LUNES Ť 11 Ť JUNIO Ť 2001

Ť El general Vega García ordena activar la figura jurídica de "coadyuvancia"

Sedena se abre a la participación civil en pesquisas de abuso militar

Ť La procuraduría castrense analizará con Human Rights Watch el caso del ejido Morelia

Ť Se revisaría la situación del general Gallardo, considerado preso de conciencia por AI

JESUS ARANDA

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, ordenó a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) que "active" la figura jurídica de la "coadyuvancia", para que las organizaciones no gubernamentales, familiares de víctimas o testigos participen en la aportación de pruebas o bien, de manera indirecta, en los careos que el Ministerio Público Militar lleve a cabo con los presuntos acusados por abuso militar.

Como parte de esta nueva política, confirmaron fuentes castrenses, destaca la próxima reunión que celebrará la Procuraduría General de Justicia Militar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización Human Rights Watch, en la que se discutirán temas como la matanza en el ejido Morelia, que tuvo lugar en el marco del conflicto chiapaneco a principios de 1994; la violación de un grupo de mujeres indígenas tzeltales, presuntamente a manos de soldados en Chiapas, y la detención de los ecologistas de Pizotla, Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Cabe señalar que aunque no precisaron las fuentes, se supone que el caso del general José Francisco Gallardo también sería analizado, toda vez que tanto para la CIDH como para organizaciones defensoras de derechos humanos -como Amnistía Internacional-, el militar es un "preso de conciencia" y la sentencia misma en su contra de más de 28 años de prisión es calificada como un acto autoritario.

"Estamos abiertos a investigar a fondo estos asuntos, que traigan las pruebas acusatorias que tengan en contra de miembros del Ejército y las analizaremos", aseguraron los oficiales.

Sin embargo, a pesar de la decisión de "reactivar" la coadyuvancia -la cual está contemplada en el Código de Justicia Militar, pero que no se había utilizado por años-, aún no se ha tenido la respuesta esperada.

En este contexto los oficiales explicaron que en muchas ocasiones tanto familiares como organizaciones no gubernamentales denuncian ante la PGJM presuntos hechos delictivos cometidos por militares, pero cuando se les requiere de nueva cuenta para ratificar su queja, resulta que ya no se presentan.

O peor aún, indicaron los informantes, se quejan de que al pedir de nueva cuenta su comparecencia ante el Ministerio Público Militar la autoridad actúa arbitrariamente y con el propósito de amedrentar a los quejosos para que su demanda no fructifique. Eso no tiene sustento alguno, estamos abiertos a sus quejas y esperamos su apoyo coadyuvante, indicaron los militares.

Por otra parte, aseguraron que hasta la fecha la procuraduría militar que encabeza el general brigadier Jaime Antonio López Portillo Robles Gil no ha recibido ninguna denuncia concreta en contra de los generales Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo por su presunta participación durante la guerra sucia en el estado de Guerrero, en los años setenta.

De acuerdo con denuncias públicas, ambos generales -actualmente presos en el Campo Militar Número Uno acusados por vínculos con el narcotráfico- formaron parte de los cuerpos represivos que utilizó el gobierno en contra de la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero.

Sin querer polemizar sobre la presunta participación de los generales Acosta y Quirós en los hechos referidos, los informantes señalaron el que Código de Justicia Militar permite a los civiles denunciar ante la procuraduría militar a los soldados que considere actuaron ilegalmente, por ejemplo, por actos de abuso de autoridad en acciones de apoyo a la seguridad pública.

Esta misma apertura, insistieron, será respetada en casos denunciados ante la propia procuraduría militar, como es la presunta desaparición del teniente Orlando Muñoz, cuyo asunto también es ventilado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque oficialmente las autoridades militares aseguran que se trata de una deserción, por lo que no hay delito que perseguir.

Comentaron que hace cuatro semanas el propio general Vega García recibió a familiares del teniente, quien según las autoridades desertó, y se comprometió a investigar el asunto. Pero también los exhortó a "coadyuvar" en la indagación.

Lamentablemente, aseguraron los informantes, hasta la fecha los familiares del teniente no se han comunicado para continuar las indagaciones.

Otro asunto que la procuraduría castrense está dispuesta a "abrir" es el de la muerte del subteniente de la Fuerza Aérea José Raúl Vargas Cortés, ocurrida en 1998 en la Base Aérea de Santa Lucía.

Según la versión oficial, se trató de un suicidio, sin embargo, la madre del joven, María del Rosario Cortés, ha insistido desde aquel entonces en que se trató de un asesinato perpretado en la instalación militar por causas aún no claras. Aun cuando se realizó la necropsia de ley en este caso que avalaría la postura oficial, trascendió que la PGJM está dispuesta a aceptar que alguna organización -pudiera ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos- participe en la inhumación de los restos del joven para que se efectúe una nueva autopsia y determinar, en definitiva, si se trató de un suicidio o de un homicidio.