Roberto Garduño

"Me recibió, nos sentamos cerca el uno del otro. Se me acercó tanto que sentí su aliento en la cara, me tomó de la quijada y me dijo: Alfonso, vaya usted a su hogar, reúna a su esposa y a sus hijos y dígales que va a servir al presidente de la República. ¡Dígales que ha renunciado usted al cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal! Sirve usted así al Presidente y a su amigo".

Con lágrimas en los ojos, Alfonso Martínez Domínguez relató así a Heberto Castillo cómo el entonces presidente Luis Echeverría Alvarez le obligó a dejar su cargo en la regencia para colocarlo, de esa forma, en el centro de la desaprobación pública por la matanza del 10 de junio de 1971.

El halconazo fue un hecho más que se sumó a la abundante historia de omisiones, por un lado, promesas y compromisos presidenciales, por el otro, para investigar matanzas, represión y actos de arbitrariedad que apuntalaron los cimientos del sistema político centralista en México. Ninguno de esos acontecimientos de impunidad fue resuelto a cabalidad. Los expedientes siguen abiertos.

Al cumplirse tres décadas de la emboscada contra estudiantes y maestros en San Cosme, la mayoría de las infamias oficiales apunta, sobre todo, a un sector vulnerable: el campesino-indígena.

La estrategia de los políticos populistas y los tecnócratas en el gobierno para sostener el sistema ?que se enfrenta a la constante pérdida de credibilidad y a la paulatina crisis económica? ante el descontento popular, se ha fundamentado en la represión selectiva y permanente; la desinformación y manipulación de los hechos, y el saqueo de los recursos materiales y económicos de la nación.

Los responsables directos de las matanzas se concentran en el campo, y son en su mayoría miembros de bandas paramilitares que obedecen y operan impunemente a las órdenes de los caciques y en connivencia con las autoridades. Además, han participado en la autoría de los hechos de manera directa las llamadas guardias blancas y personal de los cuerpos de seguridad locales, estatales y federales.

La aparición de la nueva elite en el poder, los tecnócratas, fortaleció el centralismo político, y la administración pública se desvinculó de las demandas sociales de los campesinos, generando un escenario propicio para la operación impune de los grupos de dominación local, que hasta la fecha imponen un régimen de terror y temor con las matanzas de mujeres, niños, ancianos y hombres del campo.

Sumado a esa cultura de la violencia, el presidencialismo omnímodo que hace creer a quien ocupa ese cargo que es un ser intocable, un Huey Tlatoani, ha propiciado excesos y actos de violencia contra los opositores al sistema, a quienes se les califica como victimarios de la libertad y enemigos del presidente en turno.

Y a las complicidades gubernamentales se agrega una que es clave, la del Ministerio Público Federal, que depende directamente del Poder Ejecutivo y a lo largo de los últimos 30 años de historia mexicana ha fungido como aval de estos hechos de impunidad. Con la Procuraduría General de la República, las autoridades se vigilan a sí mismas.

LUIS ECHEVERRIA, EL ROSTRO DEL CINISMO

El jueves 10 de junio de 1971 la manifestación convocada por el Comité Coordinador de los Comités de Lucha estudiantil inició una marcha de la Escuela Normal de Maestros. Al llegar al cruce de la calle Maestros con la avenida México-Tacuba estalló una granada de gas, a lo que siguió la aparición de un grupo de halcones que portaban varillas electrificadas, de bambú, maderos de kendo y armas de fuego, que apuntaron contra maestros y estudiantes. La agresión se consumó ante la complacencia de los policías que permanecieron apostados afuera del Instituto Técnico Industrial.

En el interior de la Escuela Normal las ráfagas de armas automáticas hicieron blanco entre los manifestantes que buscaban refugio. Y en los edificios aledaños a la concentración los francotiradores abrieron fuego. Horas después la Dirección de Policía y Tránsito reportó un saldo de cuatro muertos, 26 lesionados y 159 detenidos. Un día después la cifra especial fue de siete muertos.

Ese mismo día, Alfonso Martínez Domínguez dijo: "el país no quiere revueltas ni motines. Una cosa es la Revolución con mayúscula, creadora, dinámica, reformadora, y otra cosa es la violencia callejera, sin sentido, sin orientación, sin apego a nuestras leyes".

