MIERCOLES Ť 13 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Permanecerán en plantón hasta que los diputados se comprometan a rechazarla

Indígenas de Guerrero toman el Congreso estatal; impugnan la ley sobre etnias

Ť La comisión respectiva aún no redacta el dictamen y antes debe realizar una consulta

ENRIQUE MENDEZ ENVIADO

Chilpancingo, Gro., 12 de junio. Indígenas de los pueblos tlapaneco, mixteco, nahua y amuzgo tomaron pacíficamente el Congreso estatal esta madrugada para evitar que se "consumara una traición más" contra las comunidades, y lograron, por el momento, que la Legislatura difiriera la sesión en la que, acusaron, la mayoría priísta pretendía aprobar la reforma en materia de derechos y cultura indígenas.

No obstante, la Comisión de Asuntos Indígenas de la 56 Legislatura local aún no redacta siquiera el dictamen, y está obligada a realizar una consulta con las comunidades antes de presentarlo al pleno.

Aproximadamente 200 dirigentes y comisarios de diferentes comunidades de la Montaña y la costa guerrerense se apostaron desde las primeras horas de hoy en las puertas del recinto legislativo, donde permanecerán hasta que los diputados se comprometan a no aprobar la reforma "de la Santísima trinidad: Diego Fernández, Manuel Bartlett y Jesús Ortega".

La protesta se desarrolló en calma, y la Legislatura garantizó que no se utilizará la fuerza pública para un eventual desalojo.

Reforma facciosa y racista

Al mediodía, después de que algunos legisladores priístas se retiraron molestos por el bloqueo, el alcalde de Copalillo, Mario Rodríguez Sánchez, leyó un comunicado en nombre de las organizaciones Frente de Lucha Popular, Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Policía Comunitaria de San Luis Acatlán y del Consejo Regional de Autoridades Indígenas.

En el documento, rechazaron la reforma del Congreso de la Unión porque no incluye ni siquiera su derecho a la autonomía y a la libre determinación: "nos niega el derecho de acceder colectivamente al uso, goce y disfrute de los recursos naturales existentes en las tierras y territorios que ancestralmente hemos venido habitando, y de tajo elimina nuestro derecho legítimo a decidir sobre nuestros territorios".

Calificaron la reforma como "facciosa, racista y discriminatoria", porque los reduce a "simples objetos de interés público" y pretende ceñirlos a "políticas paternalistas que ofenden nuestra dignidad e inhiben nuestras potencialidades".

Además, dijeron, la reforma aprobada por la 58 Legislatura intentó "eliminar" el espíritu original de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que sí incluía la iniciativa de la Cocopa, en lo que se refiere a la autonomía y a la libre determinación.

Reprocharon entonces el "falso" argumento de "los autores de la reforma", de que los indígenas pretendían fragmentar al país. "Nada más falso, con nuestra pretensión de alcanzar la autonomía y la libre determinación buscamos ser reconocidos como entes de derecho público dentro de la Constitución para no seguir viviendo fuera de ella; porque en nuestros pueblos cotidianamente se ejerce por lo menos en el nivel comunitario una autonomía y una autodeterminación relativa porque seguimos nombrando nuestras autoridades de acuerdo a nuestros usos y costumbres y mantenemos nuestras culturas que dan prioridad al bien colectivo antes que el individual".

Los representantes de las cuatro etnias declararon a sus pueblos "levantados y con la dignidad muy en alto", y reprocharon a los diputados su intención de "debilitar" esta protesta al pretender que desalojaran las instalaciones antes de empezar cualquier diálogo.

A la una de la tarde, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Legislatura local, el priísta Raúl García Leyva, intentó negociar con los dirigentes y comisarios indígenas. Les ofreció que a las 14 horas tendría una respuesta del presidente de la Gran Comisión, Héctor Apreza Patrón (PRI), "para recibirlos como se merecen".

Cinco horas después empezó a llover y García Leyva no había regresado, ni regresaría. Por la tarde, Apreza Patrón se reunió "de urgencia" con el presidente del Comité Directivo Estatal, Juan José Castro Justo, para analizar la situación.

En tanto, el dirigente estatal del PRD, René Lobato Ramírez, y el coordinador de los diputados perredistas, Octaviano Santiago Dionisio, enviaron una carta a Apreza Patrón en la que le piden su mediación para que la Comisión de Gobierno "escuche la posición de nuestro partido respecto a la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas".

Por la mañana, el propio García Leyva afirmó que si la reforma no es aprobada en este periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de junio, podría ser en el siguiente o en un extraordinario, "si hay condiciones. No nos urge. No tenemos ni fecha ni prisa para aprobarla", agregó.

Al mediodía, cuando algunos diputados se acercaron al Congreso estatal -situado en la lateral de la carretera a Acapulco-, García Leyva anticipó que cuando se vote, la reforma será aprobada por la bancada del PRI,y ofreció sus razones: "es una reforma avanzada. Aunque en general satisface las demandas de los pueblos indígenas, en otros no cubre el reconocimiento a todos sus derechos. Lo malo es que no podemos agregarle nada, sino sólo aprobarla o no. A la que sí podemos hacerle cambios es a la que nos envió el gobernador".

En la madrugada, cuando los indígenas llegaron a esta capital y bloquearon los accesos al Congreso, advirtieron que el plantón se mantendría hasta lograr un compromiso público de los diputados de que rechazarán la reforma.

"Por eso estamos aquí, porque el gobierno nunca nos consultó si queríamos que se aprobara o no. Lo que supimos es que esa ley ya está aprobada y la venimos a rechazar", dijo Leandro Calleja Natividad, comisario de la Coordinadora de Autoridades Indígenas, de Pueblo Hidalgo, municipio de San Luis Acatlán.

Maximiano Mendoza Carranza, de San José Vistahermosa, secundó: "queremos que se respeten los acuerdos de San Andrés, que nos benefician y favorecen. La que aprobaron (Manuel) Bartlett y Diego (Fernández de Cevallos) fue a su conciencia, porque ellos no sienten lo que los indígenas. Ellos tienen billete. Nos utilizan como objetos, nos quieren mangonear, pero ya estamos despiertos".

Comisarios de las cuatro etnias expresaron que la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión no reconoce los derechos de los pueblos a contar con sus propias autoridades, lo que los sujeta a "la ley del Ministerio Público".

Por la noche, después de la lluvia, los dirigentes y comisarios de la Montaña y la costa se prepararon para permanecer en la explanada y las puertas del Congreso. Hicieron una pinta en el muro de contención de la lateral, en la que se lee: "Libertad a los presos indígenas de todo el país".

En Guerrero habitan unos 10 mil indígenas de cuatro etnias. Cada pueblo elige a 42 comisarios, uno por cada tres municipios, que aplican la justicia de acuerdo con los usos y costumbres de cada comunidad. Actualmente, existen órdenes de aprehensión contra 18 indígenas de diferentes pueblos, cuando de acuerdo con las tradiciones étnicas, tendrían que ser juzgados por sus propias autoridades.

"Y eso es lo que no queremos -explicó Marcelo Figueroa, de Pueblo Hidalgo-, porque la última parte de la reforma se renovó, y los jueces tienen derecho a decidir si el preso indígena es culpable o no, y quedan fuera las autoridades tradicionales.

"Tenemos autoridades que siguen reglas y fundamentos, respetan y son justos con la persona que comete delitos. En esta ley hay racismo y discriminación, porque ellos, los mestizos, siempre quieren tener el poder para aplastar a la gente indígena".