MIERCOLES Ť 13 Ť JUNIO Ť 2001
Ť La impunidad no se justifica en ningún Estado, dice la relatora especial Hina Jilani
Los gobiernos de transición deben aclarar crímenes del pasado: ONU
Ť Advierte que la decisión democrática de la mayoría a veces no redunda en mejor justicia
VICTOR BALLINAS
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Defensores de Derechos Humanos, Hina Jilani, afirmó ayer que los gobiernos de transición deben aclarar el pasado -crímenes, masacres, torturas y desapariciones durante la guerra sucia-, y acerca del polémico tema de la creación de una comisión de la verdad, que se discute en el gobierno, señaló que "no se puede avanzar en esos mecanismos si no existe una clara definición y voluntad del Ejecutivo para ello".
Durante una comida en la cancillería, a la que asistieron representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, entre otras, Michael Chamberlain, secretario técnico de la red, aseveró que en la pasada administración privó la impunidad.
La impunidad, resaltó la relatora en el Senado de la República, "no se justifica en ningún Estado ni con ningún funcionario público. La responsabilidad de cualquier Estado es cumplir la ley y proteger a sus habitantes de cualquier situación de impunidad".
En el sexenio de Zedillo, 152 violaciones contra activistas
Ante la representante de la ONU y los dirigentes de las principales ONG del país, Chamberlain apuntó que en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo las 52 organizaciones que integran la red documentaron 152 violaciones contra defensores de derechos humanos, que incluyen desde amenazas hasta ataques sexuales.
Destacó que "durante la pasada administración privó la impunidad, tanto en las denuncias de las ONG como en los casos contra la población, y ni qué decir de la impunidad militar".
La representante de la ONU, que está en México en visita no oficial, tuvo ayer un intenso día de actividades. Por la mañana dictó una conferencia en la Universidad Iberoamericana; después sostuvo reuniones con ONG, funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), senadores, una comida en la cancillería, y realizó una visita al ombudsman capitalino y a la Secretaría de Gobernación.
El presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y embajador durante más de 20 años, Oscar González, fue quien llevó el tema de la comisión de la verdad a la mesa, y lo secundaron otras ONG. Incluso la propia Mariclaire Acosta instó a los organismos no gubernamentales a abrir el debate al respecto, porque "se está quedando en las elites del poder, es necesario bajarlo a la sociedad pues se necesitan más voces".
Las ONG insistieron ante la representante de la ONU que es necesario crear la comisión de la verdad por dos razones, una, es necesario tratar de reponer el daño del pasado a favor de las víctimas, y dos, en toda transición es importante que haya cambios que lleven a una credibilidad por parte de la sociedad.
Además, señaló Chamberlain, crear una comisión de ese tipo es una señal muy clara del compromiso específico de hacer las cosas de manera diferente. Durante la comida se dijo que "hay que diferenciar entre los casos de corrupción y los de violaciones a los derechos humanos".
En este punto, dijeron las ONG consultadas, la embajadora especial, Mariclaire Acosta, señaló que "la discusión en este momento está hacia adentro del propio gobierno, y se está quedando en una elite. Se necesitan más voces de la sociedad opinando sobre el tema y generar presión".
Oscar González dijo que en la comida se abordó el tema de la relación entre el mandato de la relatora y los mecanismos para defender al nivel nacional a los defensores de las víctimas, y se trajo a colación el asunto de la comisión de la verdad.
Las ONG expusieron a Jilani varios casos de violaciones a derechos humanos, entre otros los de los campesinos ecologistas de Guerrero y el del general Gallardo, considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También documentaron dos nuevos casos de atentados contra defensores de derechos humanos en este gobierno: los de los promotores del Centro Fray Pedro de Lorenzo de la Nada, cuya a casa fue quemada hace dos semanas en Chiapas, y el del Centro de Reflexion y Acción Laboral (Cereal), que ha sido objeto de una campaña de difamación orquestada desde la Secretaría del Trabajo.
Chamberlain dijo que una preocupación compartida por todas las ONG es la impunidad militar y la necesidad de que el presidente Vicente Fox respete y haga respetar la ley y la Constitución.
De los 152 casos de amenazas y violaciones sexuales contra activistas de derechos humanos, Chamberlain consideró que "han quedado en la impunidad. Hubo persecución, amenazas, hostigamiento y violación sexual en el sexenio del presidente Zedillo, y mientras no haya castigo a los responsables nada garantiza que esto no volverá a suceder".
Necesarios, derechos humanos y derechos sociales y políticos
Por la mañaña, en la conferencia que ofreció en la Universidad Iberoamericana, la relatora Hina Hilari dijo que "una elección limpia y transparente no garantiza la democracia, ni ésta por sí sola significa que habrá mayor justicia".
Advirtió que la decisión democrática de la mayoría no siempre significa mejor justicia, porque las leyes igualitarias a veces son injustas, y dijo que los derechos humanos deben complementarse con los derechos sociales, políticos y culturales, incluido el derecho a no ser pobre.
En la reunión en el Senado, Jilani cuestionó a los legisladores sobre qué está haciendo esa cámara a favor de los defensores de derechos humanos. Los senadores explicaron que se han modificado leyes y se trabaja en la adecuación del reglamento y la ley de la CNDH, y dijeron que la elección del ombudsman ya no depende de la decisión del presidente de la República.