LUNES Ť 11 Ť JUNIO Ť 2001

Sergio Rodríguez Lascano

La justicia no se negocia

Un debate ha comenzado a recorrer las páginas de varios diarios, lo mismo que varios espacios televisivos: Ƒqué hacer frente a las constantes y terribles violaciones de los derechos humanos que se cometieron en sexenios anteriores, en especial la de los detenidos-desaparecidos?

Diversos funcionarios del gobierno de Fox han dado respuestas diferentes frente a este problema. Por un lado, Jorge Castañeda y Mariclaire Acosta promoviendo una Comisión de la Verdad que no solamente investigue, sino que "proponga el camino de la reconciliación", y por otro, los que como Santiago Creel se oponen a dicha comisión y en cambio promueven que sea el Ministerio Público quien lleve a cabo las investigaciones. Paralelamente, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, rechazó la propuesta de una Comisión de la Verdad en tanto dijo que podría ser una "instancia ligerita, sin peso ni trascendencia", lo cual no deja de ser paradójico si tomamos en consideración que sobre los desaparecidos y en general sobre los derechos humanos nada ha sido más "ligerito, sin peso ni trascendencia" que la CNDH.

Parecería que desde las diversas esferas del poder se busca nuevamente utilizar un problema social, quizá el más inhumano de todos, para avanzar en sus rutas críticas hacia la lucha por la Presidencia del 2006, que aunque parezca increíble ya empezó.

Las dos visiones, sin embargo, coinciden en algo: el objetivo no puede ser una "cacería de brujas", sino la reconciliación nacional.

Desde la perspectiva del Comité Eureka de familiares de detenidos-desaparecidos, que encabeza Rosario Ibarra, el objetivo es otro: la justicia. Ahí es donde reside la diferencia con los dos caminos promovidos por los diversos miembros del gabinete foxista.

En un programa de televisión en el que se trató este tema, Sergio Aguayo utilizó una desafortunada frase al señalar que el problema de los desaparecidos era una "papa caliente que el gobierno tenía que solucionar". Esa frase agradó mucho al canciller Castañeda, quien quiso ubicar este terrible drama humano como una responsabilidad común entre las fuerzas del Estado y los que fueron detenidos-desaparecidos, cuando éstos fueron secuestrados por los responsables de mantener, supuestamente, el estado de derecho.

Si desde el Estado se entiende esta práctica, que ha sido calificada por Naciones Unidas como un crimen de "lesa humanidad", como una "papa caliente", la perspectiva será --una vez más-- quitársela de encima. Hace algunos años, el señor Gutiérrez Barrios, uno de los diseñadores del terrorismo gubernamental, le dijo a un ex desaparecido: "la desaparición fue una decisión de Estado y solamente una decisión de Estado podrá resolver el problema".

El problema no es si se forma una Comisión de la Verdad o no, sino si se va a aplicar la ley. En muchos países las comisiones de la verdad han sido el instrumento para exorcizar los reclamos de justicia y el paso previo a las "leyes de punto final", bajo el pretexto de la reconciliación y de no llevar a cabo "una cacería de brujas".

Recientemente se aprobó en el Congreso de la Unión una ley sobre el delito de la desaparición forzosa, esa ley fue el producto de la lucha del Comité Eureka y ubica el problema en su justa dimensión.

El carácter continuo que tiene ese delito lo hace imprescriptible, en tanto los detenidos- desaparecidos no han sido presentados. Por ello los familiares y amigos de estos ciudadanos deben levantar sus denuncias y la investigación se debe llevar a cabo. Los objetivos son claros: ubicar a los detenidos-desaparecidos, presentar con vida a los que se encuentre, y hacer lo que todo régimen de derecho debe hacer con los que cometieron un delito: juzgar a los que ordenaron y ejecutaron esas desapariciones. Para realizar esa investigación se debe llamar a declarar y fincar responsabilidades a quien lo amerite, a una serie de personajes que se presume están relacionados con esa terrible práctica y que todavía están con vida: Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Miguel Nassar Haro, el capitán Luis de la Barreda (papá del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal), el general Carrillo Olea, Mario Moya Palencia, entre otros.

Los organismos independientes de la sociedad deben estar vigilantes para no permitir que desde el poder se cometa una nueva burla. La lucha por la justicia no puede ser interpretada como "cacería de brujas", pero tampoco puede ser minusvaluada con promesas de indemnizaciones monetarias o con querer convertir en chivos expiatorios de todas las culpas al general Acosta Chaparro, que ya está en la cárcel, o a Gutiérrez Barrios, quien está muerto; ellos solamente son la punta de una madeja que debe ser desenredada para ubicar a los jefes.

Parafraseando a los zapatistas, el tablero que se nos quiere imponer desde el poder, lo que busca es que uno escoja entre los diversos actores de la clase política en un juego donde el resultado está claro desde el inicio, no importa quién gane, en tanto siempre gana alguno de ellos. En la lucha por la presentación de los detenidos-desaparecidos el otro tablero se llama justicia y bien haríamos en no movernos de él.