Ť Investigaba tráfico de drogas y de indocumentados
Ultima comando armado a un agente de la Policía Federal Preventiva
SUSANA GONZALEZ G.
Un agente de la Policía Federal Preventiva (PFP) --encargado presuntamente de investigar casos de tráfico de indocumentados, contrabando y narcotráfico en el Distrito Federal-- fue asesinado con ocho tiros por un comando armado cuando arribaba en automóvil a su domicilio en la colonia Ampliación Santa Martha Acatitla, en la delegación Iztapalapa.
El homicidio de Cuauhtémoc Sergio Dorantes Jaramillo, de 42 años de edad, ocurrió antes de las nueve de la noche del domingo pero sólo hasta la madrugada de ayer se reveló su identidad como integrante de la Coordinación de Inteligencia de la PFP, al tiempo que se informó que su esposa María Mónica Andrade León resulto lesionada por algunos vidrios que se le incrustaron durante la agresión.
Aunque el caso quedó a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, giró instrucciones ayer a mediodía para que el personal de la PFP colabore estrechamente en las investigaciones, según revelaron fuentes de la dependencia.
Por su parte, Miguel Angel de Torre Ruelas, titular de la Dirección de Apoyo Táctico de la PFP aseguró que los informes preliminares sobre el homicidio revelan que Dorantes Jaramillo recibió ocho balazos, pero acotó que debe esperarse el resultado de las indagatorias y del informe pericial respectivo para saber si el ataque está relacionado con el trabajo que el funcionario llevaba a cabo o sólo pretendieron despojarlo de su automóvil.
De la Torre Ruelas, uno de los responsable de los operativos antidrogas y sobre contrabando que la PFP ha llevado a cabo en varias ciudades de la república, precisó que Dorantes Jaramillo no era un alto funcionario de la PFP como llegó a manejarse inicialmente ya que sólo se desempeñaba como un agente más de la Coordinación de Inteligencia.
Sin embargo, hizo notar que llevaba varios años trabajando en la corporación y remarcó que es el primer elemento de la PFP asesinado en la capital del país en lo que va de la administración panista.
El reporte de policía capitalina indica a su vez que la suegra del agente, María Luisa León Ortiz, fue quien reportó que alrededor de las nueve de la noche del domingo cinco sujetos vestidos de negro con armas largas dispararon contra Dorantes Jaramillo, cuando éste arribaba con su esposa en su coche Golf verde modelo 20001, placas 158-LGV, a su domicilio ubicado en Emilio M, Acosta, Manzana 182, Lote 25 en la Ampliación Santa Martha Acatitla, en el perímetro de la delegación Iztapalapa.
El primer informe al respecto precisa que el cuerpo presentaba tres impactos de bala: uno en la yugular, otro en el oído izquierdo y el tercero en el mismo lado del maxilar inferior, también del lado izquierdo, de los ocho que habría recibido.
Además, la policía encontró siete casquillos calibre 7 milímetros tirados en el pavimento, al lado del vehículo del agente. En entrevista posterior con este diario, Miguel Angel de la Torre manifestó que como parte de los primeros informes del ataque la procuraduría capitalina informó a la PFP que el cuerpo presentaba ocho disparos.
Cometido el asesinato, el comando armado despojó a Alejandro Pérez Huerta, amigo del occiso y quien en ese momento llegaba a visitarlo, de su Volkswagen Sedan blanco, placas LMR-1189, para darse a la fuga. Tanto él como la señora León Ortiz fueron los encargados de identificar el cadáver y reportar el crimen a la policía capitalina, mientras la esposa del agente fue trasladada a una clínica del IMSS para ser atendida y la 40 agencia del Ministerio Público se hizo cargo de la investigación.
Hasta las primeras horas del lunes se reveló que Dorantes Jaramillo laboraba en la PFP y aunque inicialmente se manejó que era titular de la Coordinación de Inteligencia del organismo, posteriormente fuentes de la dependencia aclararon que sólo se desempeñaba como un agente más encargado de analizar casos de contrabando, tráfico de drogas y de indocumentados en la Ciudad de México. También manifestaron que no se tenía conocimiento de que el funcionario hubiera recibido alguna amenaza de muerte por su trabajo.