?¿Pero actuaron los halcones contra los estudiantes? ?Se le cuestionó.

?El Departamento del Distrito Federal no tiene ningún cuerpo de ese tipo. ¡No existen los halcones! Esta es una leyenda.

Un día después, Luis Echeverría se refirió lacónico a la matanza. Fue, dijo, "un acto vandálico, bárbaro... confíen y los responsables serán castigados".

Con toda oportunidad, el PRI se manifestó: "Existen grupos minoritarios, empeñados en planear una contrarrevolución. Cobarde e irresponsablemente se aprovechan de la buena fe y noble actitud de la juventud de México".

Cinco días después de la masacre los sectores afines al echeverrismo, en coordinación con el regente Martínez Domínguez, organizaron una manifestación de apoyo al Presidente. Llenaron el Zócalo capitalino, y fue tanta la complacencia de Luis Echeverría que felicitó al hombre a quien horas después obligaría a renunciar.

"Muy buen trabajo Alfonso. ¡Magnífica concentración!", le dijo.

Ante los miles de "asistentes", el presidente de la República utilizó su conocida capacidad retórica: "el país espera que las universidades analicen y contrarresten creativamente las maniobras de los pequeños grupos de activistas enemigos de la verdadera libertad... ¡El país quiere la libertad pero no la confusión! México no retrocederá. Sería imperdonable que permitiéramos a un puñado de irresponsables cancelar la esperanza nacional".

Fue tanta la habilidad de Luis Echeverría que aparte de solicitarle la renuncia a su "amigo" Martínez Domínguez, le dio una entrevista a Jacobo Zabludovsky para garantizar al pueblo que la investigación de los hechos sería transparente:

"Yo necesito que no haya sombra de duda de las investigaciones que está realizando la Procuraduría General de la República".

Años después, el coronel Rogelio Flores Curiel, jefe de la policía capitalina durante el halconazo, fue premiado por Echeverría. Los servicios al Presidente el 10 de junio de 1971 le redituaron la candidatura ?y posterior gubernatura del estado de Nayarit?, pero Alfredo Ríos Camarena, quien fue acusado en 1977 durante el régimen de José López Portillo por un desvío millonario de recursos del fideicomiso Bahía de Banderas, reveló en Estados Unidos ?donde permanecía evadiendo a la justicia mexicana porque pesaba una orden de aprehensión en su contra? que el coronel Flores Curiel fue beneficiario de las sumas de dinero obtenidas de dicho fraude, porque durante la campaña electoral del militar en Nayarit compró miles de votos.

El gobierno de Luis Echeverría también hizo esfuerzos para contener la creciente movilización agraria que se generaba en el país. Un hecho que ocurrió a finales de 1975 se convirtió en el detonante de la represión selectiva cuando en el poblado San Ignacio Río Muerto, en Sonora, diez campesinos, entre ellos el dirigente local Juan de Dios Terán, fueron asesinados a mansalva por elementos del Ejército Mexicano y policías estatales. Aquel suceso fue resuelto desde el centro, cuando se ordenó al gobernador Carlos Armando Biebrich que renunciara. La matanza, igualmente, quedó en el olvido. Luis Echeverría ni siquiera la mencionó.

Meses antes de concluir su mandato, y una vez que inauguró su nueva relación con el periódico Excélsior, Luis Echeverría sostuvo el 16 de julio de 1976:

"Qué importante que el país haya tomado un rumbo distinto del que llevaba hace cinco años. De haberse continuado por ese rumbo, la brecha hubiera desembocado sin duda alguna, y de eso tenemos conciencia plena, en un movimiento convulsivo que iba a ser reprimido, y la represión masiva a los sectores mayoritarios no es otra cosa sino fascismo puro".

JOSE LOPEZ PORTILLO, EL ROSTRO DE LA CORRUPCION

Desde su campaña electoral, el candidato José López Portillo formuló una frase de época: "la corrupción es el cáncer de este país. México corre el riesgo de devorarse a sí mismo si no logramos controlar la corrupción".

López Portillo se rodeó de personajes que lo traicionaron. Los dejó ser y hacer. Arturo Durazo Moreno, Carlos Hank González, Rosa Luz Alegría y Jorge Díaz Serrano, los más ilustres.

