Ť Anticipa Abascal que él sólo facilitará el diálogo entre las cúpulas obrera y patronal

La reforma laboral foxista prevé la exclusión de los partidos políticos de las negociaciones

Ť Buscan empresarios eliminar rigideces de la LFT y hacer más justo el derecho de huelga

 FABIOLA MARTINEZ /II Y ULTIMA

En la mesa de negociación para la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente Vicente Fox sólo participarán los representantes de los organismos cúpula de los sectores obrero y empresarial, como la alternativa para que este enésimo intento por modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) no sea "contaminado" por intereses políticos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, afirma que su papel será sólo el de "facilitador del diálogo" entre las partes involucradas, pese a que la discusión partirá de la llamada nueva cultura laboral, proyecto que promueve desde 1995, cuando presidía la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

A diferencia de años anteriores, líderes sindicales, representantes y abogados de empresarios manifiestan su acuerdo con el esquema preliminar, es decir, que la participación se limite a ellos, es decir, hacer a un lado opiniones, proyectos e iniciativas de partidos políticos y especialistas en el tema.

Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, central que estará por primera vez en una negociación oficial de este tipo, manifestó su acuerdo en que la negociación que haga posible una reforma laboral sea sólo entre empresarios y dirigentes sindicales, para lo cual, dijo, "queremos ponernos de acuerdo con el Congreso del Trabajo y presentar un frente común ante los empresarios".

Participante en otros intentos de reforma en los tres últimos sexenios, el directivo sindical consideró que en esta ocasión existen más posibilidades de una enmienda legal gracias al cambio de gobierno y la composición en el Congreso.

"La idea es que empresarios y trabajadores lleven la batuta; hacerles saber que hay formas de que las empresas sean productivas y rentables sin necesidad de someter a más explotación a los trabajadores", dijo.

"Simulaciones e ilegalidades"

A convocatoria de la STPS, se pretende que la negociación comience en las próximas semanas para concluir un anteproyecto de reforma que pueda ser presentado al Congreso a más tardar el segundo semestre del año 2001 como un documento "elaborado por consenso" entre los sectores de la producción.

De acuerdo con la versión de la Coparmex, el objetivo de la reforma es "eliminar la dureza o rigidez" de la LFT y bloquear lo que impida la generación de empleos en el sector formal de la economía o "desaliente" la inversión nacional y extranjera.

"La última etapa de modificación a la LFT ocurrió en 1970, tiempo en que teníamos una economía completamente distinta a la actual... Ojalá que los proyectos políticos se queden en los cajones de los partidos, porque sería un desacierto que alguno de ellos se meta en la negociación", expresó Jorge Espina, presidente de la Coparmex.

El argumento de los empleadores es que la actual ley, "rígida en aspectos fundamentales", no permite superar uno de los rezagos más graves del país que se evidencia con más de la mitad de la población en edad de trabajar ubicada en la economía informal. Además, consideran que la LFT se vuelve un código inviable para 80 por ciento de micros y pequeños empresarios que cuentan con menos de 20 trabajadores quienes por este hecho recurren a toda clase de "simulaciones e ilegalidades" para soportar la actual legislación.

En principio, la estrategia del sector patronal en este intento de reforma es mantener en reserva su proyecto y evitar "imprudencias" que pongan en riesgo el arranque del diálogo, así como el análisis de los puntos que se presumen desde ahora como "un acuerdo" entre trabajadores y empresarios.

Tomás Natividad Sánchez, miembro del consejo de Coparmex y representante del sector patronal ante instancias oficiales, precisa, en entrevista, algunos de los lineamientos que desde hace más de una década persigue este sector y que serán guía en la próxima discusión en torno a la LFT:

"Determinemos cuáles son los preceptos que están bloqueando la generación de empleos, la flexibilidad en el pacto salarial y la inversión productiva nacional y extranjera. Si alguno de estos temas, como la huelga, afectara la inversión pues debemos adecuarla, ese es el enfoque".

De este y otros aspectos básicos del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (la LFT), Sánchez, ex director jurídico de la Coparmex, comenta que la huelga debe existir -"en el marco de una ley protectora, de clase, que proteja los derechos obreros"- pero con algunas acotaciones.

Es decir, "reglamentarla a modo de que sea un derecho más justo", calificarla obligatoriamente a cierto tiempo (para evitar paros indefinidos); asegurar que la decisión de encabezar un movimiento de este tipo no quede en manos de los líderes, y que se apliquen "responsabilidades" para el sindicato que estalle una huelga sin bases jurídicas o sin el respaldo de la mayoría de los trabajadores".

