REPORTAJE

Timothy McVeigh, "preparado para morir", dicen sus abogados

La pena capital y el alma estadunidense

El novelista Gore Vidal, quien estará presente en la ejecución de McVeigh como invitado suyo, justifica la decisión de éste, aunque desaprueba el asesinato de tanta gente inocente: "Sus razones se basan en un sentido de la justicia. Su argumento es válido: no se puede enviar a la FBI a matar mujeres y niños", dice Vidal en referencia al asalto a los davidianos en Waco, Texas

ROBERTO GARZA ITURBIDE ESPECIAL PARA LA JORNADA

Treinta y tres personas han sido muertas bajo la pena capital en lo que va del año en Estados Unidos. El pasado 29 de mayo se consumó la ejecución 716 desde que se reinstaló la pena de muerte en 1976. Más de 80 por ciento (583) del total se han llevado a cabo en la región sur; 328 se efectuaron en Texas y Virginia. De los 38 estados que la aplican, Texas encabeza la lista con 246 ejecuciones, y a la fecha tiene 453 convictos en el corredor de la muerte.

Bochornosa incompetencia judicial

Hace casi un mes, el viernes 11 de mayo, tras conocerse que la FBI había mantenido "accidentalmente ocultos" más de 4 mil documentos relativos al caso, un avergonzado John Ashcroft, fiscal general de Estados Unidos, se vio obligado a posponer la muerte por inyección letal del ex soldado Timothy McVeigh, autor del atentado terrorista que cobró la vida de 168 personas en el edificio federal Alfred P. Murrah de la ciudad de Oklahoma, en abril de 1995.

Pese a la aún inexplicada conducta de la FBI, el jueves pasado un tribunal federal del estado de Colorado rechazó la solicitud de McVeigh para el aplazamiento de su ejecución, lo que reafirma que en las primeras horas de mañana será muerto en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Tras el fallo, los abogados del condenado dijeron que su defendido asume la decisión y que está "preparado para morir".

Desde 1963, año en que fue colgado Víctor Feguer en la prisión estatal de Iowa por secuestro y homicidio, el gobierno de Estados Unidos no ha realizado ninguna ejecución del orden federal. De los 20 sentenciados por el gobierno estadunidense -el total de reos en lista de espera, incluyendo a los condenados por los gobiernos estatales, es de 3 mil 711- que esperan en el corredor de la muerte, 16 son negros, hispánicos o de alguna otra minoría, incluido Juan Raúl Garza, traficante de mariguana confeso de origen mexicano, sentenciado por asesinato en 1991, cuya ejecución está programada para el 19 de junio.

En el ámbito estatal, el miércoles un jurado de Tampa, Florida, dictó un veredicto de no culpabilidad en el proceso seguido contra el español José Joaquín Martínez, acusado de un doble asesinato por el que en 1997 otro jurado lo había condenado a muerte. El veredicto dejó al descubierto las anomalías del primer juicio: el forense falseó la fecha de la muerte por presiones del policía que investigaba el crimen; el video que resultó fundamental para condenarlo fue anulado como prueba, y se descubrió que no había rastros de ADN del acusado en el lugar del crimen.

Los traspiés en estos procesos, aunados al número de sentenciados que pertenecen a alguna minoría racial, han vuelto a poner de relieve los defectos del sistema judicial de este país y los graves perjuicios que éstos pueden causar, así como la vigencia del nacionalismo radical y las consecuentes políticas de exclusión y racismo que imperan en diversos sectores de la sociedad estadunidense. Las imperfecciones de toda maquinaria judicial, susceptible de discrecionalidad y errores humanos, son muestras de lo cuestionable que puede ser la pena de muerte como solución.

McVeigh: el vengador solitario

Timothy McVeigh justifica el atentado de Oklahoma como una venganza contra el gobierno de Estados Unidos por la manera en que la FBI resolvió en abril de 1993 el conflicto con la secta davidiana atrincherada en una finca de Waco, Texas, y por la muerte de la esposa y el hijo del comerciante de armas Randy Weaver a manos de un francotirador de la FBI durante una operación en Ruby Ridge, Idaho, en 1992. Según McVeigh, aquellas operaciones pusieron en evidencia el "desprecio del gobierno hacia los ciudadanos", y decidió ajustar cuentas colocando una bomba en un edificio público. "Comprendo lo que sienten en Oklahoma City, pero no tengo la menor simpatía por ellos ni el menor remordimiento por mis acciones", dice McVeigh en American Terrorist, un libro sobre su caso escrito por los periodistas estadunidenses Lou Michel y Dan Herbeck.