Su estrategia anticorrupción se convirtió, paradójicamente, en el desastre sexenal. El saqueo y el robo de los bienes de la nación quedaron, nuevamente impunes. El enriquecimiento inexplicable de los funcionarios públicos, y el consecuente endeudamiento de millones de mexicanos nunca fueron aclarados.

Un capítulo significativo de la historia negra del lopezportillismo fue el descubrimiento de los cadáveres de narcotraficantes colombianos arrojados al canal del desagüe de la ciudad de México, que posteriormente aparecieron en el río Tula.

El 1981, un grupo de agentes especiales de los llamados jaguares de la policía de la ciudad de México, participó en el múltiple homicidio de once ciudadanos colombianos dedicados al tráfico de cocaína y un taxista mexicano.

El jefe de la policía capitalina, Arturo Durazo Moreno ?amigo de la infancia de José López Portillo?, había establecido contacto con el cártel de Medellín y, en contubernio con los capos de la droga, acordó que la ciudad de México serviría como punto de tránsito para la cocaína.

La negociación se vio interrumpida por el propio Durazo Moreno, quien ordenó a Miguel Nazar Haro, jefe de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), que eliminara a los narcotraficantes colombianos.

Ese policía coordinó a Francisco Sahagún Baca, a Adrián Carrera Fuentes, a Rosendo Borges, a Manuel Martínez Valdés y a Rodolfo El Rudi Reséndez, para realizar el trabajo encomendado por Durazo Moreno. Ese fue otro caso de impunidad que no se resolvió.

Nazar Haro no pagó su cuenta con la justicia; ahora es dueño de una empresa de seguridad privada y funge como vicepresidente del Consejo Nacional de Empresas de Seguridad Privada.

José López Portillo, que hizo de la Presidencia de la República un gran negocio para su familia y sus amigos, actuó de la siguiente forma: poner en la cárcel a unos cuantos corruptos para aplacar la ira de un pueblo que se sentía robado por su antecesor: Luis Echeverría Alvarez.

En 1977, Alfredo Ríos Camarena cayó por el escándalo de Bahía de Banderas. Este hombre había sido secretario de Augusto Gómez Villanueva, cargo que también desempeñó Félix Barra García, quien igualmente fue procesado por extorsionar a un terrateniente de Ciudad Acuña, Coahuila, a quien le pidió 10 millones de pesos por firmar un cheque de indemnización. El caso de Félix Barra fue el primer proceso judicial contra un ex secretario de Estado.

A pesar de las acciones espectaculares contra ex funcionarios del sexenio echeverrista, campaña a la que se hizo llamar entre la opinión como una "venganza política" contra su antecesor, López Portillo justificó la existencia de la corrupción en México: "el problema de la corrupción está encajado en todo el mundo, no hay por qué desgarrarnos las vestiduras y decir que sólo sucede en México".

En 1978 fue aprehendido Eugenio Méndez Docurro, quién había sido secretario de Comunicaciones y Transportes con Luis Echeverría, y con López Portillo se desempeñaba como subsecretario de Educación Pública. Se le comprobó un hurto de 2 millones 600 mil dólares a la empresa estatal Intelsat. Tras las rejas, aceptó que había robado el dinero y no le quedó otra que regresarlo. Salió libre.

En mayo de 1978, también fue arrestado Fausto Cantú Peña, director de Inmecafé, porque confesó que recibía 200 pesos de "mordida" por cada saco de café que se exportaba de contrabando. En una sola operación se ganaba más de un millón de dólares. También salió libre.

Otro caso para la historia fue el del gobernador de Coahuila Oscar Flores Tapia, a quién se le procesó por enriquecimiento inexplicable. El procurador general de la República, de entonces, Oscar Flores Sánchez, presentó pruebas suficientes para que fuera procesado, pero el gobernante regresó una cantidad de dinero que nunca se dio a conocer a la opinión pública.

Tiempo después, a Miguel Lerma Candelaria, que era diputado federal y funcionario de Banrural, se le comprobó un fraude por 5 mil millones de pesos (200 millones de dólares), pero gracias a un pitazo logró escapar a Estados Unidos. Y la impunidad del régimen lopezportillista imperó de nuevo.

