MARTES Ť 12 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Sus senadores presentaron iniciativa, precisa Burgos
Desde diciembre, el PRD propuso un organismo "de transparencia"
VICTOR BALLINAS
La senadora Leticia Burgos, del Partido de la Revolución Democrática, resalta que éste presentó el 21 de diciembre pasado, durante la sesión ordinaria de ese día, una iniciativa para crear la comisión de transparencia, la cual investigaría violaciones a derechos humanos en el país, desde la década de los 60 hasta 2000, entre ellas "la represión estudiantil de 1968, la impunidad del 10 de junio de 1971, las masacres de Aguas Blancas y Acteal, así como los casos de corrupción de funcionarios que hayan perjudicado a la Federación".
Incluso, destaca la legisladora en entrevista, en la Comisión Permanente se presentó una excitativa del PRD para que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales del Senado de la República dictaminen esa iniciativa y sea llevada a votación plenaria.
Recuerda Burgos que la iniciativa pasó en el pleno sin discusión para su dictamen, pero en las comisiones no hay avances al respecto. Se argumenta en la propuesta perredista que en el país "desde hace varias décadas se ha suscitado la violación de derechos humanos de mujeres y hombres, siendo una de las causas más frecuentes la persecución por razones políticas y conceptos ideológicos difundidos y defendidos por las víctimas".
La democracia, subraya la propuesta, "debe instalarse de una vez y para siempre, y para que ello suceda es condición indispensable que florezca la verdad. El valor de la democracia está dado en la proporción en que el Estado garantiza el respeto y la vigencia de los derechos humanos".
En la tribuna senatorial, Burgos expuso el 21 de diciembre que "una de las características del viejo sistema político mexicano, que ahora termina su predominio, fue precisamente la negación de la información a los ciudadanos.
"No se trata solamente de la conocida impunidad de numerosos actos oficiales, sino también del ocultamiento de la información sobre acontecimientos que interesan a los mexicanos, sin desconocer la participación de las fuerzas armadas y de las de seguridad pública y de quienes han ocupado cargos dentro de la administración pública federal, así como de quienes han sido gobernadores."
En la argumentación de la iniciativa perredista, Burgos apuntó que "es necesario obtener información verídica sobre acontecimientos relacionados con la violación de los derechos humanos. La sociedad tiene el derecho innegable de que se le proporcione información sobre aquellos rasgos del sistema político que le fueron ocultados durante décadas. Una conciencia histórica social completa de lo que ha sido el país en materia política no se podrá conquistar sin esa información".
Criterio de la Corte
Destaca la iniciativa la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que "si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y defender a la sociedad, asumen ante ésta actitudes faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, condicionada a intereses de grupo o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo. Porque su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión a incorporar a nuestra vida política lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados".
El proyecto del PRD señala que "las autoridades públicas no deben ni pueden continuar con esa cultura de la mentira, en lugar de asumir frontalmente la verdad. De no esclarecer los hechos, quebrantarán nuestra libertad para edificar el presente y el futuro. Hoy y ante la alternancia en el Poder Ejecutivo, es el momento apropiado para cimentar el estado de derecho y a nuestras instituciones políticas".
La fracción perredista en el Senado expone en dicho texto que la consolidación de la democracia ofrece una gran oportunidad al Presidente para enfrentar de manera frontal y decidida asuntos vitales que aquejan a la República, y tratándose de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en el pasado, el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal pueden crear organismos descentralizados con tal objeto.
"Por ello -prosigue- planteamos la
creación de un organismo público descentralizado, denominado comisión de transparencia, que estaría integrado por cinco miembros, propuestos por la Cámara de Diputados y aprobados por la Cámara de Senadores. Ese organismo no tendrá carácter jurisdiccional, y por lo que se refiere a sus integrantes, éstos serán responsables en los términos del Título Cuarto de la Constitución", se indica.
Añade que la competencia que se plantea para la comisión es por violaciones graves a los derechos humanos suscitadas con anterioridad a la fecha de promulgación, en los que se haya privado de la vida a mexicanos y mexicanas por asuntos de carácter político, cuando se presuma que existieron ejecuciones extrajudiciales y haya indicios sobre la detención y desaparición de personas.
Para la creación de esta comisión el partido del sol azteca propuso que se reforme el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para que "este organismo tenga estatus jurídico similar al de la Comisión Nacional de Derechos Humanos". Dicha comisión tendría vigencia de tres años, al cabo de los cuales quedaría disuelta, se apunta en los transitorios.
La senadora Leticia Burgos dice que "lo que queremos no es venganza ni cobrar facturas; simplemente queremos justicia. ƑAcaso es mucho pedir? No queremos tampoco indemnizaciones; sólo queremos que las madres de las víctimas, esposas y familiares de desaparecidos recobren la paz y la tranquilidad al conocer la verdad".
La legisladora insiste: "Si hay voluntad se va a crear esa comisión, porque es necesaria. Debemos aclarar el pasado y llevar a los familiares de desaparecidos y víctimas la verdad para evitar que anden buscando fosas clandestinas e inhumando cadáveres. Hay que llevar a la justicia a los responsables, a los que se pueda, pero hay que aclarar el pasado".