DOMINGO Ť 10 Ť JUNIO Ť 2001
Antonio Gershenson
Indefiniciones
El documento del Plan Nacional de Desarrollo enviado al Congreso de la Unión no tiene objetivos medibles o cuantificables. No se propone metas precisas a alcanzar. Es más un discurso que un plan. Esta falta de definiciones permite que, en la gira presidencial por varios países de Asia, se hagan planteamientos, por ejemplo sobre Pemex, que son contradictorios entre sí por lo menos en algunos aspectos.
Es muy riesgoso lanzarse a negociaciones internacionales sin un rumbo propio claramente establecido. Es más, en un país como el nuestro, en el que ningún partido tiene mayoría en ninguna de las cámaras federales ni en las legislaturas de muchos estados, ese rumbo debe ser necesariamente consensado. Un verdadero Plan Nacional de Desarrollo debería ser un polo para la construcción de esos consensos. Sólo así el Poder Ejecutivo puede negociar en nombre de todo el país. ƑDe qué serviría un tratado o acuerdo internacional, negociado durante meses o años, al que el Senado le niegue finalmente la ratificación? Además, ni siquiera se llevaron a cabo consultas abiertas como en el pasado, que a pesar de que fueron básicamente ignoradas, por lo menos se cubrió la formalidad de convocarlas y realizarlas.
En el documento al que nos referimos se plantea alcanzar, el año próximo, un acuerdo energético de América del Norte. ƑEn qué debería de consistir ese acuerdo? ƑQué buscaría nuestro país con él, en concreto y no simplemente en términos genéricos? ƑCuál sería la estrategia propia de México en materia energética y en otros campos?
ƑQué es lo que distingue el planteamiento que se haría desde México, del que el gobierno estadunidense ha hecho sobre este acuerdo energético? ƑCómo y cuándo se dará el cambio del régimen fiscal de Pemex para que éste pueda invertir sin caer en endrogamientos cada vez más graves y costosos?
El Congreso de la Unión, con el documento en sus manos, puede remediar estas limitaciones. Puede, y debería, definir un rumbo propio para el país. El Plan Nacional de Desarrollo, una vez aprobado, es obligatorio para el gobierno y para todo el sector público, esto conforme a la Ley de Planeación.
En los hechos, la planeación fue abandonada cada vez más a partir de 1982. Cada vez más, los tecnócratas prefirieron dejar al Estado sólo el equilibrio de algunas variables macroeconómicas, dejando todo lo demás "al mercado". El Congreso puede dar un primer paso en la recuperación del derecho de los mexicanos a definir su propio rumbo económico-social.