Los biógrafos del sentenciado lo describen como un fanático beligerante de ultraderecha que detesta al gobierno federal por haber arrebatado las libertades de los individuos y las comunidades locales, convencido de la existencia de una conspiración internacional dirigida por los judíos y la ONU.

De acuerdo con testimonios de familiares y vecinos de la infancia, a los 14 años McVeigh se consideraba a sí mismo como un "sobreviviente": almacenaba alimentos, equipo de campamento y armas "en caso de un ataque nuclear o una invasión comunista", y solía defender a su país con un bien construido discurso patriótico.

En 1988, a los 20 años, ingresó a las filas del ejército. Para entonces, cuenta su compañero de habitación en el ejército Dave Dilly al Washington Post, "las prevenciones (de McVeigh) ante un desastre atómico o el ataque soviético eran obsesivas". Dilly recuerda que McVeigh rentaba un locker donde almacenaba alimento militar -comida preparada-, armas y 380 litros de agua, y que en su tiempo libre solía comprar armas, leer revistas de supervivencia y ver videos como Red Dawn (Rojo amanecer), ficción sobre un grupo de jóvenes estudiantes occidentales que derrotan al ejército soviético.

Como soldado, McVeigh dejó de ser un simple aficionado a las armas para convertirse en un fanático de la guerra. Su mayor aspiración era ser un boina verde -grupo de elite de las Fuerzas Especiales surgido en la guerra de Vietnam y glorificado por Sylvester Stallone en Rambo?. A finales de 1990 tuvo que posponer las pruebas para ser un "supersoldado" debido a un llamado para combatir en la Guerra del Golfo. A su regreso, en 1991, a pesar de haber sido condecorado con la Estrella de Bronce y la codiciada insignia de Infantería en Combate, McVeigh, decepcionado de las políticas militares del gobierno y las fuerzas armadas, abandonó el ejército -aunque nunca se deshizo del uniforme militar- para sumarse a las listas del desempleo. Viajó de un lado a otro de su país, subsistiendo del comercio de armas.

Las investigaciones federales apuntan a que el desprecio de McVeigh por el gobierno de Estados Unidos se fue incrementando gradualmente desde que dejó el ejército. En una carta que envió en abril a la cadena Fox News, reveló que "había considerado asesinar a la entonces fiscal general Janet Reno antes del atentado en Oklahoma". McVeigh la odiaba por haber dado la orden a la FBI de liquidar a la secta davidiana encabezada por David Koresh en 1993.

Su fanatismo por las armas lo llevó a involucrarse con organizaciones de extrema derecha como Alianza Nacional, fundada en los sesenta y lidereada por el neonazi William L. Pierce, también autor del libro The Turner Diaries -lectura recurrente de McVeigh, junto con Los protocolos de los sabios de Sión-, publicado entre 1975 y 1978 como parte de una serie titulada ¡Attack! Esta novela narra los diarios de Earl Turner, ingeniero de 35 años que se convirtió en héroe de la "Gran Revolución" en Estados Unidos, orquestada por una guerrilla neonazi llamada La Organización, brazo armado del grupo cuasi-religioso La Orden.

A la luz de los hechos, diversos analistas del caso afirman que McVeigh se inspiró en un pasaje de The Turner Diaries para cometer el atentado en Oklahoma. Utilizó una camioneta pick-up cargada de fertilizante de nitrato de amonio como explosivo, sistema de destrucción descrito con precisión en el libro, en un pasaje que reseña un atentado con bomba en el edificio central de la FBI. A este libro también se atribuye la aparición en los ochenta del grupo racista identificado como La Orden, que, por cierto, se mantiene operando en el Sur de Estados Unidos.

Hace unas semanas se supo que el destacado novelista Gore Vidal, autor de una biografía de Abraham Lincoln, aceptó la invitación de McVeigh para ocupar uno de los asientos en el patíbulo y presenciar la ejecución -independientemente del aplazamiento de la fecha-. El escritor de 77 años declaró que en una de las cartas que le escribió recientemente a McVeigh -han mantenido una correspondencia fluida en los últimos meses- le dijo que "sería un héroe nacional si hubiera puesto la bomba en el cuartel general de la FBI cuando no hubiera nadie adentro". Vidal justifica la decisión de McVeigh, aunque desaprueba el asesinato de tanta gente inocente: "Sus razones (de McVeigh) se basan en un sentido de la justicia. Su argumento es válido: no se puede enviar a la FBI a matar mujeres y niños", dice Vidal, con referencia al asalto a los davidianos en Waco, Texas.

