MIERCOLES Ť 13 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Uno de ellos dijo que Posadas fue asesinado ''aproximadamente a las 10 de la mañana''

Graves inconsistencias en los nuevos testigos de Sandoval Iñiguez y Guzmán Pérez Peláez

Ť Mencionaron a Carrillo Olea como autor intelectual, siendo ''gobernador de Morelos'' Ť Otro declarante señaló que la DEA lo envió ''a videofilmar el homicidio'' del cardenal

En el caso Posadas, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez y el ex secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, actual diputado local panista, presentaron tres nuevos testigos. Enseguida se ofrecen sus declaraciones anteriores:

Marco Enrique Torres García rindió su declaración ministerial en Chicago, Illinois, en presencia de Sandoval Iñiguez, el 21 de mayo de 1999.

En esa ocasión afirmó que la muerte de Juan Jesús Posadas Ocampo ocurrió ''aproximadamente a las 10 de la mañana del 24 de mayo de 1993''. El prelado fue ultimado minutos antes de las cuatro de la tarde.

Dijo que ''un grupo de militares y ex militares interceptaron el vehículo del cardenal Posadas, aproximadamente a un kilómetro de distancia del aeropuerto, sobre la avenida que desemboca al mismo''. El cardenal fue abatido frente a la entrada principal del aeropuerto internacional de Guadalajara.

Declaró que Jorge Carrillo Olea ordenó el asesinato desde su despacho ''como gobernador de Cuernavaca (sic)''. En realidad, asumió la gubernatura de Morelos hasta casi un año después de la muerte de Posadas Ocampo.

Afirmó que en 1970 combatió al grupo guerrillero denominado Liga 23 de Septiembre. Esto es, antes de que ese movimiento se originara.

Por otra parte, el segundo testigo, Roberto Hernández Díaz, rindió declaración ministerial el 31 de enero de 1999. Aseguró que presenció la muerte del cardenal Posadas Ocampo, ya que fue ''enviado por la DEA para videofilmar la muerte del cardenal'', dado que en la República de Cuba, Carlos Salinas y José María Córdoba habían planeado su asesinato. Primero dijo que esta reunión entre el entonces presidente y su jefe de asesores ocurrió una semana antes de que muriera el prelado; luego, mencionó que había sido en el mes de marzo.

Refirió que a través de actividades de espionaje telefónico, realizado por la DEA, sabía que Posadas Ocampo poseía un portafolios con información confidencial (datos que le proporcionaron los hermanos Arellano Félix sobre otras organizaciones dedicadas al narcotráfico y sus relaciones con el poder), que se entregaría a ''personas no identificadas en el aeropuerto de Guadalajara, el 24 de mayo de 1993.

Dijo al Ministerio Público que él tenía el portafolios en su poder, ''escondido en algún lugar''. Nunca lo entregó a la Procuraduría General de la República.

''Ante lo evidentemente fantasioso que resultaba el testimonio de Roberto Hernández, ya que era contrario a las constancias y dictámenes procesales, el grupo interinstitucional (en el cual participó el cardenal Juan Sandoval Iñiguez) desestimó sus señalamientos'' el 27 de julio de 2000.

Asimismo, Luis Alfonso Ferráez Ruz, quien se declaró primo hermano del presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz (aun cuando es de nacionalidad costarricense), fue entrevistado por el Ministerio Público federal a petición del cardenal Sandoval Iñiguez y del diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez. Dijo que había ''sido testigo de una reunión'' donde se planeó el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo.

Hasta el 27 de julio del año 2000 estaba preso en el penal federal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, compurgando sentencias por nueve delitos de fraude, falsificación de documentos y usurpación de funciones.

Expresó que había estado presente en una reunión de políticos -a los cuales veía personalmente por primera vez-, y en la que se le esperó a que llegara para elaborar el plan con que se asesinaría a Posadas Ocampo.

Nunca volvió a ver a los políticos que cita, entre ellos Jorge Carrillo Olea, a quien identificó como gobernador de Morelos, en mayo de 1993. Pero éste fue mandatario de esa entidad casi un año después.

Durante su declaración ministerial solicitó en varias ocasiones recursos económicos para solventar sus necesidades. Los representantes de Sandoval Iñiguez y del hoy diputado Pérez Peláez ''acordaron con el testigo que consultarían al cardenal sobre la posibilidad de darle alguna ayuda económica'', indican las constancias de conclusiones del caso Posadas, hechas públicas el 27 de julio de 2000.