Ť ONG demandan que a militares asesinos o violadores los juzgue la justicia civil

Limitada, la figura de coadyuvancia en Sedena

Ť La CIDH realizará visita para conocer de las recomendaciones hechas al gobierno

VICTOR BALLINAS

Activar la figura de "coadyuvancia" por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es un avance "parcial, limitado e insuficiente", aseguraron ayer Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Juan Antonio Vega, secretario de la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura.

Ambos dirigentes de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos coincidieron en demandar, en entrevista por separado, que "la Sedena lo que debe hacer es acatar la Constitución y poner a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a los militares que asesinen, torturen, violen mujeres o maltraten a personas".

Cortez y Vega cuestionaron: "¿qué espera el presidente Vicente Fox para acatar y hacer cumplir la Constitución? Los militares no pueden ser juzgados por sus iguales, si no se trata de delitos cometidos en tiempo de guerra, o de militares contra militares, pero en el caso de militares contra civiles, quien debe conocer, investigar y sancionar es la PGR".

Arturo Requesens, abogado de la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), acusa: "me sorprende que la Sedena diga que sí a la figura de la coayuvancia. Eso está por ley, sólo hay que investigar por qué no lo cumplen. Y expone su caso: como abogado de ACAT, represento a la señora Rosario Cortés García, a cuyo hijo, José Raúl Vargas Cortés, asesinaron en el Ejército, pues él era subteniente de la Fuerza Aérea.

"Fui con la señora Cortés a la Procuraduría General de Justicia Militar como su abogado para pedir la figura de 'coayuvancia', y no nos recibieron. No me dejan consultar el expediente; es más, no nos dejaron ni siquiera ingresar a las oficinas de esa Procuraduría.

"Presenté una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), expediente 2001/398 de fecha 9 de febrero de este año. También presenté demanda de juicio de amparo con fecha 28 de febrero del 2001, en el cuarto juzgado de distrito en materia penal... sólo estamos pidiendo que se nos reconozca la coadyuvancia que la Sedena y la PGJM nos ha negado. Por ello me sorprenden sus declaraciones.

"Los hechos: el hijo de la señora Cortés, subteniente de la Fuerza Aérea, fue asesinado en 1995. Nunca le entregaron el cádaver a la madre; los militares lo sepultaron, ¿por qué? ¿Qué había que ocultar?

Solicitud negada

"Cuando la señora Cortés pidió que le dejaran revisar el expediente, no se lo permitieron. Cuando yo solicito que me dejen utilizar la coadyuvancia, no me reciben, no me quieren dejar revisar qué pasó, qué ocurrió, qué dice la autopsia... nada".

Por ello, Requesen sostiene: "qué bueno que se abra la coadyuvancia, porque al fin voy a poder revisar el expediente, pero si continúan como hasta hoy, negándome ese derecho, vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

Edgar Cortez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que "lo preocupante de la coadyuvancia es que es un derecho que no se cumplía; eso hay que investigarlo, ¿por qué?"

Luego, añadió, "preocupa a las ONG que la Sedena diga ahora que es nuestra responsabilidad no haber coadyuvado; eso es una gran mentira, y ellos lo saben.

El anuncio de que ahora sí van a permitir la coadyuvancia "es parcial e insuficiente". Mejor que acaten la Constitución y las leyes y tratados internacionales, y que pongan ante la justicia civil a los militares que han cometido asesinatos, masacres y violaciones contra mujeres.

El caso de las mujeres tzeltales violadas no tiene que ser investigado por la PGJM, sino por la PGR. ¿Qué espera el presidente Fox para cumplir con la ley?"

Cortez recordó el "patético caso" de la ex ombudsman Mireille Roccatti, quien en una entrevista con ONG "nos dijo que si la Constitución no estaba acorde con el código militar, que la Carta Magna fuera reformada para apegarla a ese código".

Lo que tiene que hacerse es que "el gobierno y todos los funcionarios respeten la Constitución", subrayó el dirigente de la ONG.

Manifestó además que la visita de la CIDH a la Sedena fue solicitada precisamente por las ONG para que esa instancia investigue y vigile cuál ha sido el cumplimiento del gobierno mexicano a las recomendaciones que le ha enviado.

La CIDH, dijo, viene para dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones, "cosa que el gobierno mexicano no ha cumplido; ahí están los casos de los ecologistas presos, del general Gallardo, de las mujeres violadas, de Aguas Blancas, entre otros casos".

Respecto a la visita de Human Rights Watch, Cortez precisó: "hasta donde tengo entendido, esa instancia viene a realizar un trabajo sobre el cumplimiento de las recomendaciones que la CNDH ha turnado a la Sedena, y cuál ha sido su cumplimiento".

Por su parte, Juan Antonio Vega, de ACAT, coincidió con Cortez en que lo que hace falta es que el gobierno cumpla con la Constitución y que respete los acuerdos internacionales que obligan al Ejército a poner a disposición de la justicia civil a los militares que han asesinado, violado y maltratado a las personas.