La relación entre McVeigh y Gore Vidal surgió a raíz de que el sentenciado leyó un artículo en el que el escritor afirma que los mecanismos gubernamentales acaban poco a poco con los derechos fundamentales del ciudadano. El novelista tiene planeado escribir un artículo sobre la ejecución en la revista Vanity Fair y el guión de una película basada en la vida de McVeigh.

Los otros cuatro invitados -tiene derecho a cinco lugares- de McVeigh a presenciar su muerte son: el reportero Lou Michel, del Buffalo News y coautor de American Terrorist; sus abogados Robert Nigh Jr. y Nathan Chambers, y Cate McCauley, investigadora que concluyó que McVeigh y sus cómplices Terry Nichols y Michael Fortier fueron los únicos conspiradores detrás del atentado de 1995.

Tras el espectáculo de morbosidad montado por los medios de comunicación en Estados Unidos, diversas organizaciones de la extrema derecha de ese país -como el famoso Ku Klux Klan- se han manifestado, más que en contra de la ejecución de McVeigh, en favor de los derechos a comprar y portar armas de fuego, las políticas de no integración para los inmigrantes -incluida la prohibición de matrimonios interraciales-, y en defensa de la religión evangélica -principalmente en la región sur-, posturas que, en su mayoría, son ampliamente respaldadas por el gobierno conservador del presidente George W. Bush.

Una historia de crimen y castigo

La pena de muerte llegó a Estados Unidos con los primeros pobladores europeos, principalmente con los británicos, quienes la aplicaban desde el siglo X. La primera ejecución que se tiene registrada en las colonias fue la del capitán George Kendall en 1608, en Virginia. Kendall fue condenado por ser espía de España. En 1612, el gobernador de Virginia, sir Thomas Dale, promulgó las leyes Divinas, Morales y Maritales, que consideraban la pena de muerte hasta por delitos menores como el robo de uvas, la matanza de gallinas y el comercio con los indios. La colonia de Nueva York instituyó las Leyes de Duke de 1665, en las cuales la desobediencia a la autoridad paterna y materna, y la negación del true God (Dios verdadero) eran delitos merecedores de la pena capital.

El primer intento de reforma a la pena de muerte en Estados Unidos lo encabezó Thomas Jefferson (1743-1826) cuando, siendo legislador en Virginia, presentó un proyecto para modificar la ley en ese estado. Jefferson -quien sería presidente en el periodo 1801-1809-  propuso que la pena capital fuera aplicada sólo en casos de asesinato y traición. El proyecto fue rechazado por diferencia de un voto.

Hacia finales del siglo XVIII el doctor Benjamin Rush (1745-1813), con el apoyo de Benjamin Franklin (1706-1790) y del fiscal William Bradfor, logró que Pennsylvania fuera el primer estado en considerar diferentes grados de asesinato con base en la culpabilidad, y para 1834 se convirtió en el primer estado que dejó de ejecutar a los penados en público. Durante la primera mitad del siglo XIX algunos estados redujeron el número de crímenes con castigo capital y se construyeron penitenciarías estatales. En 1846, Michigan abolió la pena de muerte excepto por traición. Poco después, Rhode Island y Wisconsin la abolieron por completo.

Salvo estos casos, la mayoría de los estados mantuvieron la pena capital e incluso, en algunos estados del Sur, aumentaron los crímenes merecedores del castigo, sobre todo cuando la ofensa era cometida por un esclavo. Durante la Guerra Civil, los opositores a la pena de muerte perdieron fuerza, ya que la atención se fijó en el movimiento antiesclavista. Una vez finalizada la guerra, las ejecuciones emergieron con mayor fuerza. Apareció la silla eléctrica. La primera fue construida en Nueva York en 1888; dos años después William Kemmler se convirtió en la primera víctima de esta máquina mortal.

De 1907 a 1917, seis estados eliminaron por completo las ejecuciones y otros tres limitaron el castigo a crímenes por traición y asesinato en primer grado. Sin embargo, estas reformas tuvieron una vida fugaz debido, principalmente, al ambiente de pánico en torno a una revolución socialista inspirada en la Revolución Rusa, y a la inclusión de Estados Unidos en la primera Guerra Mundial. Como resultado, cinco de los seis estados abolicionistas reinstalaron la pena capital en 1920.