Para 1979, el procurador Flores Sánchez ya había procesado a más de 2 mil funcionarios públicos por delitos asociados a la corrupción. Pero el agente del Ministerio Público Federal encargado de esos casos fue el conspicuo Javier Coello Trejo, quien hizo enojar a López Portillo por la siguiente declaración: "los procesos contra los funcionarios han permitido al gobierno recuperar 11 mil millones de pesos (más de 400 millones de dólares), pero eso sólo representa el uno por ciento de lo robado en el país durante el sexenio".

El Presidente respondió encolerizado: "Yo no sé qué elementos de juicio puede tener (Coello) cuando afirma que se ha recuperado el uno por ciento de lo que los funcionarios del sexenio han robado. A mí me parece que este es un juicio temerario, y la recuperación de 11 mil millones de pesos no es poca cosa, es muestra de la voluntad del gobierno para combatir la corrupción".

Entraba en la recta final el sexenio lopezportillista y durante una reunión con reporteros, uno de ellos le preguntó al presidente en turno:

?¿Ya tomó previsiones para evitar los cúmulos de funcionarios millonarios?

?Las consejas de la hornada de millonarios... mmm... Bueno, se dicen tantas cosas... mmm... Sería interesante saber quiénes y en qué casos.

No obstante, entre el ciudadano común se hablaba de los saqueos y el enriquecimiento de algunos de sus colaboradores: Carlos Hank González, Jorge Díaz Serrano, Rosa Luz Alegria, Margarita López Portillo, y de los groseros despilfarros de su esposa Carmen Romano... y de él mismo.

Su campaña anticorrupción le causó preocupación y en las postrimerías de su mandato, durante una comida con el denominado grupo 20 mujeres y un hombre, dijo: "a la corrupción se le ha añadido el escándalo, y el escándalo nos ha hecho daño, porque ahora que hemos cumplido con el combate a la corrupción, estamos hablando con exceso de esto y de lo otro y de lo de más allá, viciando el sistema".

José López Portillo, apareció en 1982 ante la población como un hombre engañado por sus amigos y familiares. Dejó al pueblo de México una deuda con el exterior de 80 mil millones de dólares. Los corruptos de ese gobierno transitaron por la vía libre de la impunidad. Pero también la deuda histórica quedó en el campo.

Y por omisión, también quedaron impunes diversos hechos de violencia en el agro del país, donde se gestaba una nuevo movimiento agrario: el 19 de marzo de 1977, en San Juan Lalana, Oaxaca, murieron 29 indígenas; en el olvido quedó el homicidio del dirigente campesino Pedro Beltrán, asesinado el 4 de abril de 1978; en Tehuipango, Veracruz, ocurrió otra matanza el 20 de abril de 1980, fallecieron 21 agricultores, diez resultaron heridos y tres de sus compañeros fueron secuestrados; en el poblado de Tlacolula, Veracruz, pistoleros a sueldo mataron a 26 campesinos; y en 1981 ocurrió la masacre de campesinos en Pantepec, Puebla.

MIGUEL DE LA MADRID, EL ROSTRO DE LA OMISION

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter semidestruyó la zona central de la ciudad de México y generó un fenómeno de solidaridad que el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, por incapacidad e insensibilidad, no pudo contener.

Aquel día se desplomó sobre la ciudad de México una de las tragedias más grandes de su historia. En las primeras horas y los primeros días no fue posible cuantificar lo incuantificable.

Durante más de dos horas, de las 7:19 a las 9:30, el centro capitalino quedó en silencio y sin autoridad que controlara la crisis. Miguel de la Madrid iniciaría una gira de trabajo por el estado de Michoacán, pero la realidad lo obligó a cambiar su agenda, y entre los escombros sólo alcanzó a ordenar una frase paradójica: "estamos preparados para regresar a la normalidad..."

Mientras miles de personas permanecían a atrapadas entre los escombros, familiares, amigos y voluntarios se volcaban en la ciudad para remover cascajo, tierra y lozas de concreto. Pero el Presidente demandaba a los ciudadanos: "no se muevan, y salgan lo menos posible de sus hogares".

Los habitantes respondieron pero las autoridades adolecieron de sensibilidad. Mientras el rescate de víctimas y atrapados proseguía a manos de rescatistas mexicanos y extranjeros, auxiliados por mujeres y hombres, el regente Ramón Aguirre respondió a una invitación de la Cámara de Diputados para decir en ese recinto: "se retorna a la normalidad".

