miercoles Ť 13 Ť JUNIO Ť 2001

Carlos Martínez García

Los acosados de Ixmiquilpan

Sus perseguidores fijaron fecha para expulsarlos: el 17 de junio. La causa es que 36 familias evangélicas se niegan a cooperar para las festividades religiosas vinculadas al catolicismo romano. En el barrio de San Nicolás, en Ixmiquilpan, los hostigamientos contra los protestantes están encabezados por el delegado barrial, Heriberto Lugo González. Este personaje, apoyado por la mayoría del pueblo, justifica los cortes al suministro de agua padecido por los disidentes y la prohibición para que sepulten a sus muertos en el panteón, como resultado de su obstinación al ir en contra de la religión tradicional del poblado.

Por más que los evangélicos han argumentado que tanto la Constitución como la normatividad en derechos humanos les garantiza el ejercicio de su credo y las expresiones éticas del mismo, los católicos tradicionalistas mantienen su amenaza de expulsarlos y recrudecen las acciones intimidatorias. A diferencia de correligionarios suyos en otras partes del país, los evangélicos de Ixmiquilpan sí han realizado distintas movilizaciones para demandar que las autoridades los protejan de la intolerancia religiosa de sus vecinos. Pero en lugar de garantizarles sus derechos, la titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Flor de María López González, se la ha pasado explicándoles a los perseguidos por qué no procede penalmente en contra de los agresores. La funcionaria es negligente al pasar por alto que, por ejemplo, Teófila Palma Mothe, a sus 74 años, decidió cambiar la religión católica por el credo evangélico y esto ha repercutido de tal manera que en su "choza vive sin servicio de agua y con la amenaza de ser desalojada de sus tierras". Nicolasa Esteves Victoriano fue citada por Heriberto Lugo "con el fin de arreglar lo de la suspensión del servicio de agua y le pidieron una cooperación de 40 mil pesos para el 'cargo' que significa ayuda destinada a la cobertura de las fiestas religiosas (católicas): en este caso para las fiestas del santo patrono del lugar, San Nicolás Tolentino, el 10 de septiembre" (nota de Carlos Camacho, La Jornada, 20/04/01). El pretendido cobro es ilegal, injusto y violatorio de los derechos humanos.

Pero no nada más las autoridades estatales dejan hacer a los acosadores. La actuación de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación ha sido muy tímida ante los envalentonados amenazadores, quienes aseguran que si los evangélicos no se van, ellos los van a echar de San Nicolás. Aunque el premio a la intolerancia, que se disfraza de interés por la integridad de los agredidos, se lo llevan los obispos de las tres diócesis de Hidalgo. Los prelados hicieron un llamado para que las familias evangélicas desalojen el lugar o "de lo contrario sus vidas corren peligro". Al hacer esta advertencia, el vocero de la diócesis de Tulancingo, Juan Ramón Hernández Bautista, se autoerigió experto de las dinámicas sociales que explican las expulsiones de no católicos. El funcionario eclesiástico "afirmó que el conflicto no es de carácter religioso, de lo que se trata, dijo, es que hay diferencias de tipo 'cultural' provocadas porque algunos indígenas durante su estancia en Estados Unidos cambian de religión y a su regreso traen nuevas costumbres" (nota de Verónica Jiménez, Milenio Diario, 6/06/01).

Asumo que lo expresado por el vocero es la posición de los obispos de Hidalgo. Por lo tanto quiero llamar la atención a las afirmaciones hechas por los clérigos. En primer lugar está la franca contradicción que consiste en decir que el conflicto no es religioso, pero el comunicado intenta explicar que al cambiar de religión (cuando se van a trabajar a Estados Unidos) los indígenas adoptan costumbres que son contrarias a su confesión religiosa anterior. La religiosidad no se queda en ámbito interior de las personas sino que se expresa, también, a través de ciertas formas de relacionarse en el espacio social donde se mueven los creyentes. Toda religión tienen expresiones culturales, por lo tanto sostener que el caso de Ixmiquilpan, como lo hacen los obispos, no tienen una naturaleza religiosa es un intento deslegitimador de los motivos enarbolados por los evangélicos. Por otra parte, ese cuento de que la diversidad religiosa llega vía Estados Unidos suena bien como consuelo para explicar la pérdida de feligreses, pero es una generalización que descalifica un proceso que tiene explicaciones endógenas. Además, al pretender explicar el cambio religioso mediante la teoría de la conspiración (inermes mexicanos que sucumben al lavado de cerebro que les hacen en Estados Unidos), los obispos reafirman que la única religión calificadora de qué tan mexicana se puede considerar a una persona es la católica. Desde esta óptica habría que construir una gran cerca alrededor de Ixmiquilpan que impida a sus pobladores salir y contaminarse con ideas inconvenientes.

Con sus hermenéuticas, autoridades civiles y eclesiásticas les están dando permiso para expulsar a los guardianes de la ortodoxia. Ante esto me pregunto: Ƒdónde están los abajofirmantes que se solidarizan con hostigados y perseguidos por causas políticas, sexuales y étnicas? ƑAcaso puede más su political correctness, que no quiere verse asociada con grupos incómodos ("si apoyamos a los protestantes, qué dirán en los círculos progresistas"), que la defensa irrestricta de los derechos humanos?