducido en expulsiones, despojos, persecuciones, reyertas, encarcelamientos y asesinatos. Señaló que no todos los conflictos tienen su origen en motivos puramente religiosos, porque en ocasiones se involucran intereses económicos, causas político partidistas o el ejercicio de usos y costumbres.

Aun cuando reivindicó la importancia del convenio, dijo que no es suficiente con él ni con la ley, pues no pueden cambiarse mentalidades ancestrales para frenar inercias.

Al respecto, Creel señaló que es tarea permanente del gobierno superar esas inercias para alcanzar una mejor relación entre las iglesias y garantizar la libertad de credo. Afirmó que la preservación de la educación laica, impartida por el Estado, es eje central para preservar la universalidad que da la libertad de pensamiento y de culto.

Apuntó que el convenio firmado permitirá hacer frente, con mayor eficacia, a los "brotes de intolerancia en nuestro país y fomentar la cultura de la tolerancia y el respeto a la pluralidad religiosa".

El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, manifestó que los casos de intolerancia religiosa en el país deben ser atendidos y superados de manera prioritaria, pues la función gubernamental no sólo radica en una elemental actitud permisiva de la realización de cultos religiosos, sino que debe ser concretada en la defensa de la libertad de religión y su consecuente práctica.

Marcos Matías Alonso, director del INI, consideró fundamental que el convenio sea el punto de arranque para iniciar acciones que reviertan las condiciones de exclusión, erradicar la intolerancia religiosa y la discriminación en los pueblos indígenas. "La discriminación y la intolerancia son las formas más lacerantes de la desigualdad en México. Se despliegan en una gran variedad de prácticas y son una conducta de desprecio hacia quienes son considerados no sólo diferentes, sino inferiores e indeseables", dijo.