En 1924 se comenzó a utilizar el gas cianuro en Nevada, bajo el argumento de que se trataba de un método "más humano" para matar. Gee Jon fue la primera víctima del gas letal. Durante los treinta, la época de la Gran Depresión, se registró el mayor número de ejecuciones en Estados Unidos: un promedio de 167 por año. En los cuarenta el promedio de ejecuciones por año se redujo a 128; de 1950 a 1959 fueron muertos 715, y la tendencia continuó a la baja con un total de 191 entre 1960 y 1976.

Abolición y marcha atrás

A pesar de que muchos países , inspirados en la proclama del "derecho a vivir" contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, abolieron por completo la pena de muerte, Estados Unidos mantuvo esta política. Pero el debate sobre la abolición ya estaba en la mesa de los foros internacionales. Como consecuencia, en 1972 la Corte Suprema invalidó 40 estatutos de la pena de muerte, con lo que se retiró la sentencia de 629 condenados en todo el país. El gobierno ordenó a los estados el alto a las ejecuciones. A pesar de que las reformas tuvieron carácter federal, la mayoría de los estados realizaron las reformas necesarias para seguir ejecutando presos y en 1976 la Corte Suprema declaró la reanudación.

Oklahoma fue el primer estado en adoptar la inyección letal como método de ejecución en 1977, aunque fue en 1982, en Texas, cuando se aplicó por primera vez, a Charles Brooks, acusado de secuestro y asesinato.

En 1988, se incluyó un nuevo estatuto federal que considera la pena capital en caso de tráfico de drogas. Desde entonces, seis personas han sido sentenciadas a muerte por este crimen, aunque a la fecha ninguna ha sido ejecutada.

En 1994 el presidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Control del Crimen Violento y Aplicación de la Ley (Violent Crime Control and Law Enforcement Act), que amplía la pena de muerte federal a 60 crímenes, de los cuales tres no involucran el asesinato. Estas excepciones son: espionaje, traición y tráfico de drogas en grandes cantidades. Dos años después, a raíz de la bomba en Oklahoma, Clinton firmó el Estatuto Antiterrorismo y de Pena de Muerte Efectiva (Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act), con aplicación federal y estatal, con lo que limitó los derechos de defensa de los sentenciados y, en consecuencia, incrementó las posibilidades de ejecuciones de personas inocentes.

El presidente George W. Bush, al igual que el fiscal general John Ashcroft, representante del ala más conservadora del Partido Republicano, son firmes promotores de la pena de muerte y, según consta en los datos oficiales, de la aplicación discrecional de esta medida irreversible. Basta recordar que durante el mandato de Bush en Texas fueron ejecutadas más de 150 personas.

Condena selectiva

Según datos del Departamento de Justicia Criminal del estado de Texas, de los 453 convictos que actualmente esperan en el corredor de la muerte, poco más de 65 por ciento son negros o hispánicos. Datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte indican que 83 por ciento de los casos de pena de muerte en el país implican víctimas blancas. Los ejecutados negros por ataque a víctimas blancas superan en 16 a uno a los ejecutados blancos por ataque a víctima negra. De los más de 240 convictos que el condado de Harris, Texas, ha enviado al corredor de la muerte, 68 por ciento pertenecen a alguna minoría. Más de la mitad son negros. El 98 por ciento de los fiscales de distrito que son responsables de decidir si se aplica la pena de muerte en Estados Unidos son blancos, solamente uno por ciento son hispánicos.

En los estados del sur, y en general los estados donde se aplica la pena de muerte, se registra el mayor número de asesinatos violentos. En 1997, la sureña fue la única región del país que rebasó la proporción nacional. Mientras la proporción promedio de asesinatos por cada 100 mil habitantes entre los estados con la pena de muerte fue de 6.6, Texas registró 8.4. La media en los estados sin pena de muerte fue de 3.5.

Una encuesta reciente reveló que más de 65 por ciento de los estadunidenses aprueban la pena capital. Con los ideólogos de la derecha que rodean a Bush ?los que toman las "decisiones duras", según escribió Carlos Fuentes en un artículo publicado en el diario El País?, como el secretario de defensa, Donald Rumsfeld; la consejera de seguridad, Condoleezza Rice, o el vicepresidente Dick Cheney, no es de sorprender que el grueso de la sociedad estadunidense avale este tipo de medidas tan cuestionadas por los defensores de los derechos humanos.

