Ť Enfrentó acusaciones

Regresa a sus funciones el alcalde de Los Aldama

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL. 11 de junio. El lunes, luego que venció la licencia por 90 días que solicitó para enfrentar diversos cargos que se le imputan, volvió al cargo el alcalde panista de Los Aldama, Rubén Darío Pastrana Guerrero. El edil, a quien no ha desaforado el Congreso de Nuevo León, es acusado de incurrir en usurpación de profesión, delitos contra la salud y falsificación de documentos, al ejercer como médico sin contar con el título correspondiente y recetar sustancias sicotrópicas.

Al respecto, el diputado local priísta Rafael Salazar Cornejo dijo, a nombre de su bancada, que durante el tiempo que duró la licencia a Pastrana el Congreso estatal -donde el PAN es mayoría- incurrió en "puras equivocaciones" y errores procesales, "con el fin de proteger a su correligionario".

En otro orden, la fracción priísta propuso hoy al pleno de la Legislatura local presentar una controversia constitucional contra la decisión del Poder Ejecutivo de nombrar como procuradora de Justicia del Estado a la abogada fiscalista Alida Bonifaz Sánchez, al considerar que incurrió en violaciones al artículo 87 de la Constitución Política del Estado.

El legislador panista Américo Ramírez Rodríguez sostuvo a su vez que el gobernador Fernando Canales Clariond actuó apegado a derecho, pues el artículo referido lo faculta para designar directamente al procurador si el Congreso no lograra ponerse de acuerdo para aprobar al titular del cargo por mayoría de dos tercios en la primera propuesta, y de mayoría simple en la segunda. De igual forma, acusó a los priístas de actuar con fines políticos para "golpear" al Ejecutivo estatal.

No obstante que el ex alcalde panista de Monterrey, Jesús María Elizondo González, fue señalado por la directiva nacional del PAN como ejemplo de los políticos que no deben formar parte de Acción Nacional, el dirigente estatal del blanquiazul, Carlos Domínguez Ahedo, aseveró que no se iniciará en Nuevo León ningún procedimiento para expulsarlo, hasta comprobarse que incurrió en actos de corrupción.