Detrás de los sismos del 19 y 20 de septiembre quedaba una historia de corrupción e impunidad: la autorización para edificar edificios públicos y unidades habitacionales que se derrumbaron con cientos de personas en su interior.

Guillermo Carrillo Arena, el arquitecto que combinó el ejercicio libre de su profesión con su militancia en el PRI, fue el centro del debate meses después del terremoto. Con una larga lista de funciones administrativas desde 1970 a 1986, entre las que destacó la dirección de proyectos de la Comisión Constructora e Ingeniería Sanitaria de la Secretaría de Salubridad, el arquitecto se hizo cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el gobierno de Miguel de la Madrid.

En 1986, Guillermo Carrillo fue denunciado en diversos medios de comunicación por el trato despótico que daba a los damnificados por los terremotos del año anterior.

No obstante, el señalamiento más serio contra el secretario de Desarrollo Urbano fue el que lo responsabilizó del derrumbe del Hospital Juárez, de la Secretaría de Salubridad, edificio donde murieron más de 400 personas, y que él fue el responsable de construir. Sin argumentos para responder a esa imputación, el arquitecto renunció al cargo para continuar desempeñando su función profesional. Las autoridades judiciales nunca lo llamaron a cuentas. La omisión imperó de nueva cuenta.

Y fue Rubén Figueroa quien defendió a Carrillo Arena: "su blancura no me ciega..."

CARLOS SALINAS DE GORTARI, EL ROSTRO DE LA PERVERSIÓN

La consolidación de la tecnocracia en el poder en México, trajo consigo un desprecio a los oponentes políticos del régimen priísta. En los seis años del salinismo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) documentó que 600 de sus militantes y simpatizantes fueron asesinados. Entre ellos Francisco Xavier Ovando, coordinador de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, y su acompañante Román Gil Heraldez. En respuesta a las demandas perredista por el esclarecimiento de los crímenes políticos, Carlos Salinas respondió tiempo después: "ni los veo, ni los oigo".

A esa historia de desapariciones se sumó la impunidad con que actuaban las fuerzas de seguridad del gobierno. El 6 de mayo de 1990 ocurrieron dos enfrentamientos entre campesinos y elementos de la Policía Judicial Federal en el poblado Aguililla, Michoacán. El primer choque se suscitó cuando siete judiciales llegaron a la presidencia municipal para solicitar informes sobre la presencia de narcotraficantes en la región. Sin obtener respuesta, los policías se dirigieron a la comunidad Barranca Adentro, donde se dio una balacera en la que murieron dos agentes federales.

Los judiciales se retiraron del lugar, pero regresaron tres horas después con refuerzos que sumaban más de cien personas. Y en Aguililla comenzaron a detener a mujeres y hombres con el argumento de que los habitantes de la comunidad se dedicaban al tráfico de drogas. Aquella acción provocó la ira de los pobladores y se registró un segundo tiroteo donde tres policías y dos campesinos murieron.

Una vez que finalizó el choque, el presidente municipal perredista, Salomón Mendoza Barajas fue detenido junto a más de cien lugareños.

Un día después, el delegado de la PGR en Michoacán, Américo Meléndez, fue trasladado de Morelia al Distrito Federal acusado de tráfico de estupefacientes, homicidio calificado, acopio de armas y posesión de mariguana.

La única respuesta del gobierno federal fue la que emitió la PGR: "...diversos testimonios de vecinos de la localidad coincidieron en que el presidente municipal de Aguililla, Salomón Mendoza Barajas, fue quien había incitado a los agresores, porque había que impedir las acciones de la Policía Judicial en contra de los traficantes de la región".

El 10 de mayo, el diputado Leonel Godoy fue secuestrado en la ciudad de México y liberado horas más tarde. El legislador denunció que los autores del plagio pertenecían a la Policía Judicial Federal, por lo que la PGR, a cargo de Enrique Alvarez del Castillo, respondió de inmediato: "perseguimos delincuentes, no ideologías".

Otro caso irresoluble fue la matanza de siete agentes de la Policía Judicial en Tlalixcoyan, Veracruz, que perseguían a una avioneta procedente de Colombia que transportaba 370 kilogramos de cocaína pura. Los victimarios fueron elementos del Ejército Mexicano.

La postura gubernamental desde el inicio de la investigación fue que se trató de una confusión, porque los militares creyeron que los agentes judiciales eran narcotraficantes colombianos. Y los verdaderos traficantes de cocaína huyeron.