El pasado 25 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución presentada por la Unión Europea que solicita a todos los Estados una moratoria en la aplicación de la pena de muerte, como paso previo a su abolición. Estados Unidos, junto con otros 17 países, votó en contra.

Actualmente, más de la mitad de los países del mundo (104) no aplican o han abolido por completo la pena capital. Sin embargo, 91 países la mantienen, incluidos China ?país en el que en un día han llegado a ejecutar a 89 personas?, Irán y Estados Unidos, mismos que registran los niveles más elevados de ejecuciones en los años recientes. Tan sólo en 1999, en Estados Unidos fueron ejecutados 98 seres humanos. Tanto el gobierno federal estadunidense como 38 estados mantienen vigente la sentencia capital.

El sur, un asesino en serie

La cámara de la muerte texana se localiza en la prisión de Huntsville, donde se realizan las ejecuciones desde 1928. El estado adoptó la inyección letal como método en 1977. La solución está compuesta por tiopental sódico (sedante), bromuro de pancuronio (colapsa diafragma y pulmones) y cloruro de potasio (causa paro cardiaco). El efecto tarda aproximadamente siete minutos después de la inyección. En Texas, un caso de pena de muerte cuesta en promedio 2.3 millones de dólares, casi tres veces el costo de encarcelar a alguien en una celda de alta seguridad por 40 años.

Desde el tiempo de las Colonias, el sur ha sido campo fértil para la aplicación de la pena capital. En un artículo publicado recientemente en el Houston Chronicle, Mike Tolson compila diferentes puntos de vista sobre el hecho. Algunos analistas aseguran que tiene que ver con una "experiencia rural-fronteriza prolongada", la derrota en la Guerra Civil, y una siege mentality (mentalidad vengadora, en el sentido figurativo) que los lleva a culpar al otro, esto aunado a un persistente "sentimiento de víctima". Los sureños -escribe Tolson-históricamente han sentido la necesidad de defender la región en contra de ataques externos, ya sea del ejército de la Unión, agitadores, defensores de los derechos civiles, católicos, darwinistas o del mismo gobierno federal, y en no pocas ocasiones lo han hecho mediante el uso de la violencia.

Para los historiadores, no cabe duda sobre la relación entre las tendencias violentas de los sureños y su pasado racista. Una explicación común sobre la aplicación de la pena de muerte en el sur toma como referencia los tiempos de la esclavitud negra, lo que algunos historiadores llaman la "lógica de exclusión".

Tolson hace referencia a un arraigado sentido de "nosotros" en la comunidad sureña, de superiores e inferiores, de amos y esclavos, de patrones y sirvientes, de linchamiento racial. "En el sur no es ninguna proeza ubicar a los criminales, en especial a los asesinos, rateros y secuestradores, en otra categoría de criaturas." En una carta dirigida al Houston Chronicle, un ciudadano expuso que "la aplicación de la pena de muerte es equivalente a la eutanasia a un perro rabioso".

Stephen Klinberg, sociólogo de la Universidad Rice, opina en el artículo referido: "Es parecido a la guerra (...) No puedes ejecutar gente hasta que te convences de que se trata de casi animales, que no son como nosotros".

Para John Boles, profesor de la Universidad Rice, la religión de los sureños tiene mucho que ver. "Los evangélicos del sur tienden a ver las cosas como lo bueno y lo malo, blanco y negro, casi de una manera binaria. Todo radica en la cuestión de salvarse o no. Existen los que no creen y los que se salvan. La gente escoge entre dos opciones totalmente opuestas."

Internet, la única ventana al mundo

Un grupo de activistas canadienses en contra de la pena de muerte ofrece a los condenados la posibilidad de comunicarse con el mundo exterior. La Coalición Canadiense en Contra de la Pena de Muerte (CCADP, por sus siglas en inglés) abrió la página www.ccadp.org para que los condenados cuenten sus historias, se despidan de sus seres queridos, presenten su caso o simplemente escriban lo que sienten. Unos 300 presos estadunidenses que esperan en el corredor de la muerte han hecho uso de este servicio y muchos cuentan ya con su propia página web.

CCADP publicó las fotos de la ejecución en la silla eléctrica de Allen Lee Davis. Al recibir la descarga, Lee Davis se hinchó y la sangre brotó de su nariz. Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo gracias a Internet, lograron que el gobernador de Florida, Jeb Bush, suspendiera temporalmente las ejecuciones, a la espera de determinar si el sufrimiento que padecen antes de morir las personas ejecutadas de esa manera puede ser considerado anticonstitucional.