Ť Son buscados ya por la Policía Judicial una agente y cuatro oficiales secretarios

Roban cinco servidores del MP pruebas periciales del caso Carrola

Ť El hecho ocurrió el jueves pasado Ť Al ser ubicadas sus direcciones, éstas resultaron falsas

RAUL LLANOS

El peritaje de balística, 12 casquillos, tres balas y una esquirla, que forman parte del expediente del homicidio de los hermanos Carrola Gutiérrez, fueron sustraídos de la agencia 30 del Ministerio Público presuntamente por una agente del Ministerio Público y cuatro oficiales secretarios, quienes luego de estos hechos "desaparecieron" de sus puestos y son buscados por la Policía Judicial del DF, pues enfrentan una orden de presentación.

Los hechos se conocieron el jueves pasado luego de que Rosa María Díaz Beltrán, titular del Ministerio Público del tercer turno, y los oficiales secretarios José Luis Islas Facundo, Rodrigo Olivares Luna, Carlos Herrera Sánchez y Salvador Aguirre Venegas, abandonaran su centro de trabajo sin concluir su turno, que era a las 9:00 de la mañana de ese día.

Al relevo entró Rodolfo Vázquez, titular del Ministerio Público del primer turno, quien advirtió que no sólo el expediente depositado en uno de los archivos de la oficina había sido alterado --pues le faltaba de la foja 54 a la 79-- sino que los casquillos, las balas y la esquirla, que se encontraban en una bolsa de plástico adjunta al grueso legajo, habían sido sustraídas, por lo que los elementos bajo su cargo se dieron a la tarea de buscar las pruebas faltantes. De hecho, las tres balas son las que se extrajeron del cuerpo de los hermanos Carrola.

Sin éxito en su búsqueda, los responsables de la agencia 30 decidieron dar aviso a Visitaduría Interna --órgano de control de la PGJDF--, la que el viernes tomó la declaración de los integrantes del primer turno, encabezados por Rodolfo Vázquez, además de otras personas, como el fiscal de la PGJDF en Miguel Hidalgo, Alberto Valle Gay, y se integró la averiguación previa correspondiente por el delito de robo con agravantes.

El mismo viernes, según los datos que se conocieron, se comisionó a un grupo de agentes judiciales para que acudieran al domicilio de los presuntos implicados, pero según el reporte entregado a las más altas autoridades de la PGJDF, en los cinco casos el domicilio que habían dado los funcionarios públicos era falso, es decir, no vivían ahí.

De acuerdo con información oficial, la titular del tercer turno, Rosa María Díaz Beltrán, tenía poco más de mes y medio de haber sido asignada a dicho cargo, mientras que en el caso de los oficiales secretarios ya tenían más tiempo en dicha área, incluso algunos de ellos han sido señalados de incurrir en hechos de corrupción.

Tortura y narcotráfico

Los hermanos Jesús Ignacio, Miguel Angel y Marco Antonio Carrola Gutiérrez fueron asesinados el pasado martes 29 de mayo; sus cuerpos sin vida aparecieron a bordo de una camioneta Windstar abandonada en la zona de Tacubaya; el primero presentaba seis disparos de bala en el rostro, y los segundos tres disparos cada uno, también en la cara.

Jesús Carrola tuvo un paso efímero en la Policía Judicial del DF, donde estuvo como director del 1 al 17 de diciembre de 1997, con el entonces procurador Samuel del Villar. Renunció ante la presión de organizaciones de derechos humanos quienes lo calificaron como torturador, cuando estaba bajo las órdenes de Javier Coello Trejo, en la Procuraduría General de la República. En julio de 1996 fue separado del cargo en esta corporación, junto con otros 869 efectivos, por disposición de su entonces titular, Antonio Lozano Gracia.

Según información publicada, la DEA ?agencia antinarcóticos de Estados Unidos--lo señalaba de tener nexos con el cartel de los Arellano Félix.

El negro historial de los hermanos Carrola ocasionó que siendo comandantes de Baja California, entre 1990 y 1991, Jesús y Miguel Angel fueron motivo de una confrontación entre la Federación y los poderes locales, pues el entonces gobernador, Ernesto Ruffo Appel y el Congreso del Estado demandaron, de manera conjunta, la salida de estas personas de su entidad, por los atropellos cometidos contra la comunidad. Dicha petición fue girada al ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.

"El enemigo en casa"

Al comentar los hechos ocurridos en la agencia 30 del MP, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Alvaro Arceo Corcuera, dijo que la camioneta, la ropa y el arma encontrada en el lugar de los hechos permanece en ese lugar, pero todo esto "será sacado del lugar y se dividirá el asunto, porque veo que nos enfrentamos a algo organizado".

Con respecto a los cuatro funcionarios públicos implicados, dijo que la "sospecha principal recae en el oficial secretario que estuvo con la Ministerio Público hasta el último minuto del turno", y que hasta donde se conoce es Salvador Aguirre Venegas. Por lo pronto, la averiguación previa también iniciada aquí se asignará a otra agencia para que "no se estén investigando ellos mismos, pues no sabemos cuántos aliados más tengan adentro".

Por lo pronto, los cuatro implicados ya están siendo buscados por la Policía Judicial.

Ordenan verificar domicilios del personal de la PGJDF

Al detectarse la falsedad en los datos domiciliarios proporcionados por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Alvaro Arceo Corcuera, giró un oficio a los titulares de las 52 agencias del Ministerio Público (MP) de esta ciudad para que se revise el domicilio de todo su personal.

Esta orden se tomó luego de que la responsable del tercer turno de la agencia 30 del MP, Rosa María Díaz Beltrán, y cuatro oficiales secretarios implicados en la sustracción de pruebas del expediente relacionado con el homicidio de los hermanos Carrola, dieran domicilios falsos. Incluso, desde el jueves pasado se desconoce su paradero.

De acuerdo con el funcionario, un grupo de agentes judiciales fue comisionado desde la semana pasada para ir al domicilio de los cinco señalados y los presentaran ante la autoridad, pero al acudir a las calles donde supuestamente viven, se comprobó que "no existen".

Por ello, señaló Arceo Corcuera, "ya pasamos una orden para que se revise físicamente si los domicilios que tienen registrados (los empleados de las agencias del MP) son los correctos; también avisamos a la Dirección de Personal de la Procuraduría de Justicia del DF para que hiciera lo propio".

Con relación a las cuatro personas señaladas como presuntas responsables: Rosa María Díaz, José Luis Islas, Rodrigo Olivares, Carlos Herrera y Salvador Aguirre, ya se pidió que se les ubique donde se encuentren escondidos y sean presentados ante la autoridad. Además, se pidió los antecedentes de cada uno de los mencionados para saber si tenían cuentas pendientes con la autoridad.

Por último, comentó que "fue una tontería lo que hicieron, pues ya fueron repuestos los documentos que se llevaron (el peritaje de balística), y lo que hicieron fue delatarse a sí mismos, pues nos dan el indicio de que en parte tenemos al enemigo en casa". RAUL LLANOS