Actualmente, la LFT prevé siete causales de huelga; sin embargo, para la Coparmex dos de éstas (por desequilibrio económico del país y por solidaridad) no tienen sustento constitucional y, en cambio, amenazan la inversión extranjera.

"(A los inversionistas) les da miedo los derechos tan violentos como esos que verdaderamente desalientan la inversión, porque aquí en México primero se estalla la huelga y luego se califica, es decir, primero se fusila y luego se averigua".

Para Natividad Sánchez, abogado de empresa, desde los años setenta, es urgente modificar la ley, porque precisamente las facilidades legales para iniciar una huelga alientan la problemática del contratismo de protección, documentos firmados a espaldas de los trabajadores.

"Para estallar una huelga sólo basta invocar, no comprobar, el motivo de dicho movimiento y, mientras este proceso ocurre, la empresa queda cerrada por lo menos un mes. Entonces ¿qué haces?, pues mejor firmas un contrato de protección para que no te extorsionen. ¡La mayoría de los contratos de ese tipo no son para violar derechos obreros, sino para evitar la extorsión de sindicatos que viven de ello!"

Por lo pronto, desde una mesa de análisis efectuada el sexenio pasado en alguna oficina de la Secretaría del Trabajo, ya está listo un proyecto de código procesal del trabajo, documento que aunque en esta ocasión se pretende hacer a un lado, es el precedente para la eventual reforma integral de la LFT.

A ese código seguiría, según la estrategia preliminar de la Coparmex, la conversión en ley administrativa lo relativo a la operación de las dependencias del sector laboral (Juntas de Conciliación y Procuraduría de la Defensa del Trabajo, entre otras); la actualización de la tabla de riesgos de trabajo, y el análisis de derechos básicos, como jornada laboral, contratación, responsabilidades del empleador, reglamentación de la huelga y de la organización sindical.

El contexto anterior y en especial la exclusiva participación de trabajadores y patrones en la mesa de diálogo es para académicos y abogados la vía para un renovado fracaso de la reforma. En principio, señala Graciela Bensusán, especialista en legislación laboral, la representación de trabajadores y empresarios continúa mayoritariamente en poder de las cúpulas oficiales.

"El gobierno debe entender que no habrá un cambio hasta que la transición laboral siga los pasos de la transición política, es decir, cambiar las reglas del juego, las instituciones y encaminarse hacia la gobernabilidad... Un buen elemento es la reciente huelga en Aeroméxico, pero lamentablemente 'una golondrina no hace verano'", expresó.

Los investigadores Alfonso Bouzas y Enrique de la Garza coincidieron en que nuevamente se truncará la reforma si se excluye a los partidos políticos y al Congreso de la Unión porque quienes pretenden delinear los cambios "siguen siendo sólo representantes legitimados por el Estado".

Ť Eliminar de la LFT "durezas y rigideces" que desalientan la generación de empleos y la inversión nacional y extranjera.

Ť Revisar la reglamentación de la huelga.

Ť Incluir en la LFT la contratación por aprendizaje (para la enseñanza de un oficio o profesión).

Ť Pago por horas con pago proporcional de prestaciones y conforme a las necesidades productivas de la empresa.

Ť "Flexibilidad" en el pacto o convenio salarial.

Ť Impulso a los principios de la nueva cultura laboral (capacitación de los trabajadores y empresarios; consolidar "diálogo y concertación" en la relación obrero-patronal; fomentar el desarrollo de la productividad y el pago por ésta, entre otros preceptos).

Legislaciones laborales en América del Norte

Ť México: Ley Federal del Trabajo protectora de la estabilidad en el empleo, indemnización ante despido injustificado; derecho constitucional de asociación de trabajadores y de patrones, así como de huelga; contratos individuales y/o por rama productiva, pago por jornada semanal de 48 horas; salario mínimo.

Ť Estados Unidos: Ley de Jurisdicción Federal; posibilidad de despedir sin aviso ni indemnización; no hay máximo de jornada laboral; salario mínimo y pago por hora; obligación de las empresas a contratar con un sindicato "certificado"; contratos colectivos por empresa, los cuales pueden incluir cláusulas de "no huelga".

Ť Canadá: Tiene 11 sistemas legales en materia laboral; libertad de despido de trabajadores no sindicalizados; jornada de trabajo variable, según la provincia, no hay salario mínimo. Necesario que un sindicato cuente con la mayoría de los trabajadores en una empresa; obligación de contratar con un sindicato "certificado". Prohibidas las huelgas durante la vigencia de un contrato colectivo.

Fuente: Enrique de la Garza, investigador-UAM e informe 1996 del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte.