SABADO Ť 9 Ť JUNIO Ť 2001
Alberto J. Olvera
La transición detenida
Los primeros seis meses de gobierno del nuevo régimen se han caracterizado por la parálisis y la confusión políticas. La falta de un pacto de transición ha detenido hasta el momento el inicio de reformas sustantivas en las instituciones y las políticas públicas, dando lugar a un prolongado interregno en el que los actores políticos continúan comportándose como si no hubiera habido un cambio de gobierno, mientras la sociedad observa con cierta exasperación la falta de liderazgo y de programas claros.
El Presidente ha tardado mucho en aprender que una cosa es la popularidad y otra la capacidad de amarrar acuerdos con sus contrincantes políticos. El Presidente no puede pasar por encima de los partidos y del Poder Legislativo apelando a la sociedad. El país no está dispuesto a tolerar el rompimiento de un orden constitucional que precisamente se trata de consolidar y de hacer cumplir. Todavía no se ven los puentes ni los operadores capaces de desarrollar una verdadera labor de comunicación entre un Poder Ejecutivo claramente impreparado para el tamaño de las tareas que tiene por delante y una vieja clase política reacia a admitir que el poder se le ha ido de las manos.
El PRI vive una profunda y tal vez irreversible crisis. Su derrota en Yucatán, su plaza fuerte y sede del cacicazgo político más tradicional del país, es apenas el inicio de una serie de derrotas electorales previsibles en lo que resta del año. La reacción de Dulce María Sauri, amenazando con romper todo diálogo con el gobierno federal e impugnando los resultados de la elección, sólo demuestra la profunda desesperación y completa orfandad del otrora partido oficial. El camino de la confrontación con el gobierno no llevará al PRI a ninguna parte y muy probablemente acelerará sus divisiones internas. La falta de liderazgo en el PRI continuará paralizando las negociaciones con el gobierno federal y obligará a éste a saltarse al partido y buscar sus interlocutores entre los gobernadores priístas y los líderes parlamentarios, fragmentando la negociación y tornándola incierta.
El PRD no sale ni puede salir de su azoro. Dividido internamente en una corriente negociadora que posee formalmente la dirección pero carece de poder real y una corriente radical que no entiende la coyuntura histórica del país pero cuenta con una capacidad efectiva de veto a las iniciativas de la dirección, el PRD tampoco es un actor eficaz de la transición política. En este caso también es probable que el gobierno federal se salte al partido y negocie directamente con sus gobernadores y líderes regionales.
Para complicar más esta coyuntura, las figuras más visibles del PRD continúan reproduciendo la cultura del victimismo y de la supuesta conjura universal contra ellos, la cual "justifica" la ausencia de autocrítica y la incapacidad de diálogo con los otros. La coyuntura que vive el país exige el establecimiento de una relación constructiva entre actores políticos y sociales y los medios de comunicación. Cabe reconocer, empero, que los medios están presos todavía de una cultura de la denuncia dada la ausencia de mecanismos operativos de acceso a la información y la falta de transparencia en el ejercicio de gobierno en todos los niveles.
Mientras tanto, la débil sociedad civil realmente existente encuentra pocas oportunidades para democratizar la vida pública y para establecer una cooperación constructiva con el gobierno. La mayoría de las ONG, por ejemplo, quieren la colaboración pero se topan con una burocracia inexperta y desconfiada que a veces les pide más de lo que pueden dar y en ocasiones les cierra las puertas. Las organizaciones campesinas viven su agonía ante el retiro de los subsidios estatales, el cierre de los antiguos espacios de negociación, la crisis brutal de la mayoría de las ramas agrícolas y la emigración masiva de los campesinos a Estados Unidos y a las maquiladoras del norte. Los sindicatos corporativos tratan simplemente de prolongar lo más posible sus privilegios de grupo mientras que los escasos sindicatos independientes aún no asumen un papel protagónico. Los empresarios, lejos de adoptar una política de modernización de sus relaciones con el gobierno, persisten en la búsqueda de arreglos particulares y la defensa de intereses de grupo, tal como lo hacían en el régimen anterior.
El destino de la transición mexicana a la democracia es incierto dada la notable incapacidad de las elites políticas y la debilidad de la sociedad civil. La única esperanza es que, ante la parálisis, aparezca un brillo de raciocinio en los actores de la política y, por una vez, piensen en el país antes que en sus intereses personales y de grupo.