Ť Beneplácito del presidente Alfonso Portillo, EU y organismos humanitarios

Condenan a 30 años de prisión a tres militares guatemaltecos por asesinato del obispo Gerardi

Ť Por vez primera miembros del ejército han sido sentenciados por móviles políticos

AFP, DPA, AP Y REUTERS

Guatemala, 8 de junio. Un tribunal guatemalteco condenó hoy a 30 años de prisión a tres militares por el asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi, con lo que se sentó un precedente histórico ya que por primera vez miembros del ejército han sido sentenciados por móviles políticos en Guatemala.

El presidente Alfonso Portillo calificó de "histórica" la sentencia judicial dictada contra los tres militares, así como una condena de 20 años contra un sacerdote implicado, al apuntar que "por primera vez en la historia de Guatemala hay una condena por un crimen político" y que esto es una muestra del avance en materia de justicia y de que el crimen de Gerardi no se iba a quedar en la impunidad.

En términos similares se manifestaron organismos de derechos humanos de Guatemala sobre el hecho de que por primera vez se fundamenta una sentencia en el móvil político y se señala al Estado Mayor Presidencial (EMP) como implicado, en tanto que organismos internacionales destacaron que comienza a romperse la impunidad que siempre había prevalecido.

"El veredicto de culpabilidad es un formidable indicio de que al final la justicia prevalecerá en casos como ese de derechos humanos en Guatemala", expresó a su vez el vocero del Departamento de Estado, Ri-chard Boucher.

El tribunal tercero, integrado por tres jueces, aplicó por unanimidad la condena de 30 años de cárcel por ejecución extrajudicial en grado de coautores al ex coronel Disrael Lima Estrada, de 60 años de edad, su hijo, capitán Byron Lima Oliva, de 31 años, y al ex sargento Obdulio Villanueva, de 36.

Asimismo, fue condenado a 20 años de prisión el sacerdote Mario Orantes, de 38 años, quien fuera cercano colaborador de Gerardi y al que se le imputó el delito de ejecución extrajudicial como cómplice.

En cambio, el tribunal absolvió a la trabajadora doméstica del asesinado obispo, Margarita López, de 61 años, para quien se había pedido tres años de cárcel.

El veredicto asienta que el tribunal halló que "el delito de ejecución extrajudicial se sustenta en el móvil político del crimen porque los procesados conocían y adversaban el informe Recuperación de la memoria histórica trabajado con Gerardi, donde se narran y denuncian las peores violaciones a los derechos humanos" cometidas durante la prolongada guerra interna entre el ejército y las guerrillas de izquierda.

Agrega que "aunque no se determinó la participación directa de los cuatro acusados en el crimen, encuadra como coautoría de los tres militares porque planificaron y contribuyeron a la ejecución con recursos del Estado y la aquiecencia de otras personas que pudieron ser los autores intelectuales".

Por tanto, el tribunal ordenó abrir otro proceso judicial contra otras 13 personas, entre las que se cuentan tres altos mandos del otrora temible EMP, donde laboraban Lima Oliva y Villanueva, al considerar que éstos "podrían haber participado como colaboradores, en la planificación o como autores intelectuales del crimen".

El nuevo proceso debe abrirse contra el ex jefe del EMP, coronel Rudy Pozuelos, y los mayores Andrés Villagrán y Juan Escobar. Asimismo, contra el fotógrafo de la misma institución Darío Morales, el ex jefe de personal y capitán de navío Manuel Fernández, y de otros ocho sujetos entre los que se incluye a otro hijo de Lima Estrada, Luis Lima Oliva, por falso testimonio.

Durante el juicio, iniciado el 23 de marzo, se comprobó que Gerardi era objeto de vigilancia y seguimiento por parte de la inteligencia militar desde 1992 y la intervención de sus teléfonos, según dos testigos que eran especialistas militares, Oscar Chex y Jorge Aguilar, actualmente exiliados.

Del mismo modo se encuentra en el exilio el indigente Rubén Chanax, testigo presencial del asesinato.

En tanto se informaba que los magistrados del caso descartaban salir al exilio tras emitir la condena, la defensa de los tres militares y el sacerdote anunció que apelará el fallo, mientras que los sentenciados lamentaron el fallo, y entre ellos Disrael Lima Estrada dijo que "la lucha" no ha terminado y que como "buen soldado voy a continuar en la batalla".

La embajada estadunidense negó que su gobierno haya presionado ya que sólo asistieron como observadores al proceso judicial, como el resto del cuerpo diplomático.

La Iglesia católica guatemalteca fue cauta al rehusarse a hacer comentarios sobre el veredicto, mientras que los organismos de derechos humanos del país reaccionaron con satisfacción, así como Amnistía Internacional y otros entes humanitarios de Costa Rica, El Salvador y Venezuela, al considerar que se ha dado un "paso gigantesco" en la lucha por poner fin a la impunidad y de cara a otros procesos.