La reacción de las autoridades fue inmediata. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la PGR emitieron un comunicado conjunto para informar que los hechos ocurrieron a las seis quince horas en un paraje denominado La Piedra, en las proximidades de Tlalixcoyan, unos 40 kilómetros al sur del puerto de Veracruz. El sistema hemisférico informó que una avioneta Cessna Centurión 210, con matrícula sobrepuesta XA-LAN había violado el espacio aéreo mexicano, por lo que la Dirección General de Intercepción de la PGR ordenó que despegara un avión de la base de Tapachula, Chiapas y la persiguiera.

En cumplimiento de esa orden despegó el avión de la PGR, Aerocomander XC-HGG, y luego de ubicar la posición de la avioneta procedente de Colombia informó que trataría de obligarla a aterrizar en Veracruz. Casi simultáneamente, de la base aérea de Mérida salió un segundo avión con agentes de la Policía Judicial Federal, cuya misión sería capturar a los narcotraficantes una vez que la aeronave proveniente de Colombia aterrizara.

La avioneta aterrizó poco antes del amanecer en La Piedra. En tanto, soldados que se encontraban cerca y que habían escuchado el ruido de los aviones tomaron posición de alerta. No obstante, los narcotraficantes los tomaron por sorpresa y los agredieron.

Tanto la Sedena como la PGR justificaron la agresión porque, "dadas las condiciones imperantes, que dificultaban la identificación de las aeronaves, se produjo un tiroteo en el que murieron los siete agentes de la PJF".

No obstante, se supo que los soldados del Ejército Mexicano que participaron en el tiroteo desde tierra se encontraban en el paraje denominado La Víbora desde la noche anterior, y que resguardaban un tanque que contenía hidrosina para abastecer a cualquier aeronave. Incluso los propios militares habían preparado el acceso a la pista de aterrizaje clandestina.

Una semana después, Carlos Salinas de Gortari declaró en el Congreso Internacional La Experiencia del Ombudsman en la Actualidad: "vigilaremos que la fuerza pública fortalezca realmente el imperio de le ley, evitando que la lucha contra el narcotráfico se desvirtúe con abusos de autoridad, porque la protección de los derechos humanos no es una concesión, sino obligación irrestricta del gobierno".

Diez días más tarde, la Sedena solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que iniciara una investigación sobre la matanza. La coordinación para la atención de delitos contra la salud de la PGR anunció la existencia de un video de la matanza de los judiciales, que fue filmado por un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) desde el interior de uno de los aviones de la PGR.

Las autoridades federales encabezadas por el procurador Ignacio Morales Lechuga detuvieron a dos personas, a las que se les implicó en la matanza: el contador público Rafael González Caudillo y el campesino Gaspar González...

ERNESTO ZEDILLO...

El periodo presidencial de Ernesto Zedillo se caracterizó por una serie de hechos de sangre que consternaron a la opinión pública nacional e internacional. El desprecio a las causas campesinas e indígenas que la elite tecnocrática manifestó, abrieron una veta a la impunidad en las comunidades y pueblos del país. Guerrero y Chiapas son, entre muchos, los casos más representativos.

El 28 de junio de 1995, en las afueras de la comunidad Aguas Blancas, en el municipio Coyuca de Benítez, fueron emboscados campesinos de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS). Un grupo de 200 policías estatales acribilló al contingente que se dirigía a Atoyac para manifestarse contra el gobierno de Rubén Figueroa y exigirle el suministro de insumos agrícolas. Murieron 17 hombres y 19 resultaron heridos.

Ese día el gobernador Rubén Figueroa justificó la matanza, pues dijo que existió en el lugar una "actitud violenta" de los campesinos, a pesar de que un mes antes había hablado con los representantes de la OCSS "para instarlos a que nos permitieran servirlos y ayudarlos como lo hemos estado haciendo en esta región".

Los campesinos sobrevivientes negaron que sus compañeros hubieran atacado a los policías. Y la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez, aseguró que el gobernador Figueroa "anunció" la represión.

El 4 de julio, el presidente Ernesto Zedillo dijo que existían indicios de que detrás de los hechos criminales registrados en el país "hay un propósito común de desestabilización social".

La referencia presidencial de los hechos ocurridos en Aguas Blancas fue mínima. La matanza de 17 campesinos, dijo, "es un agravio para los mexicanos".

Meses después, la CNDH recomendó la destitución de funcionarios del gobierno del estado de Guerrero. El 15 de agosto Rubén Figueroa destituyó a siete miembros de su gabinete, entre ellos a José Rubén Robles Catalán, quien fungía como secretario de Gobierno, para responder a la recomendación de la comisión.

El 20 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que los funcionarios figueroistas "actuaron bajo la consigna del gobernador". Y hubieron de pasar cinco meses para que el entonces presidente de la CNDH, Jorge Madrazo Cuéllar, expresara que la actitud de las guardias blancas "es un fenómeno que se presenta con la contemplación de la autoridad que es por lo menos sumisa o tolerante".

Un mes después el periodista Ricardo Rocha presentó un video a la opinión pública que demostró que los campesinos asesinados iban desarmados. Aquella revelación desencadenó que Rubén Figueroa solicitara licencia definitiva para separarse de la gubernatura de Guerrero.

La investigación prosiguió y los ministros Juventino Castro y Humberto Román concluyeron que Rubén Figueroa "es responsable, con otros siete ex funcionarios de su gobierno, de violar las garantías individuales, manipular, engañar y ocultar información".

El informe de los representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue enviado al Congreso de la Unión, a la PGR y al presidente Zedillo para que tomaran medidas competentes.

Ni Zedillo, ni el Congreso, y mucho menos la PGR actuaron.

El 23 de diciembre de 1997, ocurrió una matanza sin precedente en la historia de las luchas agrarias en el país durante la segunda mitad del siglo XX. Fue el aniquilamiento de una comunidad con propósitos de escarmiento y terror: 45 mujeres y hombres fueron asesinados en el interior de una ermita por un grupo de paramilitares.

El mismo día, el presidente Ernesto Zedillo dio un mensaje a la nación: "nada justifica este cruel, absurdo, inaceptable acto criminal. Quienes han participado en la planeación y ejecución de este crimen deben recibir todo el peso de la ley, con independencia de su condición social, política o religiosa. Ya nada puede justificar la atrocidad que han cometido".

"En consecuencia, he instruido al procurador general de la República para que la investigación y la persecución de los delitos cometidos se atraigan a la competencia federal. He ordenado que no se escatime recurso alguno para lograr la identificación y el castigo de los culpables de este crimen."

También el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, emitió la postura del ministerio del interior mexicano: "¡ni por omisión se puede involucrar al gobierno federal!"

En su trabajo de auscultador judicial del gobierno federal, y a unos cuantos días de haber ocurrido la masacre, el procurador Jorge Madrazo Cuéllar determinó la que sería la tesis final de las pesquisas: "se trata de conflictos que pueden caracterizarse válidamente como intercomunitarios e incluso interfamiliares, dentro del contexto de disputa constante por el poder político y económico".

Una vez más, el primero de enero de 1998, Jorge Madrazo, quien como presidente de la CNDH no dudaba en caracterizar a los grupos armados como guardias blancas, insistió en su tesis: "fue un conflicto intercomunitario".

El 10 de junio de 1998, paradójicamente, mil elementos del Ejército Mexicano, apoyados por policías judiciales federales y estatales, se internaron en el municipio autónomo El Bosque, en Chiapas. Se trataba, expresaron las voces oficiales, de una persecución contra presuntos miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que "asolaban a los habitantes de la región". Los indígenas del lugar rechazaron la incursión militar y tras un enfrentamiento murieron ocho campesinos.

Dos días después, durante una gira de trabajo por el estado de Chiapas, el presidente Ernesto Zedillo justificó el operativo en El Bosque, porque el gobierno, dijo, tiene la obligación de perseguir todo crimen, incluso si se comete esgrimiendo las siglas del EZLN.

"La ley para la reconciliación en Chiapas no condona la comisión de asesinatos o el uso de armas prohibidas. Debemos evitar a toda costa que acaben imponiéndose los más radicales de cada lado, los extremistas de cada lado que sólo conciben la solución como la destrucción de quienes no piensan como ellos".

Y como adelanto de lo que no cumpliría, dijo: "la posición del gobierno será la de proponer y procurar el diálogo y la mantendré cada día de mi mandato".